El Director de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Solución Temprana, Cristhian Miranda Dávalos, informó hoy que, del 20 de enero de 2020 al 30 de junio de 2024, se cerraron 20.378 casos a nivel nacional gracias a la salida alternativa de la Conciliación que es promovida en las 23 Unidades de Conciliación que el Ministerio Público tiene a nivel nacional.
Fuente: FGE
“En el marco del Modelo de Gestión Fiscal por Resultados y en concordancia con la Ley de Abreviación Procesal Penal Nº 1173, el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, instruyó la implementación de las Unidades de Conciliación a nivel nacional el 20 de enero de 2020, a partir de ese momento, desde la Fiscalía iniciamos la promoción de la Conciliación Penal y hasta el 30 de junio del presente año se logró cerrar 20.378 causas a través de la suscripción de acuerdos conciliatorios que permitieron reparar el daño a la víctima”, sostuvo Miranda.
De acuerdo a los datos que se encuentran registrados en el Ecosistema Justicia Libre, el departamento que logró cerrar más casos es Santa Cruz con 5.653 acuerdos conciliatorios suscritos, seguido de La Paz 3.926, Cochabamba 3.047, Chuquisaca 2.251, Potosí 1.471, Tarija 1.417, Pando 931, Beni 874 y Oruro con 804 casos conciliados.
La autoridad explicó que la Conciliación Penal es una salida alternativa al juicio ordinario que consiste en resolver un conflicto jurídico con la colaboración del Fiscal Asistente Conciliador, que tiene la tarea de promover una cultura de paz, facilitando la comunicación entre las partes para que lleguen a un acuerdo que permita reparar el daño a la víctima
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El acuerdo conciliatorio tiene valor legal y es de estricto cumplimiento de las partes, permitiendo que el proceso penal sea cerrado en un menor tiempo y se descongestione el sistema de justicia penal.
La Conciliación aplica en casos legalmente permitidos como delitos patrimoniales, Hurto, Robo, Estafa, Estelionato y en delitos culposos que pueden ser accidentes de tránsito sin agravante entre otros. En estos hechos, las partes involucradas pueden llegar a un acuerdo consensuado y voluntario con la ayuda de un Fiscal Asistente Conciliador, que permita la reparación integral del daño y la conclusión del proceso penal.
“Existe una restricción normativa que señala que no se puede promover la Conciliación en delitos de corrupción, violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres, delitos inmersos en la Ley N°348, narcotráfico o que afecten gravemente intereses del Estado”, explicó Miranda.