La hegemonía del Movimiento Al Socialismo sobre la institucionalidad ha debilitado a la democracia boliviana, destruyendo la independencia de poderes y desmontando el sistema de balances inherente al sistema republicano.
En ese camino, se ha desnaturalizado a la justicia, el Ministerio Público, el Órgano Electoral, la Contraloría General, el Servicio Exterior y las Fuerzas Armadas, además de convertir al Parlamento en una entidad pasiva que se limita a refrendar las iniciativas emanadas del Palacio Quemado.
En ese preocupante contexto, es vital contar con una oposición que haga de contrapeso al hegemonismo antidemocrático. Las fuerzas políticas que la componen no siempre han estado a la altura de ese desafío, razón por la cual muchas veces han sido objeto de legítimos cuestionamientos.
Pero con la misma claridad deben reconocerse los aciertos recientes de algunas figuras de oposición, tres en particular, representantes de dos diferentes partidos.
Nos referimos al proceso judicial por extorsión impulsado por la senadora Carmen Eva González, de Convergencia Nacional, contra Marcelo Soza, que acabó con la fuga del país del ex fiscal y con su confesión, a través de una carta pública, de las manipulaciones a la justicia realizadas en el caso Rozsa “por órdenes superiores”.
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En segundo lugar tenemos el seguimiento y divulgación del juicio a Fabricio Ormachea hecho por el diputado Luis Felipe Dorado, también de CN, que ayudó a la difusión en Bolivia del polémico video donde el ex zar anticorrupción desnuda las tramas oscuras dentro del régimen, sobre todo del rol cumplido por el vicepresidente García Linera como presunto “cerebro” de las irregularidades.
Por último, está la denuncia planteada por el ex parlamentario de UN, Arturo Murillo, sobre el uso indebido de influencias y nepotismo del segundo mandatario en la aerolínea estatal BoA.
Esperemos que estos logros en materia de fiscalización se den también en el campo de la necesaria articulación electoral, pensada como freno al proyecto populista-autoritario…