Nunca en la historia democrática del país, la ALP había sido tan golpeada como en este último tiempo.
Fuente: ANF
Hace casi un año que la Asamblea Legislativa Plurinacional es objeto de una arremetida de parte de los autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional Pluinacional (TCP) y sus salas constitucionales, que propinaron al menos 10 “golpes” al primer poder, que es la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Desde “suspender provisionalmente” su facultad fiscalizadora de interpelación hasta paralizar diferentes etapas del proceso de preselección de candidatos a las elecciones judiciales, pasando por frenar medidas contra los magistrados prorrogados y dictar órdenes al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, son algunas de estas acciones contra la Asamblea.
Sala constitucional de La Paz suspende las interpelaciones a ocho ministros
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Nunca en la historia democrática del país, la ALP había sido tan golpeada como en este último tiempo. Empezó cuando la Sala Constitucional Primera de La Paz resolvió un amparo constitucional para que ocho ministros de Luis Arce no sean interpelados.
Desde septiembre de 2023 este tema está en revisión en el TCP, pero el caso no avanza pese a que se trataba de una “suspensión provisional” ; el guardián constitucional ha priorizado otros temas.
Trece interpelaciones planteadas por legisladores de las diferentes bancadas, en especial por opositores y evistas, han sido paralizadas. Hasta la fecha no han podido ejercer su mandato constitucional de fiscalizar al poder Ejecutivo.
Aunque la medida era aplicable solo para los ocho ministros, el presidente nato de la ALP, David Choquehuanca, no ha programado ninguna otra interpelación durante todo este tiempo, por eso fue acusado de “complicidad” y “protección” a las autoridades.
Los interpelantes habían puesto en la mira fundamentalmente al ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, por la gestión de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Entel, la construcción de los Condominios La Tamborada en Cochabamba y la Agencia Boliviana de Correos.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, debía responder otras cuatro interpelaciones, de las cuales, dos fueron planteadas por la oposición (CC y Creemos) y dos por el oficialismo. Los temas que debe explicar son el despliegue de policías al departamento de Santa Cruz durante el paro cívico de 2022, el tráfico de vehículos robados, lucha contra el narcotráfico y otros.
Los otros titulares del gabinete que debían responder a interpelaciones son los ministros de Medio Ambiente, de Justicia, de Hidrocarburos y de Educación; y la última fue presentada por la diputada Luisa Nayar contra el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, por la toma militar de la plaza Murillo ocurrida el 26 de junio.
El freno del constitucional a la preselección judicial
Una “lluvia” de amparos constitucionales cayó sobre la Asamblea Legislativa Plurinacional y las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural que estuvieron a cargo de la preselección de candidatos para las elecciones judiciales.
El 27 de febrero de 2023, el Legislativo lanzó la primera convocatoria para recibir las postulaciones, pero una acción de amparo constitucional ante la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, interpuesta por Miguel Ángel Balcázar Ruiz, frenó el proceso.
El 20 de abril, se lanzó la segunda convocatoria, pero el diputado de Creemos Leonardo Ayala presentó otra acción de inconstitucionalidad abstracta que fue admitida el 27 de abril. Por segunda vez se frenó el proceso.
El 31 de julio, el TCP emitió la Sentencia Constitucional 60/2023 declarando inconstitucional el reglamento para la preselección. Ordenó realizar una nueva convocatoria mediante ley aprobada por dos tercios de votos de los asambleístas.
La Cámara de Senadores intentó una salida a la encrucijada aprobando el proyecto de “Ley 144 Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024”, pero el diputado Juan José Jauregui (arcista) sin que sea su competencia envió la norma al Ejecutivo y al Tribunal Supremo de Justicia, cuyo presidente consultó la constitucionalidad de la norma al TCP.
El 8 de noviembre, el Tribunal Supremo de Justicia solicitó ampliar el objeto de la consulta para establecer si los magistrados podían prolongar su mandato más allá de los seis años porque las nuevas autoridades judiciales no fueron elegidas.
El 11 de diciembre, el TCP emitió la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023 con la que los magistrados se “autoprorrogaron” en su mandato, por encima de la Constitución Política del Estado; además declararon inconstitucionales varios artículos del proyecto de ley 144.
El senador Luis Flores considera altamente riesgoso que el constitucional tome decisiones por la Asamblea Legislativa, peor aún los “operadores políticos” del gobierno, como el vocal de la Sala Constitucional Primera de La Paz, Israel Campero, quien recibe los casos de interés gubernamental.
Autoprorrogados ordenan que su mandato sea incuestionable
En enero de 2024, la situación fue más crítica. Los magistrados ya autoprorrogados ordenaron mediante una medida cautelar a la ALP “acatar” su prórroga, pese a que su mandato se encontraba al margen de la Constitución Política del Estado.
Los magistrados actuaron como juez y parte. Por una parte, eran autoridades de las que se venció su mandato; por otra parte, ellos mismos definieron la prórroga de su mandato, sin establecer un límite temporal, sino hasta que se realicen las elecciones judiciales, elecciones que hasta ahora torpedean.
Los legisladores de Creemos, Comunidad Ciudadana y del Movimiento al Socialismo de la facción evista anunciaron desacato a las futuras sentencias o autos constitucionales de los denominados prorrogados y en defensa de la independencia de la ALP.
Pero la arremetida del TCP y de las salas constitucionales ha continuado, al amparo del gobierno de Luis Arce, denuncia la oposición. Ya no era solo una “lluvia”, sino una “tormenta” de acciones constitucionales contra la preselección de candidatos para las elecciones judiciales.
