El juez cruceño asegura que no se presentará en La Paz. Tapia Pachi advirtió al ministro Alfredo Rada de que “tarde o temprano” responderá ante la justicia.
Manifestación: el juez Luis Tapia Pachi (derecha) en una protesta del foro cruceño, cumplida ayer
La Prensa
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El Gobierno inició un proceso penal contra el juez Luis Tapia Pachi y el fiscal Óscar Flores Velarde, ambos de Santa Cruz, ante el Ministerio Público de La Paz, por la supuesta comisión de cinco delitos y el fiscal Prudencio Flores emitió citatorios para que las dos personas comparezcan hoy a declarar.
La demanda contra estas autoridades judiciales, presentada el lunes 7, es por uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y prevaricato.
El proceso es resultado de que la Corte de su distrito asignó el caso a Tapia Pachi y puede conocer la investigación de las actividades de la milicia dirigida por Eduardo Rózsa Flores, por lo que la juez paceña Betty Yañíquez no debe continuar al frente del caso.
La decisión del juez cruceño generó un conflicto de jurisdicción que todavía no ha quedado completamente resuelto, pues hay dos sentencias, una de la Corte de La Paz y otra emitida por tribunales cruceños.
La Sala Penal Tercera de La Paz declaró procedente una acción de amparo constitucional interpuesta por el fiscal Marcelo Soza, de La Paz, que abrió la indagación correspondiente, para que continúe esta labor, en tanto que la Sala Penal Segunda de Santa Cruz confirió potestad a Tapia Pachi para dirigir la causa.
Los magistrados cruceños solicitaron los antecedentes del caso que se procesa ilegalmente en la ciudad de La Paz.
Sobre la base del primer fallo, Soza continúa las investigaciones y emitió un mandamiento de aprehensión para que el ex líder cívico cruceño Branko Marinkovic explique, en La Paz, su relación con el grupo liderado por Rózsa Flores.
Tapia Pachi estudia acciones
En declaraciones hechas a los medios cruceños, Tapia Pachi sostuvo ayer: “No he cometido delito alguno, me están convocando por el solo hecho de hacer respetar la ley y porque se quiere atentar contra el Poder Judicial de Santa Cruz y del país en su conjunto”.
Como consecuencia de ello, el juez cruceño adelantó que analizará las acciones que seguirá para no comparecer en la Fiscalía de la sede del Gobierno.
Prudencio Flores advirtió ayer de que emitirá una orden de aprehensión en contra del magistrado y el fiscal cruceño si es que no acuden a su llamado.
El representante del Ministerio Público informó que Tapia Pachi debe presentarse a las 10.00 de hoy, en tanto que Flores debe hacerlo a las 11.30.
En caso de “inconcurrencia o si no se justifica su ausencia vamos a aplicar lo que establece el procedimiento, que es la orden de aprehensión”.
El lunes, Dennis Rodas y Boris Villegas, abogados del Ministerio de Gobierno, presentaron el respectivo memorial de demanda, mediante el que afirman que “la investigación se inició en La Paz por una querella interpuesta por el Ministerio de Gobierno contra los sobrevivientes de la célula de mercenarios desbaratada en abril pasado en Santa Cruz, el boliviano Mario Tádic y el húngaro Elöd Tóásó, hoy recluidos en la cárcel de San Pedro”, por lo que el proceso debe seguir en La Paz.
Mientras Óscar Flores optó por el silencio, Tapia Pachi calificó la demanda como “un abuso, es una arbitrariedad y le digo a (Alfredo) Rada que de aquí en adelante usted y los otros ministros serán responsables de lo que pase y que no sea cobarde para dar poderes a otra persona, sea valiente y firme, y asuma su responsabilidad”.
La FELCC no ejecuta orden contra Marinkovic
El fiscal paceño Marcelo Soza emitió el viernes una orden de aprehensión contra el ex presidente del Comité pro Santa Cruz Branko Marinkovic que efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz no ejecutaron hasta anoche.
La decisión de Soza fue resultado de que Marinkovic no acudió a una primera convocatoria, prevista para el viernes 4 por la mañana.
El representante del Ministerio Público indaga las actividades de la milicia de Eduardo Rózsa Flores, quien fue abatido la madrugada del 16 de abril en el hotel Las Américas junto a sus camaradas Micheal Dwyer, irlandés, y Árpád Magyarosi, rumano.
La Prensa intentó comunicarse ayer con autoridades de esa unidad policial en Santa Cruz y sólo recibió un “no sé” por toda respuesta, pues “el coronel Miguel González (director de ese organismo) no se encuentra”, por lo que nadie pudo dar razón exacta sobre la consulta.
