Fuente: DW
Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) empezó este lunes (22.07.2024) una visita de cinco días a Guatemala para verificar la situación de la democracia en el país centroamericano, a petición del Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León.
«El propósito de la visita es observar los impactos del proceso de debilitamiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial en el país a partir de la última visita realizada en 2017», dijo la comisionada de la CIDH, Andrea Pochak, durante una conferencia de prensa.
Específicamente, la comitiva de la CIDH «observará la situación de derechos humanos de grupos, en especial situación de vulnerabilidad, desde los enfoques étnico racial y de género», además de verificar «la situación de la libertad de expresión, la seguridad ciudadana, los derechos a la memoria, la verdad y justicia, así como los derechos económicos, sociales y culturales en Guatemala», añadió Pochak.
De acuerdo con la abogada argentina, la delegación visitará los departamentos (provincias) de Guatemala, Alta Verapaz, Izabal, Petén, San Marcos, Sololá, Totonicapán y Quetzaltenango, donde «se reunirá con autoridades locales» y personas «de la sociedad civil». La misión realizará otra rueda de prensa el 26 de julio para divulgar «las observaciones preliminares» de la visita, que se extenderá durante toda la semana.
El éxodo de cientos de personas de Guatemala
Durante las presidencias de Jimmy Morales (2016-2020) y Alejandro Giammattei (2020-2024), más de un centenar de personas -entre fiscales, periodistas, activistas y jueces- tuvieron que salir al exilio ante la persecución judicial promovida por la Fiscalía.
El alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Turk, visitó Guatemala y calificó como «preocupante» que el sistema de justicia sea utilizado para criminalizar a quienes «intentan combatir la corrupción».
Uno de los casos más simbólicos en el país centroamericano es el del periodista José Rubén Zamora Marroquín, en prisión preventiva desde 2022 por un supuesto caso de lavado de dinero, tras ser capturado cinco días después de lanzar fuertes críticas por corrupción a Giammattei y a Miguel Martínez. En el mismo sentido, salió al exilio la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra, quien también fue encarcelada por más de un año debido a un supuesto delito administrativo.