La fase de evaluaciones a los postulantes para las elecciones judiciales comienza el viernes 19, luego de que la Sala Constitucional de Beni dejara sin efecto la medida cautelar que paralizó el proceso.

La noche del miércoles, la Vicepresidencia del Estado publicó en sus redes sociales una lista de 398 profesionales habilitados para ese proceso.

Elecciones judiciales

La convocatoria para la reanudación del proceso para los tribunales Supremo de Justicia y Constitucional fue publicada en las redes sociales de la Cámara de Senadores. “(Se convoca a) a los postulantes habilitados para el Tribunal Constitucional Plurinacional y Tribunal Supremo de Justicia para la fase de evaluación de méritos al examen de preguntas escritas y respuestas orales (…), la fase se desarrollará del 19 al 24 de julio del año en curso en el antiguo hemiciclo de la Cámara de Senadores”, se lee en el comunicado.

Existe una creciente expectativa por la realización de las elecciones judiciales, principalmente por los tiempos “ajustados” para su ejecución. Actores políticos del ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) calificaron de “prioritario” ese proceso respecto de las elecciones primarias, de las que pidieron su suspensión.

Postulantes

Al respecto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) también planteó la suspensión de la elección interna, pues no puede organizar dos comicios simultáneos. En ese afán, ese órgano propició un encuentro político multipartidario con la representación de los partidos políticos y las alianzas con presencia en la Asamblea Legislativa. En él, se acordó derivar a la Asamblea Legislativa la consideración de la pertinencia o no de las elecciones primarias.

Ese acuerdo tuvo el respaldo de todos los asistentes, excepto del expresidente Evo Morales y el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, que no firmaron el acuerdo, pues defienden la realización de las primarias.

Acuerdo

Ahora se espera el desarrollo “sin trabas” de la preselección.

La premura de las judiciales también responde al periodo constitucional de seis años que ya cumplieron los magistrados y consejeros electos en 2019, cuyo mandato vencía el 31 de diciembre de 2023, pero éste fue prorrogado por la Declaración Constitucional 249/2023, emitida en diciembre de ese año.