Desde Petrobras hasta el Banco de Brasil, la gestión del gobierno sobre compañías clave como Petrobras o el correo están bajo escrutinio
El logotipo de la petrolera estatal brasileña Petrobras aparece en su edificio en Río de Janeiro, Brasil (REUTERS/Ricardo Moraes/Archivo)
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Fuente: infobae.com
¿Qué está pasando con la petrolera brasileña Petrobras? Buque insignia de la industria del gigante latinoamericano en el pasado permitió a Brasil dejar de depender de las importaciones de petróleo. Hoy produce más de tres millones de barriles diarios, un activo que ahora corre el riesgo de verse comprometido por decisiones tomadas en el pasado y que en su momento ya demostraron ser económicamente infructuosas. Se trata, en particular, de la decisión del gobierno de recomprar refinerías que estuvieron en el centro de grandes escándalos de corrupción destapados por la operación Lava Jato de los jueces de Curitiba. En el centro de la polémica está el intento de recomprar la refinería de Abreu y Lima, en el estado de Pernambuco, que, sin embargo, aún no está lista, a pesar de que en el pasado se aumentó el coste inicial de 2.000 millones de dólares a 20.000 millones de dólares.
Sin embargo, ésta no es la única refinería que Petrobras quiere tener en sus manos. La petrolera está dispuesta a recuperar el control total de la refinería de Mataripe, en el estado de Bahía, que había sido vendida en noviembre de 2021, durante el gobierno de Jair Bolsonaro, a Acelen, una empresa del fondo árabe Mudabala Capital. Según un comunicado del sindicato de la Federación Unitaria de Trabajadores del Petróleo (FUP), Petrobras recuperará en breve el control del 100% de la empresa. También está en juego la Refinería de Amazonas, vendida por el anterior gobierno a una empresa privada, Atem, que, según el sindicato, no tiene intención de renunciar a su propiedad. Según el sindicato, la planta se habría vendido a un precio inferior al de mercado, y la gestión privada habría puesto en peligro la producción de petróleo en la región. El pasado junio, Petrobras también rescindió el contrato, firmado por el gobierno de Bolsonaro en 2020, con el grupo brasileño Unigel para la producción de fertilizantes en dos plantas de Petrobras en Laranjeiras, en el estado de Sergipe, y en Recôncavo, en el estado de Bahía. La justificación de la petrolera es que Unigel incumplió los plazos de entrega de las instalaciones industriales. Unigel no sólo niega este retraso, sino que ahora exige la devolución de unos 700 millones de reales (124 millones de dólares) invertidos en las dos unidades. En noviembre de 2023, Petrobras también canceló el contrato de venta de Lubricantes y Derivados de Petróleo del Nordeste (Lubnor), una refinería en Ceará, que había sido negociada por 34 millones de dólares en 2022 con un grupo especializado en asfaltos, y que ya debería haber sido entregada.
Desafortunadamente, durante los dos primeros mandatos de Lula y el primero de Dilma Rousseff, Petrobras se convirtió en una caja de Pandora que contenía todos los pecados de la mala política. Su endeudamiento en favor del gobierno con proyectos como la construcción de astilleros y la compra de buques sonda ha alcanzado la cifra récord de 350.000 millones de reales (62.018 millones de dólares), la mayor deuda de América, sólo superada por la de General Electric. Basta pensar en la compra de la refinería de Pasadena, en Estados Unidos, que costó a Brasil 1.200 millones de dólares en 2008, frente a los 42 millones que la belga Astra Oil había gastado en 2005 para comprarla. Por esto, en 2017, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) castigó al expresidente de Petrobras José Sergio Gabrielli y al director del área internacional Nestor Cerveró a la restitución de 79 millones de dólares a las arcas del Estado, además de una multa de 10 millones de reales (1,77 millones de dólares) a cada uno.
