El fiscal Marco Antonio Rodríguez afirmó que el proceso continuará porque no hay obstáculos legales. En la etapa de prueba, los defensores pueden hacer objeciones.
Familiares de las juezas ciudadanas del caso Rózsa, Anastasia Calisaya y Sonia Mamani, denuncian que éstas sufren presiones, después de haberse allanado a la recusación interpuesta por el defensor de Ignacio Villa Vargas.
Hace más de tres años, que Calisaya y Mamani fueron designadas juezas ciudadanas de este proceso penal y dirigen el tribunal junto con los jueces técnicos Sixto Fernández y Elena Gemio. Sin embargo, decidieron alejarse del proceso el viernes pasado por las denuncias que presentó el abogado Guido Colque, defensor de Villa Vargas, por una supuesta relación de las autoridades judiciales con el Gobierno.
Familiares de ambas juezas, quienes solicitaron mantener sus identidades en reserva por razones de seguridad, afirmaron que desde el viernes, cuando aceptaron la recusación, han recibido llamadas constantes de diferentes autoridades del Poder Ejecutivo para que continúen en el proceso, que tiene a 39 acusados de terrorismo.
Uno de los familiares afirmó que ellas "reciben al día de tres a cinco llamadas para reunirse con asesores y otras autoridades de Gobierno. Les solicitan que rechacen la recusación para continuar en el caso. Pero otros dicen que si continúan, se les seguirá un proceso por prevaricato, todo esto se ha complicado con la huida del exfiscal Marcelo Soza".
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Otro de los familiares afirmó que una de las juezas ha sufrido una crisis nerviosa por la presión que ha vivido en los últimos 12 meses, en los que “siempre han estado bajo vigilancia”.
Proceso. Entretanto el fiscal Marco Antonio Rodríguez, miembro de la comisión que investiga las actividades de Rózsa en el país, afirmó que el proceso continuará cuando se subsane la presencia de los jueces ciudadanos.
El juez Sixto Fernández hizo la consulta respectiva ante el Tribunal Supremo de Justicia.
Remarcó que el proceso ya no tiene obstáculo legal alguno para su desarrollo y espera que hasta fines de año, concluya el proceso con una sentencia contra los culpables del caso de separatismo.
El fiscal Rodríguez explicó que un proceso se extingue por dos motivos, por duración máxima del proceso, por la muerte del o los imputados, reparación del daño cuando hay rechazo o cuando el delito en cuestión prescriba.
“No hay mecanismos para que el caso se extinga. En la producción de las pruebas, la defensa podrá interponer algún incidente, entre tanto el proceso no se ha caído y no hay motivo para su extinción”.
El Minsitro de Gobierno Carlos Romero denunció que Soza se aprovechó de su cargo. Carlos Romero, ministro de Gobierno, en conferencia de prensa, ayer, denunció que el exfiscal Marcelo Soza se aprovechó de su cargo de investigador del caso Rózsa “para llenar sus bolsillos” al extorsionar a los acusados. Dijo que el abogado, que se encuentra en Brasil refugiado, sacó provecho de los incidentes presentados por los inculpados para extorsionarlos.
"El señor Soza era el fiscal que supuestamente montó el caso, era el fiscal abusivo, que abusaba de su poder para supuestamente llevar adelante un proceso que rechazaban los acusados, pero en realidad, podemos decir que hubo una suerte de complicidad; probablemente el fiscal Soza se prestaba a la dilación del proceso por años. Le servía para llenar sus bolsillos”.
El Ministro coincidió con el presidente Morales en tildar a Soza de “delincuente confeso”, tras su huida a Brasil.
La Prensa – La Paz