El 54% de los ahorros de los trabajadores está invertido en el sector privado financiero, según el informe de la Rendición Pública de Cuentas Inicial 2024 de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo (Gestora) publicado el viernes.

El monto alcanzado a esa fecha fue de Bs 179.582 millones, lo que significa que se invirtieron unos Bs 96.974 millones en ese ámbito.

El documento también muestra otros tres ámbitos en lo que la administradora estatal invirtió esos recursos. En el sector estatal se invirtió el 31% (Bs 55.670 millones); en el privado no financiero, 13% (Bs 26.345 millones) y en el estatal extranjero, 2% (Bs 3.591 millones).

Asimismo, incluye un cuadro en el que se detalla la cartera de inversiones así como una lista de 15 destinos de los Bs 179.582 millones administrados por la Gestora.

Se destinaron Bs 90.599 millones (50,45%) a Depósitos a Plazo Fijo (DPF); Bs 48.864 millones (27,21%) a la compra de Bonos del Tesoro (BTS); en el caso de las Cuotas de Fondos Cerrados (CFC), la inversión alcanzó a Bs 15.551 millones (8,66%) de los recursos al 30 de abril de este año. (Ver cuadro).

En menor porcentaje, la Gestora también realizó inversiones, todas a través de la Bolsa de Valores, en Bonos Bancarios Bursátiles (BBB), Bonos de Largo Plazo (BLP) y Cupones (CUP), entre otros.

El rendimiento de esos recursos, a abril de este año, alcanzó el 4,11%, según informó el gerente general de la Gestora Pública en el acto de rendición pública de cuentas del viernes, en La Paz.

“Esta estructura es similar a las que dejaron las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Conforme información publicada por la Autoridad de Fiscalización de Pensiones y Seguros (APS), al 30 de abril de 2023, que fue el último cierre de mes administrado por las AFP, el Valor de los Fondos del SIP ascendía a Bs 168.329 millones”, respondió la Gestora ante una consulta de La Razón.

“En algún momento se nos ha indicado que, con la (implementación) de la Gestora, todo se iba a invertir en el sector estatal, pero eso es totalmente falso. Hemos estado invirtiendo en ese sector, pero estableciendo un equilibrio para que los recursos puedan rendir lo que se necesita”, aclaró el gerente general de la Gestora, Jaime Durán.

Asimismo, explicó que la entidad estatal recibió de manos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) una Cartera de Inversiones de Bs 164.969 millones ($us 24.048 millones) que se incrementó a 179.582 millones ($us 26.178 millones), lo que representa un aumento de Bs 14.613 millones. “Es decir que, durante la administración de la Gestora, los fondos han crecido en $us 2.130 millones”, destacó.

El titular de la gestora también destacó el crecimiento de los aportes para la jubilación que, a un año de gestión, tuvo un crecimiento de Bs 41.620 millones, lo que significa un incremento de 3,5%.

Explicó que fueron incorporados 116.545 nuevos afiliados, entre trabajadores dependientes, independientes y consultores, por lo que el universo alcanzó un total de 2.690.397. En cuanto a los empleadores, la Gestora registró a 46.575.

“Es importante decir que los fondos, cada vez, están creciendo más. Por un lado, las inversiones y (por otro) que estamos ampliando la base de gente que está aportando y eso hace crecer los fondos y eso permite que más personas puedan acceder a la jubilación”, relievó Durán.

Pero existen factores que “contribuyeron” a que más personas naturales y empresas formen parte de la Gestora. Por ejemplo, entre los beneficios que ahora tienen los jubilados y los derechohabientes es el cobro de sus rentas mensuales a través de 39 entidades financieras que realizan el pago y el pago anticipado para todos los beneficiarios, que normalmente se realiza el último día de cada mes y no el primero, como se acostumbraba

A diferencia de las AFP, la Gestora Pública dejó de cobrar una comisión del 1,31% por la administración de los ahorros de los trabajadores. Esa eliminación, según explicó Durán, representaba un costo aproximado de Bs 9 millones mensuales y Bs 90 millones anuales.

La Razón consultó a algunos jubilados respecto de si conoce o no que la Gestora invierte los aportes de los trabajadores y consideran “justo” que el rendimiento positivo debiera ser “redistribuido entre los rentistas”.

“Finalmente, es el aporte de todos los jubilados lo que se invierte, lo correcto sería que, al existir un incremento, una utilidad que también se refleje en nuestras rentas”, dijo Rocío S., trabajadora jubilada de La Paz.

Indicó que su renta mensual es un poco más de Bs 3.200 y que tuvo incrementos Bs 0,50 y Bs 0,80 en anteriores gestiones.

Por otra parte, Roberto G., también jubilado de La Paz, dijo que no tiene conocimiento de las inversiones que realiza la Gestora, sin embargo, destacó que existan medidas que “hacen más fácil el cobro”.

Explicó que él recibe su pago mensual a través de la modalidad de abono en cuenta, opción que calificó como “segura”. “Además, nos pagan un día antes que termine el mes, entonces, en mi caso, me permite distribuir y programar mejor mis gastos”, celebró.

Uno de los objetivos de la Gestora, dijo Durán, es “animar” a los trabajadores independientes a que realicen sus aportes en esa entidad, “porque hay beneficios” como la edad de jubilación y los la cantidad de cuotas.

Invitó a ese sector a informarse sobre los beneficios que brinda la Gestora Pública.

En un año, la renta dignidad alcanzó a 1,17 MM de personas

Entre abril de 2023 y abril de 2024, 1.171.000 personas mayores de 60 años cobraron la Renta Dignidad en todo el país, según la Rendición Pública de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo (Gestora).

El documento que contiene esa información fue publicado por la entidad estatal que comparó la cifra con abril de 2023. La diferencia entre ambas gestiones da un incremento de 41.620 beneficiarios.

El pago mensual de este beneficio para las personas que no tienen una pensión de jubilación es de Bs 4.550 (incluido el aguinaldo), a razón de un pago mensual de Bs 350. Ahora, para las personas que tienen una renta, el pago mensual, incluido el aguinaldo, es de Bs 3.900. Cada pago mensual es de Bs 300.

“Hay personas que prefieren acumular hasta seis meses antes de cobrar”, explicó el gerente general de la Gestora Pública, Jaime Durán.

El mismo informe da cuenta que hasta abril de este año, la Gestora realizó 10.249 pagos por gastos funerales, esa cifra refleja una reducción de 234 pagos respecto de 2023.

En este caso el pago de Bs 1.800 por una sola vez, que puede solicitarse ante el fallecimiento de una persona beneficiaria de la Renta Dignidad.

La Razón consultó a la Gestora sobre cuál es la cantidad de personas que accedieron a esos beneficios y la distribución por departamentos, pero la respuesta contiene los datos hasta marzo de este año.

Así, se conoció que 1.229.439 personas fueron las beneficiarias. De ese total, el 31% se pagó en el departamento de La Paz, el 20% en Santa Cruz, el 18% en Cochabamba, 6% en Chuquisaca, 6% en Oruro, 9% en Potosí y el 6%, 4% y 1%, en Tarija, Beni y Pando, respectivamente.

Desde que la Gestora asumió la administración plena de los fondos, hubo un incremento de 17% en la cantidad de beneficiarios de la Renta Dignidad y de los gastos funerales.