En 2023, el 99,5% de la producción aurífera de Bolivia provino del sector minero cooperativista, considerado uno de los mayores depredadores del medioambiente. Sus operaciones ya no se limitan al oro, se expandieron a otros minerales como el zinc, wólfram, estaño -entre otros-, con lo que hoy cubren el 58% de toda la producción minera del país.
Los datos fueron obtenidos del “Anuario Estadístico 2023” del Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización. El documento fue publicado en marzo de 2024.
“Lo que pasa con el oro se está repitiendo en otros minerales. El sector cooperativista ya superó a la empresa privada y en algunos casos a la estatal. Desafortunadamente toda la desregulación que generó el sector cooperativista en temas laborales, impositivos, ambientales y sociales se está ampliando, de alguna manera, a todo el sector minero”, afirmó el director del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Óscar Campanini.
El pasado 7 y 8 de junio, representantes de más de 200 comunidades de tierras bajas de Santa Cruz, La Paz, Beni y Pando participaron en el encuentro “Minería en tierras bajas: impactos y desafíos”. En conjunto, emitieron un pronunciamiento en el que se declararon en estado de emergencia y rechazaron el avance de las operaciones mineras, legales e ilegales, por los atropellos en los que incurren.
Las cooperativas y el oro
“En nuestra región, de la noche a la mañana, las cooperativas mineras se multiplicaron, Aparecieron los denominados interculturales para convencer a la gente de que la minería es buena y trae desarrollo; llegaron con miras de entrar al parque nacional Madidi y destruir todo lo que encuentren a su paso en busca de oro”, señaló Paola Guerra, de la Plataforma de Defensa de las Áreas Protegidas de la provincia Abel Iturralde.
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De acuerdo con un boletín institucional del Viceministerio de Cooperativas Mineras, de 2021, en el país se reconocen tres actores productivos: el estatal, el privado y las cooperativas (cuentapropistas). Estas últimas, de 2006 a 2021, aumentaron en número y el registro pasó de las 911 cooperativas a 2.388, de las que su gran mayoría son auríferas.
Es de este sector del que proviene el 99,5% de la producción de oro de toda Bolivia, según datos del “Anuario Estadístico 2023” el Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización. Este casi monopolio de la producción aurífera es una constante desde 2013, al igual que todos los problemas que contrae.
“Empiezan convenciendo a gente del lugar, dividen a los pueblos y afirman que la cooperativa tiene una función social, porque están los lugareños. Al final acabas peleando con el vecino o tu familia porque unos están de acuerdo y otros no. Ahí empiezan los problemas, no solo ambientales. A los que no están de acuerdo los demandan, a otros los avasallan y otros sufren las consecuencias de la contaminación”, afirmó Guerra.
El interés por la explotación de oro tiene que ver con el alza de los precios del mineral a nivel internacional, la falta de recursos para las regiones y pueblos indígenas, el movimiento de los colonos de occidente a oriente (Interculturales), el desempleo.
“En 2021 las cooperativas eran 2.388. De estas, aproximadamente 1.500 cooperativas se dedican a la explotación de oro; el grueso está en el norte de La Paz, donde existe un modo de explotación depredador, que en los últimos años se está replicando en Beni y Pando”, señaló el investigador en temas mineros del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Alfredo Zaconeta.
Añade que a esto se suma que en los últimos 18 años la normativa ha sido asimétrica, desde la CPE, seguida de la ley minera, los decretos supremos y las resoluciones ministeriales.
“La flexibilización de las normas económicas y ambientales ha permitido que muchos opten por hacer una cooperativa. Las mismas comunidades indígenas se organizan en cooperativas e ingresan en la actividad minera”, afirma el investigador.
A su parecer, una consecuencia de esta flexibilización es que las cooperativas están exentas del pago de impuestos, por lo que solo pagan regalías mineras. Los ingresos por regalías son bajos y no llegan al Estado central, dado que se distribuyen entre gobernaciones y municipios. Según Zaconeta, la discusión de un pago de impuesto sobre la explotación de oro está pendiente.
Preocupada, Guerra sostuvo que el daño ya es notorio en sus fuentes de agua y que no hay impuesto o regalía que lo remedie. “Nuestras comunidades ya no pueden ni comer, no hay pescado en el río, las aguas tienen mercurio y contaminan el arroz, la yuca. Al mover la tierra colapsan los chacos de los pobladores y nadie dice nada”.
Los otros minerales
Según datos del Ministerio de Minería y Metalurgia, en 2020, el actor productivo minero privado fue el mayor productor con 1,5 millones de toneladas de mineral, 89,9% de toda la producción. Le seguían las cooperativas -con 102.970 toneladas- (6,1%) y el actor estatal con 66.880 toneladas (4%).
