No contentos con haberse alzado en armas en plena democracia y robado los salarios de la Universidad de San Simón (entre muchos otros desmanes cometidos), los ex integrantes de la banda terrorista del EGTK buscan ahora una “indemnización” del Estado boliviano por su detención y encarcelamiento.
El panorama empeora al constatar que la gran mayoría de ese grupo se encuentra en el poder, comenzando por el vicepresidente Álvaro García Linera y continuando por su hermano Raúl, además de Juan Carlos Pinto, hombre clave en el Órgano Electoral, junto a otros personajes incluidos en la nómina del Ministerio de Gobierno.
De lo cual surge un posible conflicto de intereses, dado que quienes enjuician al Estado son precisamente quienes llevan las riendas del mismo.
La rosca del EGTK no solo se ha enquistado en la administración pública, sino que ahora va también tras los fondos estatales por la vía judicial.
La ironía es que, mientras denuestan al Sistema Interamericano de Derechos Humanos cuando atiende a los indígenas abusados por su gobierno en Chaparina, descalificando a la CIDH como “proimperialista”, es justamente ante ese espacio institucional que plantean su demanda, actualmente en fase de “resolución amistosa”.
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Para colmo de males, se trata del ala más radical o “jacobina” (según su auto-definición) del Movimiento Al Socialismo, esto es, uno de los grupos más proactivos en la destrucción de la democracia liberal y su sustitución por un orden neo-autoritario disfrazado de “democracia comunitaria”…