“Corrupción probada, masiva y declarada, negocios ruinosos para la empresa y decisiones empresariales suicidas se han combinado para llevar a Petrobras al purgatorio y a muchos de sus directivos a la cárcel. Ahora quieren repetir lo que hicieron, pieza por pieza, y con la tranquilidad de saber que nadie será molestado por la justicia”, escribe el periodista J.R. Guzzo en el diario O Estado de São Paulo. A principios de julio, Transpetro, filial de Petrobras, anunció la primera licitación para la construcción de cuatro buques destinados al transporte de combustibles. El plan prevé otras licitaciones hasta finales de 2025 para la construcción de un total de 25 buques. Lula ya había intentado en sus anteriores mandatos crear un polo naval en Brasil, pero los resultados fueron desastrosos. Sete Brasil, creada en 2010 para construir 28 buques sonda, entregó sólo cuatro antes de pedir la recuperación judicial en 2016. Este año se declaró en quiebra ante los tribunales.
Muchos cuestionan la repetición de proyectos fallidos y la falta de análisis cualitativo dentro de la propia Petrobras. En mayo pasado, su presidente Jean Paul Prates fue sustituido abruptamente por Lula por Magda Chambriard. “Nuestra gestión está totalmente alineada con la visión de nuestro presidente Lula y del gobierno federal. Al fin y al cabo, son nuestros accionistas mayoritarios”, dijo Chambriard en su ceremonia de toma de posesión en Rio de Janeiro. También en Julio, el presidente brasileño nombró al secretario jurídico del Gobierno, Wellington César Lima, abogado general de Petrobras. Mientras tanto, incluso en el frente de los consumidores, Petrobras empieza a hacer sentir su influencia. A pesar del intento de controlar los precios, el precio de la gasolina ha subido un 7,11% en las últimas semanas, lo que sumado a las subidas anteriores ha llevado a un incremento del 21,38% desde el inicio del tercer mandato de Lula, según datos de la Asociación Brasileña de Importadores de Combustibles. Se trata del mayor incremento de los últimos cuatro gobiernos.
En el debate público, pues, se abre un problema más amplio. Por un lado, el gobierno Lula construye toda su imagen sobre la sostenibilidad y el uso de energías limpias, pero por otro, su agenda real sigue avanzando en la dirección de la explotación de las energías fósiles. A quienes señalan esta discrepancia, desde Brasilia responden que el dinero generado por los combustibles fósiles es indispensable para financiar la transición energética del país. Sin embargo, como también denunció a finales de marzo Ana Toni, secretaria de cambio climático del Ministerio de Medio Ambiente, no existe ningún plan gubernamental que explique cómo se destinarán esos fondos a la descarbonización. Como demostró también el Fondo Social del Presal, creado en 2010 precisamente para canalizar los ingresos del petróleo hacia la mitigación del cambio climático, los 146.000 millones de reales (25.870 millones de dólares) recaudados se utilizaron finalmente sólo para reducir la deuda pública.
Pero, sobre todo, el tema de Petrobras devuelve al debate público la cuestión de las empresas estatales. Desde que llegó al poder, Lula nunca ha ocultado su plan de volver a ser propiedad estatal lo que su predecesor Bolsonaro había privatizado. Sin embargo, ahora, se le reprocha que no sirva a los intereses del desarrollo del país, sino sólo a los de la política. “El presidente ya dijo un millón de veces que, tanto en relación a la política de precios de Petrobras como en relación a su política de inversiones, siendo una empresa estratégica, actuará como controlador”, dijo el ministro de Economía, Fernando Haddad, en una entrevista a CNN Brasil.