Sin embargo, en cuanto al valor de producción, las cooperativas ocupaban el primer lugar por la explotación de oro en el norte de La Paz, en Beni, Pando y Santa Cruz. Solo el 2020 el valor de su producción llegó a 1,54 millones de dólares, apenas mayor al valor de la producción del sector privado que llegó a 1,51 millones de dólares, pese a tener el 89,9% de la producción minera del país.
Para el 2023, el sector cooperativista pasó de cubrir el 6% de la producción a generar el 58%, superando al sector privado que pasó de producir el 89,9% en 2020 a 36% en 2023.
“Las cooperativas mineras son las principales productoras de minerales, con el 58% del valor de producción, mismas que en los últimos años fueron incrementando su producción de oro. El valor de producción del actor minero privado alcanzó al 36% del total, con la producción de minerales complejos. Por último, la producción de la minería estatal representa el 6%”, detalla el “Anuario Estadístico 2023” del Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización.
“Desde 2021 el sector cooperativista es uno de los principales productores del zinc, superando a las empresas privadas. En la plata, las cooperativas están en camino a ser las principales. En el estaño obviamente el Estado es el principal productor, pero las cooperativas no se están quedando atrás. En el caso del antimonio y el wólfram las cooperativas han tomado el primer lugar”, indicó Campanini.
Los datos de Minería muestran que en el caso del zinc en 2020 el 11,9% de la producción provenía del sector cooperativista, en 2023 su producción subió a 18,5%, el segundo después del sector privado.
De acuerdo con datos de Minería, la producción de zinc por la disminución de lo producido por la minería estatal y la cooperativista. El volumen aún se mantiene por debajo de los niveles alcanzados antes de la pandemia; esta situación y la baja de precios en el mercado internacional repercutieron en un descenso del valor.
En la plata el panorama es similar. En 2021 el 16% de la producción del país era fruto de las cooperativas, mientras que para 2023 subió a 19,9%. En este caso no hay producción estatal.
Si bien en el caso del estaño el Estado es el principal productor, con un 59% de la producción, en 2023 las cooperativas ya concentran el 38%.
Testaferros de los extranjeros
“Desde hace varios años, probablemente décadas, pero especialmente desde la Ley Minera, están reconfigurando todo el sector minero, toda la institucionalidad y la normativa. Las propias empresas están de alguna manera siendo beneficiadas”, afirmó Campanini.
Indicó que un ejemplo de ello es que entre 2013 y 2014 una de las principales minas de plata en Potosí funcionaba en alianza con las cooperativas. Explicó que la empresa encargada de la extracción era una de las principales a nivel internacional, pero no extraía nada.
“Lo hacía en convenio con cooperativas. Eran las cooperativas las que sacaban la plata y la empresa la procesaba. Era una de las principales exportadoras de plata sin tener ningún derecho minero, todo en una alianza con las cooperativas”, explicó el investigador.
Campanini señala que casos similares son muy comunes en el Norte de La Paz y el Beni. En estos se trata de empresas o personas de origen chino, donde tienen un rol relevante, pero no necesariamente tienen derechos mineros.
“Lo que hacen es asociarse con las cooperativas y las cooperativas les facilitan la entrada al lugar y todos los permisos. Lo que están haciendo las cooperativas es usar esos beneficios que han obtenido a lo largo de estos años para beneficiar al conjunto del sector minero y reconfigurarlo a su medida. Como consecuencia, hay una mayor desregulación del sector minero”, manifestó.
Campanini observa las facilidades, excepciones y beneficios que el Estado dio para que las cooperativas operen. Lastimosamente, cuando actúan como palos blancos de mineras privadas extienden e imponen ese conjunto de privilegios, generando beneficios para unos pocos y destrucción, pobreza e impactos para la mayoría de la población.
El peso político de los mineros cooperativistas
Desde la llegada del Movimiento Al Socialismo (MAS) al Gobierno en 2006, el sector cooperativista fue uno de los más cercanos y privilegiados. Obtuvo ventajas impositivas, concesiones estatales para explotar mineral sin licitación y logró deslindarse de las obligaciones laborales y sindicales.
Accedieron a cuotas de poder, por lo que en diferentes gestiones gubernamentales contaron con legisladores elegidos bajo el amparo del MAS, cargos jerárquicos y de mandos medios y hasta puestos diplomáticos. Se convirtió en un sector que no da todo lo que debería al Estado, que no es controlado, que tiene mucha permisividad y que prioriza su interés económico por sobre el social, el ambiental o la economía del país.
