Un hecho preocupante es el avasallamiento a la propiedad privada, pues gente interesada en apropiarse de lo ajeno forma grupos para la toma de factorías agrícolas, agropecuarias y minas, recurriendo a la violencia, atemorizando a los genuinos propietarios.
Editorial El Diario
Como no hay una enérgica reacción gubernamental contra este tipo de abusos, se consolidan las enajenaciones, causando grandes daños económicos y otros a los trabajadores y dueños de los bienes ocupados por la fuerza. En reiteradas oportunidades denunciamos y condenamos esas ocupaciones y agresiones porque están en contra de la Constitución Política del Estado y son atentados a la inversión privada. Además se advirtió que los avasallamientos podrían cobrar fuerza y multiplicarse si las autoridades no los frenaban.
Como esas advertencias no fueron tomadas en cuenta oportunamente, hoy existen ocupaciones sin argumentos valederos, las que están empañando la imagen nacional y lo peor es que están ahuyentando a inversores tanto nacionales como extranjeros, porque en Bolivia no existe seguridad jurídica. Lo peor es que las autoridades encargadas de evitar esos delitos optan por ignorarlos. El problema mayúsculo es que los llamados movimientos sociales ven la oportunidad para apropiarse no sólo de lo privado, sino también de tierras fiscales, las que corren el riesgo de ser ocupadas por activistas que quieren apropiarse de lo ajeno, con justificativos como el de no tener un terreno para producir sus alimentos, o no tener vivienda, como los “sin techo”. Otros aducen que las comunidades son propietarias de los recursos naturales, tanto renovables como no renovables, contenidos en sus lugares de origen.
El sector más afectado con las ocupaciones violentas por parte de grupos de campesinos es el de la minería. Alentados y dirigidos por activistas y ex trabajadores, comunarios optan por tomar empresas mineras en plena producción, sin tomar en cuenta el daño que causan porque desaparece o se desmantela maquinaria destinada al trabajo minero. Se apropian de los campamentos mineros como si se tratase de un botín de guerra, lo peor es que proceden a la extracción de mineral sin la técnica requerida, lo que ocasiona que los trabajos realizados por los propietarios queden destruidos y no se dé continuidad a lo planificado, no sólo para mantener y seguir la veta, sino sobre todo para mejorar la producción.
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Los daños a la minería son de millones de dólares, porque además de ser destruidos los trabajos de preparación y explotación minera, únicamente se dedican a explotar lo que ya estaba organizado. Además se procede a la venta del mineral estocado, a comerciantes conocidos como rescatistas, que compran el mineral ajeno para exportarlo como suyo. Entre esas factorías avasalladas están minas cuyas vetas de minerales tienen una ley alta, como son Amayapampa, Himalaya, Lipichi y otras en diferentes regiones del país, sin dejar de mencionar el cerro Posokoni de propiedad de la Corporación Minera de Bolivia, que también estaba dentro de la programación de las tomas, lo que no fue posible por la oportuna reacción de los mineros de COMIBOL, que repelieron la ocupación pretendida por cooperativistas mineros y comunarios del lugar.
En los últimos días los trabajadores de la mina Himalaya tomaron la entrada principal del Palacio de Comunicaciones para protestar y denunciar el avasallamiento de su fuente de trabajo por comunarios del lugar, que se produjo hace dos años, sin que las autoridades devuelvan a sus legítimos propietarios la factoría minera. Por efecto de ese avasallamiento se registra una pérdida de medio millón de dólares, porque la mina dejó de operar. Lo preocupante es que está en peligro la inversión realizada y que supera los 9 millones de dólares. En similar situación se encuentran otras empresas que no saben a dónde acudir para denunciar y recuperar sus propiedades.
Lo mismo ocurrió con empresas agroindustriales, aserraderos, granjas agrícolas, los que resultaron destruidos con el paso del tiempo, porque los avasalladores únicamente coparon las instalaciones para apropiarse de lo existente, incluso ganado y maquinaria especial. Ahora sólo se observa ruinas, el deterioro del terreno y de las plantaciones y sembradíos, porque debido a la falta de cuidado desaparecieron los sistemas de riego. El Ejecutivo debe asumir medidas para impedir agresiones a la propiedad privada y defender a miles de obreros que quedan cesantes por la destrucción de sus fuentes de empleo. Preocupa que gente del Gobierno permita esos abusos que no sólo afectan a empresarios y trabajadores, sino que deterioran la imagen del país, porque se demuestra que en Bolivia no hay seguridad jurídica, por lo que los inversionistas y empresarios interesados en invertir en el país optan por ir a países donde sí se les brinde garantías.