Según una información exclusiva de Infobae, una de estas afiliadas, la Petro Exir Kish Commercial Company, está inscripta desde el 16 de enero de 2017 en el Registro Nacional de la Persona Jurídica de la Receita Federal, la lista en la que figuran las empresas brasileñas
Vista del edificio del Banco Central en la ciudad de Brasilia (EFE/Joédson Alves/Archivo)Fuente: infobae.com
La primicia publicada el pasado mes de febrero por el diario británico Financial Times, según la cual los bancos Lloyds y Santander permitieron a Irán eludir las sanciones, también ha hecho saltar la alarma en Brasil. Según el Financial Times, los dos bancos habrían permitido a algunas empresas pantalla británicas de la Petrochemical Commercial Company (PCC) iraní abrir cuentas en el Reino Unido. Sancionada en 2018 en Estados Unidos, la PCC (junto con sus filiales) “está acusada de inyectar cientos de millones de dólares en las arcas de la Guardia Revolucionaria iraní y de trabajar junto con las agencias de inteligencia rusas para recaudar fondos para los proxies iraníes”, escribe el Financial Times. El PCC tiene varias “empresas locales afiliadas”, como indica su sitio web, en las que posee acciones y sobre las que ejerce influencia.
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Según una información exclusiva de Infobae, una de estas afiliadas, la Petro Exir Kish Commercial Company, está inscripta desde el 16 de enero de 2017 en el Registro Nacional de la Persona Jurídica (CNPJ en portugués) de la Receita Federal (el órgano público que administra los tributos), la lista en la que figuran las empresas brasileñas. Según la legislación del gigante latinoamericano, el registro es también obligatorio para las empresas extranjeras residentes fuera de Brasil cuando pretenden invertir en empresas brasileñas, como es el caso de la Petro Exir Kish Commercial Company, socia de dos empresas brasileñas desde 2017.
Sin embargo, Exir Kish Commercial Company sigue activa a pesar de las sanciones de 2018 contra la PCC y a pesar de que la última empresa brasileña de la que era socia está “suspendida desde 2021 – reza el documento de la Receita Federal – por interrupción temporaria de actividad”. El registro brasileño de la Petro Exir Kish Commercial Company indica que «su actividad principal es la 28.69-1-00 – es decir, la fabricación de maquinaria y equipos para usos industriales específicos no especificados anteriormente, piezas y accesorios«. Según el sitio web oficial iraní de la Petro Exir Kish, la empresa opera en los siguientes sectores: suministro de materias primas básicas, suministros ganaderos, importación y exportación de productos petroquímicos, piezas de automóviles, betún, financiación y asociaciones en el sector de los productos alimenticios básicos. La Petro Exir Kish Commercial Company, a pesar de tener, como exige la ley brasileña, un representante en el gigante latinoamericano, tiene su domicilio en Irán, en la isla de Kish, en el tercer piso de la Torre Sadaf, en la Suite 301.
Se trata de la misma dirección e incluso de la misma suite en la que también tenía su sede Sorinet Commercial Trust Bankers, parte del Sorinet Group, propiedad del magnate iraní Babak Zanjani. Zanjani fue uno de los empresarios iraníes de más alto perfil a los que las sanciones de Estados Unidos y la UE congelaron los activos por su papel, durante la presidencia de Mahmud Ahmadineyad, en ayudar al gobierno iraní a eludir las sanciones en la venta de petróleo en el extranjero. Las sanciones de la UE contra Irán describían a Zanjani como «un facilitador clave para los acuerdos petroleros iraníes y la transferencia de fondos relacionados con el comercio de petróleo», acusaciones que él siempre ha negado. El magnate fue detenido en 2013 por el régimen de Teherán acusado de malversar 2.700 millones de dólares destinados al Ministerio de Petróleo iraní. Condenado a muerte por los mulás, en abril de este año se le conmutó la pena por 20 años de cárcel después de que devolviera 2.100 millones de dólares al régimen persa.
