La historia se repite, pero no como tragedia primero y comedia después, sino como tragedia y mayor tragedia siempre.
En 2019, el régimen indianista-pseudomarxista (por lo de socialismo 21) de Morales Ayma intentó prorrogarse una vez más: Ya lo había hecho en 2010 aduciendo que era “su primera vez” por su Constitución falazmente “originaria”; lo repitió en 2014 con el mismo argumento, avalado por un TCP propuesto por él mismo y que no fue votado ni por su gente, y volvió a repetirlo en 2019 —violando los resultados del referéndum constitucional de 2016 que él mismo convocó—, con el aval del mismo TCP ya en su salida y arguyendo un “derecho humano” inventado por sus genuflexos dependientes leguleyos.
En Venezuela, la dictadura narco-socialista 21 de Maduro Moros no tuvo esos problemas “legales”: el Comandante Eterno —eternamente fallecido— ya hizo la tarea en 2007 cuando “su” Asamblea Legislativa —sólo suya, porque la oposición, en un yerro que ha pagado después, no participó en elecciones—, con la Ley Habilitante” y al grito de “Socialismo o Muerte” “corrigió” “su” Constitución de 1999 —también era pergeñada por el difunto Chávez Frías— para incluir la reelección indefinida.
Venezuela 2024 vive un panorama parecido al de Bolivia 2019 pero con diferencias significativas: En Bolivia 2019 —amén de las triquiñuelas “constitucionalmente” mentirosas previas para que el exJefazo tuviera su camino autorizado— no hubo una candidatura de unidad opositora (aunque sí voto amplio por un presidenciable, pero que no se igualó por sus parlamentarios) como sí la hubo en Venezuela 2024; en nuestra hermana Venezuela, en 2024 hay una lideresa potente y reconocida: María Corina Machado Parisca, mientras en Bolivia 2019 —tampoco en 2024 ni, tal ahora, en 2025— no lo hubo; en Bolivia 2019 el candidato mayoritario dentro de las oposiciones reclamaba una segunda vuelta (aceptando tácitamente que ni él ni el reelegible habían logrado la mayoría requerida del 50% más uno de los votos válidos) mientras que en Venezuela 2024 es muy palpable de que hubo una contundente victoria del candidato opositor; en Bolivia 2019, el desbande oficialista sin un ganador en elecciones obligó a una transición constitucional, que recayó en la única persona habilitada para ello: la opositora segunda vicepresidenta del Senado que, con valor y dignidad, pero sin verdadero respaldo político ni aptitud, se hizo cargo de la Presidencia, mientras que en Venezuela 2024 sí hay un ganador, con respaldo político amplio y reconocimiento internacional. Por más, en Bolivia 2019 la OEA era observador de las elecciones —entre otros imparciales— y en Venezuela 2024 no hay imparcialidad de observación internacional —el Centro Carter sólo pudo habilitar 17 observadores en todo el país—; ante los reclamos ciudadanos, en Bolivia 2019 el Gobierno convocó a la OEA para una auditoría electoral (confiado de que obviaría la manipulación) y “el tiro le salió por la culata” pero en Venezuela 2024 todo esto es inimaginable.
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Habría muchos puntos más a comparar y analizar, pero es importante que veamos los escenarios posibles: Venezuela hoy (como Bolivia) es un régimen autoritario con una pseudo democracia electoralista; como tal, sin ser un régimen totalitario (partido único como Cuba y prácticamente único como Nicaragua), ante un hecho como éste de perder elecciones, tiene dos caminos: aceptarlo (lo que conlleva su desaparición o, al menos, la de su cúpula y la cohabitación en desventaja y acuerdos con la oposición, esto a partir de la propuesta de la oposición de un entendimiento a modo de democrática entente cordiale entre todas las tendencias venezolanas) o forzar un fraude —mayúsculo y absolutamente identificable como el que está promoviendo. Si fuerza el fraude —que conlleva pasar sin ambigüedades al escalón del totalitarismo—, la consecuente indignación popular llevaría a una reacción, que pudiera ser violenta o de resistencia pacífica —como fue mayoritariamente en Bolivia 2019 y como reclama ahora la dirigencia de la oposición— y ante la reacción de resistencia ciudadana, el madurismo tiene dos caminos a su vez: emplear la fuerza (FFAA y Policía Bolivariana) para reprimir —con un consecuente baño de sangre de magnitud impredecible— o dejar el Poder. Hasta ahora el escenario ha sido de fraude mayúsculo y el escenario posible de resistencia ciudadana pacífica con el potencial empleo violento de la fuerza por el oficialismo. Por ende, la ambigüedad de las FFAA hasta ahora —«defender la voluntad popular»— puede entenderse de muchas maneras y no generar confianza o advertencia.
Los próximos días serán decisivos: en Bolivia fueron 21 días de incierta pulseta hasta la huida del cobarde. Pero lo seguro es lo que repitió María Corina Machado en toda la campaña: «Esto no lo para nadie».
Esperemos que el escenario sea sin violencia.