La Gobernación de Santa Cruz restituyó en su fuente laboral a tres funcionarias. Samuel declaró ayer en calidad de testigo.
Doria Medina declaró ayer.
El despido de cuatro funcionarias de la Gobernación cruceña enfría aún más la relación política que mantenían los líderes de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, y Rubén Costas, por los demócratas.
La señal más clara de ese distanciamiento se emitió cuando se hizo pública la demanda legal que presentaron Maribel Ortiz, Mariela Romero, Venancia Callejas e Ivoneth Ayreyu, supuestas militantes de UN que fueron despedidas de la Gobernación y que recurrieron a la justicia para exigir su reincorporación, aduciendo que no ocupan cargos políticos.
De las cuatro mujeres despedidas la semana pasada, tres recibieron el lunes otro memorando en el que se instruye su reincorporación, explicó el abogado Roberto Parada, representante de Romero, Callejas y Ortiz.
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Precisamente por ese proceso, Doria Medina acudió ayer a la Fiscalía del distrito 5 para declarar en calidad de testigo y antes de dar su versión, recomendó al gobernador valorar la meritocracia y no la militancia.
“No creemos que todos los militantes de UN deben tener trabajo por su militancia”, dijo Samuel, y advirtió que si no hay voluntad en la dirigencia, difícilmente se sellará una alianza con los demócratas para encarar los comicios.
Por su lado, el secretario de Gobierno de la Gobernación, Vladimir Peña, descartó que sea una represalia los despidos, sino que obedeció a que feneció el contrato de algunas funcionarias. Sin embargo, aclaró que ese hecho no es motivo para romper la relación Costas-Doria Medina.
EL DEBER, Santa Cruz