Pero al igual que ocurre con Petrobras, otras empresas estatales también muestran signos de mala gestión. Correos, por ejemplo, cuya privatización estaba en fase de consulta pública, ha impuesto por primera vez en su historia el secreto sobre su balance del primer trimestre. La medida se habría tomado para ocultar la enorme pérdida registrada en ese periodo, que, según fuentes de la empresa, alcanzó los 800 millones de reales (141,8 millones de dólares), cifra que supera la pérdida del año pasado, de 597 millones de reales (106 millones de dólares). También a instancias de Lula, bancos públicos como el BNDES, la Caixa Económica y el Banco de Brasil están desembolsando dinero a raudales a estados y municipios para la construcción de infraestructuras. Hasta ahora se han desembolsado 56.400 millones de reales (9.994 millones de dólares), una cifra superior a la suma de todo el dinero desembolsado en el gobierno anterior. A continuación, Lula resucitó Ceitec, una empresa estatal de chips que estaba en liquidación por no haber obtenido jamás beneficios desde su creación en 2008. Y por si fuera poco, el presidente brasileño quiere ahora que Telebras, la única empresa estatal de telecomunicaciones de Brasil, sustituya a Starlink, de Elon Musk, en las zonas más remotas de Brasil. El problema es que hasta la fecha sólo la empresa de Musk dispone de una red de satélites capaz de llevar conectividad a lugares de difícil acceso como la Amazonia. El gobierno también quiere ampliar su control sobre el arroz. En las redes sociales el plan de Lula de comprar arroz en el extranjero y venderlo a precios reducidos con el logotipo del Gobierno, a pesar de que Brasil es un gran productor de este cereal, ya se ha rebautizado irónicamente como Arrozbras, como si fuera una nueva empresa estatal.
Logotipo del banco Caixa Económica Federal en el centro de Río de Janeiro (REUTERS/Pilar Olivares/Archivo)
Tampoco faltan las injerencias gubernamentales en los consejos de administración. Como informa el sitio de noticias Uol, en los próximos meses toda la atención se centrará en el nuevo presidente de la principal empresa minera de Brasil, Vale, que entrará en funciones en enero de 2025. El 91,3% del capital de este gigante minero es privado. Según UOL, encabeza la terna el ex tesorero del Partido de los Trabajadores de Lula, João Vaccari Neto. Vaccari ha estado en prisión durante cuatro años acusado de dirigir el sistema de recaudación de fondos del partido durante el escándalo del Petrolão, que destapó una trama de corrupción en Petrobras. Según UOL, aún tiene pendientes cuatro juicios en el Tribunal Regional Electoral del Distrito Federal. La mayor compañía eléctrica de Brasil, Eletrobras, privatizada hace dos años, también está en el punto de mira del gobierno, que, según informa O Estado de São Paulo, reclama ahora dos puestos más en el consejo de administración, donde actualmente sólo tiene uno.
La cuestión de las empresas estatales y su rendimiento en la economía brasileña será probablemente una aguja crucial en las elecciones presidenciales de 2026. Uno de los posibles candidatos, Tarcisio de Freitas, actual gobernador de San Pablo por el partido Republicanos, ya está construyendo su futura agenda política sobre este tema. Gran partidario de las privatizaciones, acaba de concluir la privatización de Sabesp, la empresa de gestión del agua y los residuos del estado de San Pablo. Además de querer privatizar otras 14 instituciones del estado que gobierna, se ha pronunciado sobre el futuro tanto de Petrobras como del Banco de Brasil. «No podemos depender sólo de nuestro espacio fiscal para movilizar inversiones», dijo en un evento público.
La única certeza es que los ciudadanos brasileños están cansados de tener que pagar la factura de las malas decisiones políticas. El debate de las ultimas semanas está encendido por la medida cautelar firmada por Lula, que de hecho favorece a los hermanos Wesley y Joesley Batista, del Grupo J&F, también denunciados por los magistrados del Lava Jato. En particular, se favorece a una de sus empresas, Âmbar, que en junio pasado compró plantas termoeléctricas que venden energía para Amazonas Energia, la distribuidora de energía del estado de Amazonas. Sin embargo, Amazonas Energia carga con deudas que, según un estudio publicado por una empresa especializada en tarifas energéticas, TR Soluzioni, recaerán en las facturas de las familias más pobres. Se trata de los hogares socialmente más vulnerables y que, por tanto, reciben una subvención. Sin embargo, para Paulo Pedrosa, presidente de la Asociación de Grandes y Libres Consumidores de Energía, Abrace, el mayor impacto de la medida provisional recaerá sobre la industria. Y esto se traducirá en costes para los productos que luego serán consumidos por los hogares, dijo Pedrosa. A pesar de que el Ministerio de Minas y Energía ha restado importancia a la polémica, diciendo que los valores son irrisorios, como ya ha ocurrido en el pasado, los ciudadanos temen tener que echar mano a la cartera para pagar los errores de otros.