Al menos tres fallos emitidos por este tribunal contra el Legislativo fueron emitidos en tiempos récord en comparación a otros procedimientos. El último recurso que “liberó” las judiciales tardó casi 40 días
Fuente: eldeber.com.bo
En dos momentos el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) suspendió las competencias del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez y también emitió tres resoluciones en tiempo récord relativas a este órgano estatal. En dichos fallos se acusa a Rodríguez de asumir atribuciones que sólo le competen al vicepresidente, David Choquehuanca.
Mientras, desde la oposición insisten en que cualquier decisión o fallo que emitan los magistrados prorrogados del TCP no tiene ninguna legalidad y que lo único que se espera es que el presidente Luis Arce promulgue las dos leyes en los 10 días hábiles. Si él no lo hace, la tarea recae en Choquehuanca y si éste tampoco cumple, podrá hacerlo el Presidente del Senado, cuando vuelva a asumir la presidencia de la Asamblea Legislativa.
El TCP sobre el Legislativo
El 29 de diciembre de 2023, el TCP admitió un recurso de nulidad que presentaron los senadores arcistas: Ana María Castillo, Rubén Gutiérrez, Virginia Velasco y Eva Humerez contra Andrónico Rodríguez y su directiva camaral por instalar una sesión camaral el 27 de ese mes, tras que mediante un comunicado, el presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca puso en vigencia el receso parlamentario de fin de año, a pesar que en sesión legislativa los parlamentarios rechazaron tomar vacaciones.
El segundo momento se vio la semana pasada cuando en plena sesión de la Asamblea Legislativa, el TCP también admitió un recurso de nulidad contra la convocatoria de Rodríguez y anuló la legalidad de la sesión de ambas cámaras. Este recurso fue presentado por el diputado arcista, Juan Jáuregui después de una reunión con el ministro de Justicia, Iván Lima y su colega Jerges Mercado.
En ese marco también están las resoluciones exprés que emite el TCP sobre las tareas que realiza el Órgano Legislativo.
La primera resolución admitida en “menos de 24 horas” por el TCP, fue la que presentaron los senadores arcistas en diciembre del año pasado contra Rodríguez, en la que se señala que Andrónico “ejerció una atribución que no está reservada para su cargo (…) en una vulneración y ejercicio indebido de su cargo”.
La segunda resolución exprés del TCP fue la emitida en mayo pasado, cuando Choquehuanca pidió a los magistrados se pronuncien sobre la acción popular que suspendió el proceso de preselección de postulantes para las elecciones judiciales. El Vicepresidente realizó el pedido el 14 de mayo y el TCP respondió el 23, cuando un trámite de ese tipo, es resuelto en por lo menos 45 días.
La tercera resolución exprés del TCP, rompió todos los récords ya que fue admitida en menos de 24 horas. Se trata del recurso de nulidad que presentó Jáuregui la tarde del miércoles 6 de junio contra el senador Rodríguez por convocar a sesión de la Asamblea Legislativa. A las 13:20 del 7 el TCP ya notificó a Rodríguez.
Procedimiento
El Código Procesal Constitucional señala que después de la presentación de una acción, demanda, consulta o recurso y observaciones de forma, el TCP se toma un tiempo de hasta 12 días antes de responder si da curso o rechaza.
Este procedimiento está entre la Secretaría General donde se hace el registro del recurso que debe pasarlo en dos días a la Comisión de Admisión, oficina que debe revisar el cumplimiento de los requisitos en cinco días hábiles, y pedir la corrección de algún dato en otros cinco días hábiles para recién responder si admite o no el recurso.
“Desde el momento de la notificación con el Recurso Directo de Nulidad, quedará suspendida la competencia de la autoridad recurrida con relación al caso concreto. Queda nula de pleno derecho, toda disposición que se dicte con posterioridad”, dice el artículo 147 de la norma que rige el TCP.
Una vez cumplido ese paso, el TCP “dictará sentencia en el plazo de cuarenta y cinco días desde su admisión” y declarará infundado o fundado el recurso.
Al respecto, el abogado constitucionalista, Carlos Goitia ve una crisis institucional que afecta a todos los órganos del Estado: Legislativo, Electoral, Judicial y Ejecutivo porque están a expensas de las decisiones que tome el TCP, entidad que con sus decisiones favorece siempre al Gobierno.
“Se frena al Legislativo, se potencia al Ejecutivo y se lo hace con el respaldo del Tribunal Constitucional cuya legitimidad está cuestionada por la presencia de los prorrogados, y esto deriva en que la búsqueda de solución se traslade a las calles con bloqueos, huelgas, protestas. Si no se toma una medida responsable van a incrementar el nivel de conflictividad en Bolivia y esto va alimentar la crisis económica”, dijo Goitia a EL DEBER.