Fuente: ANF
La Paz.- Fue el mes más duro de toda su vida. Raúl Uría durante un mes vivió en la Cocina de la cárcel de San Pedro, donde cada privado de libertad tiene un espacio de medio metro cuadrado, duerme en el piso mojado y solo pueden salir a una sección para ir al baño.
Al dirigente de la Juventud Yungueña no le dieron la opción de escoger una sección, a su ingreso al penal lo remitieron directamente a cocina, un lugar ocupado principalmente por las cocinillas y los utensilios necesarios para preparar los alimentos de los internos.
“No es un lugar de comodidad o que tengas espacio como en las secciones, en las secciones tienes tu espacio, en la Cocina tienes un espacio mínimo, debe ser medio metro cuadrado por persona”, cuenta Raúl a la ANF, después de salir de la cárcel tras 22 meses recluido.
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El primer mes fue realmente “duro”, dice el líder de la juventud cocalera y afiliado a la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), una organización de los Yungas que desde la época de Evo Morales es crítica a los gobiernos de turno.
Por el hacinamiento, la cocina no funciona solo como el lugar donde se preparan los alimentos para todo el centro penitenciario, sino que el grupo de internos además de cocinar, vive en ese lugar.
“Cocina no es grande, el mayor espacio que ocupan son las cocinas y los utensilios de cocina. Lo peor es dormir ahí, en el suelo, en el piso mojado, ahí mismo había que lavar nuestra ropa, solo se puede salir a una sección a hacer tus necesidades básicas como ir al baño”, relata.
Solo podían salir dos veces a la semana (martes y viernes) para ir a bañarse en alguna de las secciones, que a veces les ponían trabas y no les permitían usar los baños. “Cocina es un lugar de castigo (…) para mí ha sido lo más duro”, comenta.
Ahí están los detenidos con problemas de consumo de drogas y marihuana. Raúl Uría piensa que el Ministerio de Gobierno lo envió a ese lugar como un “castigo” para que se convierta en un adicto, “no he consumido, no me he vuelto adicto como él quería -tal vez- derrotarme de esa manera”.
Raúl también destaca de forma positiva que los internos que vivían en Cocina nunca lo obligaron a consumir alguna droga ni marihuana, sino que respetaron su opción de estar limpio de cualquier sustancia.
Esos 30 días le afectaron psicológicamente, eran sus primeros días preso, encerrado, con el peso de haber sido acusado de tráfico de armas, un delito que no terminaba de entender porque no había pruebas de las acusaciones de la fiscalía.
Su paso a la sección de el Palmar le dio más tranquilidad, con sabiduría asumió que estaba “adentro, que debía vivir, convivir y aceptar esa realidad”, para sí sabía que iba a ser por un largo tiempo porque el proceso en su contra tenía un tinte e interés “político”.
“Era un tema político y el gobierno no iba a querer fácilmente dejarse doblegar o ganar una batalla, peor con un cocalero de Adepcoca de los Yungas que es contrario al gobierno”, comenta Raúl.
En 22 meses se adaptó a su situación, por eso cuando pasó la puerta de la cárcel al encuentro de una libertad parcial, no tuvo ninguna impresión, excepto sentir el calor familiar, ver a su madre y hermano que lo esperaban en la plaza de San Pedro.
“Casi no me sentía afligido o angustiado en la cárcel porque había asumido el hecho de estar adentro”, dice en un tono siempre tranquilo y sin prisa.
Un cambio espiritual
Raúl también experimentó un cambio espiritual. Fortalecer su fe y creer en Cristo le ayudaron a sostenerse todos los días. Se hizo amigo de un peluquero que era pastor y que lo invitó a la iglesia, al principio se negó, pero después para distraerse y ocupar su tiempo accedió.
Después de seis meses fue a la iglesia, “eso me fortaleció mucho más”; cuenta que su fe le aliviano su presencia en el penal “ya no sentí mucho que estaba en la cárcel”; es más, no le preocupaba la amenaza del Ministerio de Gobierno de encarcelarlo 15 años, si no aceptaba el proceso abreviado.
El dirigente cocalero fue detenido en septiembre de 2022, poco después de la quema del mercado de Villa el Carmen que funcionó bajo la protección del Gobierno, pese a estar en contra de la Ley General de la Coca, que reconoce solo el mercado de Villa Fátima.
Sin pruebas de tráfico de armas
Uría fue imputado por tráfico de armas de acuerdo a los presuntos informes de inteligencia, aunque la fiscalía de La Paz no logró aportar con indicios reales para sostener una acusación de esa magnitud. De todas maneras, cumplió una detención preventiva ampliada de manera sistemática.