Los candidatos y candidatas inhabilitados e incluso personas que no estaban directamente involucradas al proceso de preselección recurrieron al constitucional alegando la vulneración de sus derechos.
El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Miguel Rejas, informó que les presentaron “alrededor de 18 amparos constitucionales, dos que nos han paralizado todo”, además de una “acción popular presentada en el departamento del Beni.
Cuando las comisiones mixtas pretendían reiniciar los exámenes orales, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental del Beni ordenó, en tiempo récord, paralizar todo el proceso, por no habilitar al candidato y a su vez vocal de la Sala Constitucional Primera, Charles Fernando Mejía Cardoso, quien alegó vulneración de sus derechos.
“Nos han quitado facultades de fiscalización, particularmente. El objetivo es fiscalizar al poder, es decir al Gobierno”, comenta el diputado Renán Cabezas, al responsabilizar a las autoridades gubernamentales de este intento de “someter” al primer poder del Estado.
Este miércoles pasado, las comisiones tenían previsto reiniciar los exámenes, pero otro amparo constitucional presentado por Heidi Padilla Medina, impugnando la candidatura de un postulante, nuevamente paralizó el proceso.
Los opositores Creemos, Comunidad Ciudadana y el MAS-evista acusan al Gobierno de obstaculizar y trabar el avance de la preselección, a través del Constitucional, que ha venido suspendiendo el proceso hace más de un año.
Pero el oficialismo señala como responsables de los problemas a los presidentes de las comisiones mixtas, Miguel Rejas y Roberto Padilla, miembros del ala evista. “Priman las órdenes políticas”, señaló el diputado Jauregui, quien dijo que “si existe una mano negra, está en el Chapare”.
Sin embargo, el presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Roberto Padilla, detalló que en las comisiones la correlación de fuerzas favorece a los arcistas, “los diputados que apoyan al presidente Lucho son siete, la oposición tiene cuatro y del lado del Evo solo dos y solo vota uno”.
Conflicto de poderes y desconocimiento de sucesión constitucional
El conflicto de poderes ha llegado a su máximo nivel, cuando el denominado guardián constitucional, el pasado 6 de junio admitió un recurso de nulidad contra la Convocatoria a la séptima sesión de la ALP y suspendió la competencia del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, para llevar a cabo esa sesión con la advertencia de que sus actos serían declarados nulos.
El recurso directo de nulidad fue interpuesto por el diputado Jauregui, bajo el argumento de usurpación de funciones de su colega senador. En su “interpretación” Choquehuanca, que estaba ejerciendo la presidencia interina en ausencia de Arce, se encontraba en el país, por lo tanto, seguía siendo presidente nato del Legislativo, una lectura que nunca antes se había dado.
De todas maneras, Rodríguez instaló la sesión con la presencia de dos tercios de los legisladores, en la que sancionaron leyes, una de ellas la ley antiprórroga de mandato de los magistrados. Ninguna de ellas fue promulgada por el jefe de Estado.
El 19 de junio, el tribunal declaró nula la séptima sesión del 6 de junio, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que fue convocada y estuvo presidida por Rodríguez.
La sesión de la ALP convocada por Andrónico Rodríguez en penumbras. Foto:ANF
Silencio de Choquehuanca, pugnas del MAS y minoría oficialista
Los legisladores cuestionan el silencio del presidente nato de la ALP, David Choquehuanca, que no asume defensa de la institucionalidad de la entidad a la que representa. Observan que se haya colocado del lado de los “autoprorrogados” que violaron la constitución.
La división y las pugnas del Movimiento al Socialismo (MAS) han contribuido a debilitar la institucionalidad de la Asamblea Legislativa, entidad que otrora era el espacio de debate y búsqueda de acuerdos para la solución de los conflictos políticos.
La senadora de Creemos, Centa Rek, cree que el gobierno de Luis Arce no puede generar acciones de “obediencia” en el Legislativo como lo hizo el gobierno de Evo Morales, que tuvo dos tercios. Ahora, en cambio, el poder del MAS “está menguado, no solo porque no obtuvieron los dos tercios, sino por su fraccionamiento interno”, comenta.
En seis meses las cámaras realizaron 54 sesiones
Entre el 11 de enero y el 20 de junio, la Cámara de Diputados llevó a cabo 25 sesiones. En enero solo sesionaron una vez; en febrero tuvieron ocho sesiones, en el mes de marzo tres, en abril dos, en mayo se realizaron cinco y en junio seis.
Entre el 10 de enero y el 20 de junio, la Cámara de Senadores sesionó en 29 ocasiones. En enero sesionaron 3 veces, en febrero seis, en marzo cuatro, en el mes de abril cinco, en mayo se realizaron cinco sesiones y en junio seis veces.
Con relación a la aprobación de los proyectos de ley, desde el 8 de noviembre de 2023 hasta el 20 de junio de este año, cuando los nuevos presidentes del Senado y de Diputados comenzaron con el nuevo periodo de mandato, se registraron 460 proyectos de ley, de los cuales solo 22 fueron aprobados, es decir el 4,7% del total de normas remitidas.
La senadora Rek advirtió que este escenario es parte de la destrucción de las instituciones de los órganos del Estado, que, ante su debilidad política, el Ejecutivo busca gobernar con magistrados ilegítimos e ilegales como son los autoprorrogados.
/Para Sumando Voces/