El exceso de dependencia al Gobierno de turno marcó las gestiones de las tres últimas autoridades, Mario Uribe, Ramiro Guerrero y Juan Lanchipa.
Una nueva normativa para elegir al fiscal general del Estado está en revisión en la Cámara de Diputados. En ella se propone dar a la persona que ocupe este cargo mayor grado de legalidad y, sobre todo, de legitimidad, frente a las duras críticas que recibieron los titulares de los tres últimos periodos por su dependencia al Ejecutivo.
El ciclo de seis años del actual fiscal general, Juan Lanchipa, termina en octubre de 2024 y la próxima autoridad debe ser designada con la nueva normativa, que no permite la repostulación de Lanchipa y sólo como una medida preventiva admite un interinato máximo de 90 días.
El senador por Comunidad Ciudadana (CC) Santiago Ticona explicó que el proyecto de ley contempla requisitos específicos y se evaluará la trayectoria de los postulantes al cargo de fiscal general en tres áreas: penal, constitucional y en derechos humanos.
Se tiene previstas pausas judiciales en caso de que se presenten acciones de garantías. “De tal manera que el proceso no se suspenda ni haya necesidad de promulgar otra ley como sucede con las elecciones judiciales”, explicó Ticona.
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Todo el proceso de selección y designación debe realizarse en un periodo de 45 días, por lo que se espera que el proyecto de ley sea promulgado la primera quincena de agosto.
El proyecto de ley se encuentra en Diputados. “Sería una señal muy nefasta si mandan la norma a control de constitucionalidad”, alertó el senador de Comunidad Ciudadana (CC).
Recordó que el Legislativo debe designar al nuevo fiscal por 2/3 de votación del pleno del Legislativo. Actualmente, el Gobierno no tiene los 2/3 en la Asamblea.
Irregularidades
El exceso de dependencia al Gobierno de turno marcó las gestiones de las tres últimas autoridades, Mario Uribe, Ramiro Guerrero y Juan Lanchipa. Por lo tanto, urge una rigurosa selección de la nueva autoridad que tendría que asumir sus funciones en octubre de este año, coincidieron tres abogados constitucionalistas.
El abogado constitucionalista y exmagistrado Marco Antonio Baldivieso lamentó que los últimos tres fiscales generales no fueron elegidos por su meritocracia ni por su cualificación en materia penal.
“Fueron elegidos como gente de confianza del partido gobernante (MAS) que tenía más de 2/3 en el Legislativo”, explicó.
Baldivieso señaló que el Ministerio Público tiene la función de resguardar los intereses de la comunidad y ser coadyuvante del sistema de justicia. Sin embargo, los fiscales no cubren las expectativas de imparcialidad, independencia e incluso legalidad. “Es por eso que vemos muchos fiscales en las cárceles por delitos de corrupción”, señaló.
Mencionó el caso del exfiscal de distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez, quien fue enviado a la cárcel de Palmasola acusado de corrupción y extorsión en varios casos.
Otro de los bullados casos fue el del exfiscal del caso Terrorismo y prófugo de la justicia boliviana, Marcelo Sosa, quien fue sentenciado a 12 años de reclusión por los delitos de concusión y uso indebido de influencias.
Baldivieso criticó la falta de independencia del actual fiscal general, Juan Lanchipa, tanto en gestión de la expresidenta Jeanine Áñez como en la del actual mandatario, Luis Arce. “En el periodo gubernamental de Áñez se ocupó de perseguir a los masistas y cuando asumió el poder Arce persiguió a Áñez y su gente como un fiel servidor del Gobierno de turno”, fustigó.
La gestión de Guerrero fue duramente cuestionada por la manera como se condujo el caso deL bebé Alexander, en el que un médico inocente, sin las suficientes evidencias, fue condenado a 20 años de cárcel (luego se demostró su inocencia).
El presidente de la Federación Interamericana de Abogados, Marco García, señaló que los fiscales no realizan un trabajo profesional e imparcial. Además, se suma que deterioran la imagen del Ministerio
Público agravada por las constantes denuncias de corrupción de los fiscales que frenan la administración transparente de la justicia.
Para el jurista Ramiro Orías, la designación del fiscal general es una decisión política porque no hay un proceso genuino de calificación por un comité de expertos independientes. “Los legisladores son juez y parte y votan por el favorito, lo que causa un proceso de desinstitucionalización del sistema judicial”, señaló.
Orías añadió que el manejo del Ministerio Público se centra en manos de una sola persona, lo que genera el riesgo de menos transparencia.
Expectativa
Para Baldivieso, el fiscal general no debe tener vínculos con ningún partido, debe ser independiente, el mejor de la Escuela de Fiscales y especialista en materia penal.
“El Ministerio Público debe cuidar su institucionalidad, pero la mayoría fue puesto a dedo por (Juan) Lanchipa”, criticó.
García señaló que, en todos los casos, quienes conformen el Ministerio Público, deben ser personas idóneas, que actúen con profesionalismo e imparcialidad, sin someterse al poder político de turno.
Deben actuar cumpliendo la función que les reconoce la Constitución Política del Estado, es decir, la defensa de la sociedad, no del Gobierno de turno.
La gestión de Lanchipa es, lamentablemente, parcializada y poco profesional. “Son varios los casos de ausencia total o actuación extemporánea del Ministerio Público, como son los avasallamientos principalmente en el oriente del país. O en otros, la extrema oportunidad, cuando se trata de temas con connotación política”, sostuvo García.
La designación del fiscal general debe responder a la urgencia ciudadana de contar con un Órgano Judicial independiente. No debe entramparse en acuerdos políticos circunstanciales.
Veedores
El constitucionalista Israel Quino explicó que se generó una normativa para que las universidades públicas y privadas, colegios de abogados y organizaciones de profesionales y otros sean veedores internos del proceso.
También se tiene como veedores internacionales a delegados de Naciones Unidas, la Unión Europea y la Corte Interamericana de Derechos Humanos .
En relación con el puntaje, 120 son méritos,70 el examen oral y 10 es el plan de trabajo para la modernización, lucha contra la corrupción y respeto a la constitucionalidad.