La vocera del MAS y el viceministro de Coordinación vincularon al ex líder cívico con el caso terrorismo. Rada advierte hacer cumplir aprehensiones
Ref. Fotografia: DEMANDA • El abogado Otto Richter dijo que no existe una orden de aprehensión contra Branko Marinkovic.
EL DÍA
Martes, 8 de Septiembre, 2009
La vocera del MAS, Margoly Guzmán y el viceministro de Coordinación, Wilfredo Chávez, vincularon al ex líder cívico con el caso terrorismo. El Fiscal General avaló que el caso permanezca en La Paz.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
El ex presidente cívico, Branko Marinkovic, presentó ayer una querella penal por calumnias e injurias en contra del viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, y la activista del Movimiento Al Socialismo, profesora Margoly Guzmán, por haberlo vinculado con actos terroristas en el caso Eduardo Rózsa.
El abogado de Marinkovic, Otto Richter, explicó que la demanda busca sentar un precedente para que ninguna autoridad o dirigente político acuse sin fundamentos y responda por sus actos. “A partir de la fecha aquellos que se presten al juego nefasto de los funcionarios públicos del Gobierno de mellar la dignidad van a tener que responder por sus actos ante la justicia”, advirtió el jurista.
Según la demanda, el pasado miércoles el viceministro Chávez en una entrevista en Televisión Boliviana canal 7, insinuó que Marinkovic movía sus influencias al interior de la Corte Superior de Justicia de Santa Cruz, con el objetivo de entorpecer las investigaciones del caso terrorismo.
Entre tanto Guzmán, en el programa “Que no me pierda” que se emite por la Red Uno, acusó al empresario de financiar las actividades de la supuesta célula terrorista desarticulada en Santa Cruz en abril pasado.
A la consulta de una posible salida de su defendido de Bolivia a raíz de una orden de aprehensión en su contra, el abogado afirmó que «Branko no tiene sus manos manchadas de sangre y no es responsable de ninguna muerte, por lo tanto está y seguirá en Santa Cruz, para demostrar ante la justicia que nunca tuvo ninguna relación con el grupo terrorista”.
Por su lado, Guzmán negó haber sindicado directamente al ex líder cívico en su presunta vinculación con el terrorismo. “Si el empresario se cree aludido ahí está la justicia, al final no tengo miedo, me voy a defender”, indicó la vocera del oficialismo.
En relación al pedido del poder judicial paceño de que el juez Luis Tapia Pachi investigue sólo el supuesto atentado a Saúl Ávalos el pasado 28 de marzo en su domicilio luego que desconocidos lanzaran un explosivo a su interior, el juez aludido dijo que la acción es ilegal. “Este tribunal no debió pronunciarse porque es inconstitucional. Ellos no pueden revisar hábeas corpus o amparos que dicten otras cortes o salas por ser nulos de pleno derecho”, indicó. A su vez el fiscal general , Mario Uribe, avaló ayer el veredicto del Tribunal de Garantías Constitucionales de la Corte Superior de La Paz que falló a favor del amparo interpuesto por el Ministerio Público contra una resolución del juez Tapia Pachi y determinó que el caso de terrorismo permanezca en La Paz. «La resolución ha sido emitida antes que en la Sala Penal de Santa Cruz, por tanto ese veredicto debe imperar”.
Rada advierte hacer cumplir aprehensiones
Ref. Fotografia: molesto • Luis Orlando Reyes mostró una separata de prueba.
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, advirtió ayer que la Policía hará cumplir las órdenes de aprehensión que sean emitidas por la Comisión de Fiscales que investiga el supuesto caso de terrorismo en Santa Cruz.
“Aunque exista la intención de algunos malos jueces prevaricadores de llevar el caso a otros distritos, la acción está y seguirá radicada en La Paz y la Policía cumplirá con lo que disponga el fiscal paceño”, aseguró la autoridad de Gobierno.
Asimismo, dijo desconocer la resolución de la Sala Penal Primera de Santa Cruz que emitió un fallo completamente ilegal que dispondría que el juez, Hernán Luis Tapia Pachi asumiera competencia política para conocer el caso de terrorismo. “Lo que vale para el Gobierno es la resolución del Tribunal de Garantías Constitucionales de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz que es superior a la decisión de la Sala Penal Primera en Santa Cruz”, afirmó.
De su lado, los activistas autonómicos atrincherados en el seno del Comité Cívico de Santa Cruz, David Sejas, Alfredo Saucedo y Róger Martínez, después de cuatro días de peregrinar en el Ministerio Público recién ayer, y con la presión de los medios, pudieron ingresar su denuncia a la Fiscalía para que se investigue las muertes ocurridas en el hotel Las Américas del pasado 16 de abril de 2009.
Luis Orlando Reyes, abogado defensor de los activistas, se quejó de la falta de voluntad del fiscal de Distrito Jaime Soliz para recepcionar la denuncia. “Sólo queremos que se investiguen las muertes por eso trajimos como prueba una separata de 12 páginas del caso Rózsa”, afirmó.