Juan Manuel Arias, portavoz de Marinkovic, explicó que, pese a los esfuerzos del abogado Jorge Asbún, no pudo obtener una copia de esa orden firmada por Soza en La Paz.
“La Policía sabe que se trata de una ilegalidad, por lo que ni siquiera quiere mostrar ese documento. Las autoridades de la FELCC se han mostrado evasivas ante nuestras consultas”.
Arias añadió, sin embargo, que “la acción ilegal del fiscal Soza genera una mayor persecución” contra Marinkovic, quien permanece en Bolivia, y reiteró que el ex dirigente cívico no concurrirá a declarar a La Paz porque el caso debe ser investigado por la jurisdicción de Santa Cruz y procesado por autoridades judiciales de ese distrito.
“Viola todos los derechos”
La denuncia interpuesta en La Paz por el Ministerio de Gobierno contra un juez y un fiscal de Santa Cruz “viola derechos fundamentales” y da lugar a que las personas demandadas interpongan recursos previstos en la Constitución, según Edwin Rojas Tordoya, presidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (Conalab).
El jurista explicó que toda denuncia debe tramitarse en el lugar del domicilio del imputado, que en este caso es Santa Cruz, porque de lo contrario “el demandado puede presentar ante la Corte de su distrito judicial una acción de libertad, si hubiera comenzado ya la persecución y una acción de amparo si ésta no se hubiera puesto en marcha aún”.
Comentó luego que es inaplicable el Decreto 138 que ordena juzgar en La Paz los actos de terrorismo, porque el juez que pretende investigar este caso (Tapia Pachi) no es un terrorista, y afirmó que esa disposición legal viola alrededor de 60 artículos de la Constitución Política del Estado aprobada por el voto popular el domingo 25 de enero de este año.
Si los recursos legales que presenta el imputado fueran declarados procedentes, todas las acciones legales consecuentes del proceso no pueden seguir adelante, por lo que mandamientos, interrogatorios y audiencias no podrán realizarse
Rojas Tordoya advirtió de que en caso de prosperar el caso abierto contra Tapia Pachi, “el país corre el riesgo de que, por venganza, un juez de La Paz podrá ser demandado en Beni o Pando y uno de estos distritos en Cobija, lo que nos llevaría a una situación de caos jurídico”.
Desestimó, también, la posibilidad de que los magistrados de una región tiendan a favorecer a sus paisanos, porque deben actuar dentro de los márgenes de la ley, pues, de lo contrario, incurrirían en el delito de prevaricato, lo que haría pasible a sanciones.
Personas detenidas preventivamente en La Paz
Los sobrevivientes del 16 de abril Mario Tádic y Elöd Tóásó. Además, Gelafio Santiesteban.
Leopoldo Fernández y tres acusados por la “matanza de Porvenir” del 11 de septiembre de 2008.
Felipe Moza y Jorge Melgar Quete, por los desórdenes civiles de agosto y septiembre de 2008.
Conflicto
El juez Luis Tapia Pachi dice que el caso Rózsa debe ser investigado en Santa Cruz.
El Ministerio de Gobierno exige que el tema sea procesado por la justicia de La Paz.
La competencia judicial todavía no ha quedado completamente resuelta.
Fiscal paceño anunció la aprehensión de juez Tapia
Proceso. El juzgador debe declarar en La Paz, hoy
Juzgador. Tapia restó importancia al anuncio de captura en su contra
El Deber – Agencias.
El fiscal paceño Prudencio Flores anunció, ayer, la aprehensión del juez Octavo de Instrucción en lo Penal de la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz, Luis Hernando Tapia Pachi, si no se presenta a declarar hoy en la sede de Gobierno.
El magistrado es acusado por el Gobierno de proteger a varios líderes regionales cruceños, que habrían financiado la llegada y estadía en Bolivia del presunto grupo terrorista comandado por el extinto boliviano-húngaro Eduardo Rózsa Flores, que fue desarticulado el 17 de abril en el céntrico hotel Las Américas.
El fiscal Flores, que investiga al juez cruceño, dijo que tanto Pachi como el fiscal Óscar Flores, también de Santa Cruz, serán pasibles a la aprehensión si no cumplen con la citación de presentarse a declarar en La Paz a las 11:30 de hoy.
El Ministerio de Gobierno inició el juicio penal contra Pachi y Flores, bajo los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes en el caso de la investigación de la desarticulada célula terrorista comandada por Rózsa, quien fue abatido a tiros por fuerzas policiales.
Tapia Pachi dijo, en varias oportunidades, que no se trasladará a La Paz ni brindará declaración alguna, porque la jurisdicción del caso le compete a la Corte de Santa Cruz.