Registro de Petro Exir Kish en la Receita Federal de BrasilEn cuanto a la Petro Exir Kish Commercial Company, en Brasil había sido socia desde 2017 de una empresa de importación y exportación de alimentos con sede en el estado de Bahía y de otra con el mismo nombre en São Caetano do Sul, en el estado de San Pablo, la primera cerrada y la segunda suspendida temporalmente. Siguiendo, hacia atrás en el tiempo los movimientos en Brasil de la Petro Exir Kish Commercial Company se remonta incluso a un grupo de empresarios iraníes y a Taleb Hossein al Khazraji, director del Centro Islámico de Arresala. Según el fiscal argentino asesinado Alberto Nisman, al Khazraji era un destacado agente iraní relacionado con altos cargos de Irán, como Ali Akbar Velayti, uno de los coautores del atentado contra la AMIA. En un sistema de cajas chinas, donde empresas y socios remiten a otras empresas y socios, incluso brasileños, algunos de ellos están presentes incluso en el Consejo de Lula, es decir el grupo de empresarios y representantes de la sociedad civil que orientan al gobierno en materia de negocios. El controvertido operador chino de telecomunicaciones Huawei también forma parte del mismo Consejo.
Según Maryam Sinaiee, del canal de noticias Irán Internacional, «durante las sanciones internacionales de la primera mitad de la década de 2010 y las sanciones estadounidenses impuestas desde 2018, Irán se enfrentó a un acceso limitado al sistema bancario internacional. Para eludir estas limitaciones, se basó en una extensa red de empresas fiduciarias. A través de estos canales, Irán ha transferido secretamente los ingresos de sus ventas de crudo, petróleo y productos petroquímicos en todo el mundo para una variedad de propósitos, incluida la financiación de sus proxies. La Guardia Revolucionaria (IRGC) y su red mundial de blanqueo de petróleo están muy implicadas en la creación y gestión de estas redes clandestinas. Estas complejas redes suelen operar en los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Singapur, Hong Kong, Irak, Malasia, Chipre y Malta, así como en algunos países occidentales, como indican las listas de sanciones del Tesoro estadounidense».
Según el sistema «Comex Stat» del gobierno brasileño, que proporciona datos sobre las exportaciones e importaciones brasileñas, el gigante latinoamericano no compra petróleo a Irán, pero a pesar de las sanciones y, sobre todo, de una guerra en curso, incluso ha aumentado exponencialmente sus compras de petróleo a Rusia. De casi 17 millones de dólares en 2021, pasó a importar de Moscú casi 4.600 millones de dólares en 2023 y más de 1.700 millones de dólares de enero a abril de este año.
En cuanto a las importaciones procedentes de Irán, se han desplomado drásticamente, a pesar de que el gobierno Lula se ha comportado hasta ahora como un gobierno amigo del régimen. De 139.172.710 dólares en 2022 las importaciones han bajado a 3.795.129 dólares en 2023 y a 1.969.711 dólares en los cuatro primeros meses de 2024. Pero lo más sorprendente es el desplome de la importación de fertilizantes, que Brasil siempre ha dicho necesitar con urgencia. Mientras que en 2021 el gigante latinoamericano importó urea de Teherán por valor de 57.292.346 dólares y en 2022 casi duplicó las importaciones hasta 132.881.290 dólares, bajo el gobierno de Lula las importaciones de urea tanto en 2023 como en el primer cuatrimestre de 2024 fueron nulas. A la cabeza de las importaciones del gobierno Lula procedentes de Irán están las uvas pasas sultanas, los alcaloides del opio, sus derivados, las sales y los pistachos.
Sitio web de la Petrochemical Commercial Company (PCC) con sus empresas afiliadasSin embargo, en un comunicado oficial del gobierno en 2022, durante la presidencia de Bolsonaro, con motivo del viaje de la ministra de Agricultura Tereza Cristina a Teherán, se afirmó que la Compañía Petroquímica Nacional (NPC), la empresa responsable del desarrollo y funcionamiento del sector petroquímico de Irán y que también vende urea, había «declarado que Irán podrá triplicar sus exportaciones de urea a Brasil«. La NPC es una filial del Ministerio de Petróleo iraní y la Petrochemical Commercial Company (PCC) era su brazo comercial antes de ser privatizada formalmente en 2009. Desde 2020, la NPC ha sido sancionada por el gobierno estadounidense junto con otras filiales del Ministerio de Petróleo iraní bajo la acusación de ser «propiedad, estar controlada o dirigida por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre del Ministerio de Petróleo, directa o indirectamente», según reza el texto del Departamento del Tesoro de EEUU.