La primera fiscal que conoció el caso le dijo que no había nada en su contra, que le estaban haciendo la maldad, de todas maneras y sabiendo que no existían pruebas en su contra, la fiscal pidió su detención preventiva.
El año pasado, en el mes de mayo, el juez Marco Antonio Amaru dictó su detención domiciliaria, pero le impuso una fianza “millonaria” de Bs 250.000, definitivamente impagable, además de 11 requisitos que debía cumplir. En diciembre la medida fue revocada.
“Yo dije que era mejor permanecer ahí (en la cárcel) de nada sirve que yo salga sin derecho a trabajar y peor pagar esa suma”, recuerda Uría, de esa manera se quedó casi otro año detenido.
Pero no era suficiente retenerlo, el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno lo acusaron de agredir a una sargento que estuvo en el operativo de detención del líder cocalero César Apaza, ni siquiera se dieron cuenta de que para eso el joven dirigente ya estaba en el penal de San Pedro.
“Ese proceso era de César Apaza, me quisieron involucrar, pero cuando lo detuvieron, para eso yo ya estaba detenido”, cree que se dieron cuenta y en las audiencias ya no plantearon el tema.
Pese a que realizaron dos pericias a su teléfono celular, que fue secuestrado cuando fue detenido, plantearon realizar una tercera pericia al teléfono móvil. “Yo decía hasta cuándo van a hacer las pericias, siguieron alargando la detención preventiva, daban tres meses, un mes y medio más, etc”.
Luego intentaron plantar otro elemento, supuestamente había un flash color negro cuando se realizó el secuestro de sus pertenencias, Raúl Uría en más de una oportunidad dijo que en su mochila solo estaban dos credenciales y su celular, los que fueron secuestrados por la Policía.
Este año, nuevamente el juez Amaru le impuso la misma fianza millonaria, su abogado Jorge Valda objetó la medida. En junio el juez Orlando Rojas revocó la resolución de su colega, y eliminó la fianza de Bs 250.000 y mantuvo otras medidas sustitutivas, medida que posibilitó al fin su libertad, ahora se defenderá en libertad aunque condicionada.
Raúl Uría el 12 de julio cuando dejó la cárcel, su hermano a su lado, además un policía lo acompaña al juzgado a trámites administrativos. Foto: ANF
Sin derecho al trabajo
Raúl Uría a pesar de todo tiene buen ánimo, ahora su principal preocupación es cómo va a generar ingresos económicos desde su casa, toda vez que la justicia determinó su libertad domiciliaria, pero sin derecho a salir ni trabajar.
“Aquí (en casa) voy a tener más espacios, no hay otra. También voy a ver qué puedo hacer desde casa”, sostuvo Raúl a la ANF, se trata de “sobrevivir”, siente que necesita apoyar a su familia en los gastos del hogar después de 22 meses que su madre estuvo pendiente de su situación.
“Lamentablemente así es la situación de un preso político”, comenta. En la cárcel aprendió a hacer trabajos de artesanía en venesta, con un grupo de privados de libertad lo hacían en sus celdas porque la trabajadora social a pedido de otros internos y del propio Delegado les prohibieron hacerlo en el patio.
Rememora y deja claro que los internos compran sus materiales, no es cierto -dice- que Régimen Penitenciario les facilite, por esa razón alguna vez cuestionó al Delegado porque existe plata para las “borracheras”, pero no para el material que necesitan para trabajar y generar algo de recursos.
Desde que se ingresa al penal “es un gasto”, solo en Grulla se tiene que dar Bs 200, si el detenido no cancela lo pegan hasta que pague; para entrar a sección es “otro gasto”, por lo mínimo “está a Bs 4.000”. Aunque esto ya no se respetaría “ahora sacan dependiendo el delito y de acuerdo al caso, si es por la 1008 le sacan hasta 8.000 o 10.000 bolivianos”.
El principal malestar al interior del centro penitenciario es que nadie sabe dónde van esos recursos económicos. Al que denuncia lo castigan enviándolo a otra cárcel o lo amenazan. “Un día vino el director departamental de Régimen, Calisaya, nos hizo llamar de emergencia y nos dijo que no habría más bonos, que todo el dinero se irá arriba”, se dejó solo el pago de tres bonos con montos ínfimos.
Hasta junio del año pasado el Delegado rendía cuentas, incluso cada dos meses a los internos que no tienen visitas les entregaban Bs 200, pero eso cambió ya no existen informes del manejo de los recursos económicos.
Raúl reivindica sus derechos a pesar de su condición de ser un detenido, “estamos presos, pero eso no nos quita el ejercicio del resto de nuestros derechos, aparte de ser internos, somos personas, no somos animales para que nos traten como nos trataban allá”, comenta.
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