El caso radica en La Paz. La investigación abarca a cinco expresidentes, dos de ellos ya con imputación.
Archivo Digital. Jaime Barrenechea Piñeiro, expresidente de YPFB.
Página Siete / La Paz
El proceso por el caso petrocontratos II –que radica en La Paz– no debe ser contra particulares, sino contra Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), porque los contratos fueron suscritos entre el Estado y las empresas petroleras, y no así por particulares. Además, en la investigación deben ser incluidos exgerentes de la estatal petrolera.
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Esta opinión fue vertida, por separado, por dos consultores jurídicos (aunque no quisieron dar su nombre) cercanos a dos de los cinco expresidentes de YPFB, dos de ellos recientemente imputados (Carlos Salinas Estenssoro y Arturo Castaños), involucrados en el caso petrocontratos II.
Salinas y Castaños son acusados por los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes por la suscripción irregular de 107 contratos petroleros.
En este caso también están involucrados 40 ejecutivos de empresas petroleras.
Uno de los jurisconsultos explicó que los cinco expresidentes "son personas colectivas, que transitoriamente ejercieron las funciones de presidentes del YPFB”, y que "toda su actuación fue con previo aval y aprobación de sus gerentes y técnicos en el área jurídica”.
"Todos estos contratos han sido suscritos cumpliendo la Ley SAFCO (Ley de Administración y Control Gubernamentales), la misma nos habla del control previo. Los contratos llegaban a presidencia, con todos los informes de recomendación, incluso con la previa aprobación del directorio, que es un órgano colegiado de YPFB. Los informes jurídicos y contables decían que los contratos darían réditos al Estado. Con esa recomendación eran suscritos”, señaló.
Por otra parte, el diputado Felipe Dorado (CN) instó al presidente de YPFB, Carlos Villegas, formalizar su denuncia contra los ejecutivos Marcelo Canseco, Mario Salazar Gonzales y Edwin Aldunate, que ahora son investigados por irregularidades.
"A los del pasado se los procesa, como es el caso de Salinas y Castaños. La justicia debe actuar con estos ejecutivos”, dijo.