El comunicado 2022 del gobierno brasileño también informó de que en la reunión con la ministra Tereza Cristina, el presidente de la NPC, Morteza Shah-Mirzaei, había «declarado que las exportaciones de urea a Brasil podrían alcanzar los 2 millones de toneladas al año. Actualmente, la cantidad exportada es de 600 mil toneladas al año«. Sin embargo, el sitio web Comex Stat muestra sólo 200.033.801 kg líquidos de urea (poco más de 200 mil toneladas) importados de Irán en 2021 y 256.378.382 kg líquidos (poco más de 256 mil toneladas) en 2022.
En esta galaxia de datos, a veces contradictorios, y de empresas iraníes que orbitan todas alrededor del régimen y que a menudo se apretujan unas dentro de otras como cajas chinas, se abren espacios vacíos y poco controlados que, según los expertos, corren el riesgo de ser llenados por objetivos ilícitos y favorecer triangulaciones y enormes flujos de dinero, incluso para sobornar a gobiernos y políticos, con el fin último de financiar las actividades terroristas del régimen. Como reveló el informe del Financial Times, detrás de la Petrochemical Commercial Company (PCC) que controla la Petro Exit Kish Commercial Company, registrada en Brasil, está el Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas iraníes, que controla el sector petroquímico de Teherán. Según el diario británico, desde que fue sancionada, la PCC ha utilizado empresas en el Reino Unido para recibir también «fondos de entidades de fachada iraníes en China ocultando su titularidad real mediante acuerdos fiduciarios y fideicomisos», mostrando así la complejidad de estos esquemas que operan con el mecanismo de triangulaciones y empresas de fachada.
En Brasil, la situación es muy delicada porque hay bancos locales que ya se han puesto manos a la obra para ayudar a los empresarios brasileños a eludir las sanciones contra Irán. Tanto es así que el pasado mes de marzo, el Departamento de Supervisión de Conducta del Banco Central del gigante latinoamericano emitió en un comunicado la alerta del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (GAFI) a todo el sistema bancario brasileño en relación con las transacciones financieras internacionales que involucran a Irán. “Hasta que Irán implemente en su plan de acción las medidas necesarias para abordar las deficiencias identificadas relacionadas con la lucha contra la financiación del terrorismo, el GAFI sigue preocupado por el riesgo de financiación del terrorismo procedente de Irán y la amenaza que supone para el sistema financiero internacional”.
Es importante recordar que la Recomendación 19 del GAFI, creado por iniciativa del G7 en 1989 para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, “requiere que los países exijan a las entidades obligadas que apliquen medidas reforzadas de diligencia debida a las relaciones de negocios y transacciones con personas físicas y jurídicas de países de alto riesgo, que incluyen aquellos países para los que el GAFI exige las citadas medidas reforzadas”. En el VI Congreso Internacional del Instituto de Prevención y Combate al Lavado de Dinero (IPLD), que finalizó ayer en San Pablo, Antonio Juan Ferreiro Cunha, subjefe del Departamento de Supervisión de Conducta del Banco Central, destacó que “la financiación del terrorismo es un proceso extremadamente dinámico” que, por lo tanto, exige que las instituciones se adapten continuamente. Ricardo Liáo, presidente del Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) del Banco Central, al comentar el último informe del GAFI sobre Brasil de octubre del año pasado, advirtió que el alcance de la ley antiterrorista brasileña, 13260 de 2016, fue considerado insuficiente “porque no incluye motivaciones políticas, personas que no están relacionadas con grupos designados por la ONU y porque no tiene en cuenta los riesgos emergentes en Brasil”. Por esta razón, Liáo dijo que el GAFI “recomendó el desarrollo de una estrategia nacional para combatir el terrorismo y su financiación”.