“Consiguieron estos beneficios, principalmente, por su fuerza social. Son muchas cooperativas y cuando se movilizan, además, obviamente, tienen una gran fuerza política muy grande. Cuando los mineros cooperativistas se movilizan en La Paz es muy diferente a cuando se moviliza cualquier otro sector”, indicó el director del Cedib, Óscar Campanini.
Una de sus mayores movilizaciones data de agosto de 2016; entonces rechazaban la reforma normativa que permitía la formación de sindicatos en el sector cooperativizado. La protesta terminó con la muerte del Viceministro del Interior Rodolfo Illanes, quien fue asesinado a golpes por los movilizados.
“Esta fuerza social es la misma que le propició un poder político. Controlan Concejos Municipales y Alcaldías, tienen legisladores departamentales y nacionales”, sostuvo.
“Tienen un viceministerio que solo funciona para atender las problemáticas de las cooperativas; el ministro no es el primero, pero es uno que viene de las cooperativas. Todo eso nos da una idea de la fuerza política que han adquirido”, añade Campanini.
Su poder económico también va en aumento. En diciembre pasado, una cooperativa aurífera que opera en el norte de La Paz obsequió a cada uno de sus socios un vehículo cero kilómetros de alta gama; el ostentoso obsequio causó polémica, pues se daba en medio de la negativa del sector a pagar impuestos.
“Los cooperativistas, en más de una ocasión, hicieron entrega pública de sus aportes para la campaña del MAS, como muestra de su poder económico. En cualquier otro país eso sería visto, mínimamente, como corrupción”, sostuvo Campanini.
Dijo que a través de esa fuerza social, ese poder político y económico, han logrado, a lo largo de varios años, no solo en las gestiones del MAS, construir un régimen de excepciones y -ahora- una transformación de todo el sector minero en favor de ellos.
200 comunidades de tierras bajas se declaran en emergencia
“Nos declaramos en estado de emergencia ante el constante avasallamiento, abuso, atropello, vulneración de derechos de parte de operadores mineros y distintas instancias del Estado (Ajam, MMAyA, INRA, Sernap, ABT, Gobernaciones, Municipios, Defensoría del Pueblo, entre otros)”, señala el pronunciamiento emitido por 200 comunidades de tierras bajas -de Beni, Pando, La Paz y Santa Cruz- afectadas por la minería legal e ilegal.
“No es que nos opongamos por capricho. Para nosotros lo importante es proteger nuestras fuentes de agua”.
Sus representantes se reunieron para analizar los impactos de la minería en sus territorios, en el evento “Minería en tierras bajas: Impactos y desafíos”. Del encuentro nació un pronunciamiento de ocho puntos en el que piden al Estado el cumplimiento de las normativas vigentes en favor del medioambiente, los territorios y los pueblos indígenas.
El documento reitera el rechazo a la concesión de derechos mineros en áreas protegidas y plantea la necesidad de que las políticas públicas estén dirigidas a fortalecer las actividades productivas sostenibles de las comunidades.
“No necesitamos más leyes, demandamos el cumplimiento de las que ya existen, empezando por la Constitución Política del Estado, Tratados y Convenios Internacionales que amparan los derechos de los pueblos indígenas y poblaciones locales, relacionados con el derecho a un medioambiente sano”, señala el primer punto.
Asimismo, se exigió se cumpla el derecho al acceso a la información relacionada a las áreas mineras, en diferentes instancias del Estado. “En la actualidad la Ajam ha restringido el acceso de la sociedad civil a la documentación sobre las áreas mineras”.
Otro de los puntos tiene que ver con la consulta previa libre e informada, y el derecho a dar consentimiento y participación conforme establecen los convenios internacionales.
“Rechazamos enfáticamente el privilegio otorgado al sector minero (en la Ley 535) como el supuesto derecho preconstituido que reclaman para ingresar a territorios y áreas protegidas”, señala otra de las demandas.
“No es que nosotros nos opongamos por capricho o no queramos el progreso. Cuando la minería llega, para entrar ofrecen grandes beneficios, ofrecen obras, coliseos, escuelas, hospitales, comida, infinidad de cosas que no sabemos si se cumplirán o no. Pero para nosotros lo importante son nuestras fuentes de agua; si la minera se instala las va a contaminar”, sostuvo el secretario de Relaciones de la Central Sindical Única de Trabajadores de El Torno, Milton Cortez.
El evento fue organizado por un conjunto de instituciones: Cedib, Probioma, la Central Indígena Chiquitana Amanecer Roboré, la Central de Comunidades Indígenas de Chiquitos Turubó y Contiocap.