El abogado Gary Prado dijo que el gobierno no cumplió con ninguna de las recomendaciones que hizo la CIDH, reparación económica, iniciar un proceso penal contra los responsables ni la atención médica.
Fuente: ANF
Una de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado boliviano fue investigar y sancionar a los responsables por el asalto en el Hotel Las Américas, en abril de 2009, pero no cumplió. Los abogados de las víctimas cuestionaron que ni el Gobierno ni la Fiscalía General hayan impulsado una investigación sobre las vulneraciones a los derechos.
“El Estado debió iniciar una investigación bajo esas condiciones, que se investigue de manera eficiente, seria, imparcial y rápida cosa que no se ha dado y no ha cumplido el Gobierno, eso se está esperando desde el año 2010”, afirmó el abogado que patrocinó a las víctimas, Gerardo Giannni Prado, en declaraciones a la ANF .
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El 21 de diciembre de 2021 la CIDH emitió un informe de fondo en el caso 13.546 Mario Tadic y otros contra el Estado boliviano, en el que establece que hubo ejecuciones extrajudiciales y torturas ordenadas por el Gobierno del expresidente Evo Morales en contra de cinco miembros de un supuesto grupo armado, para evitar un juicio internacional se recomendó iniciar un proceso contra los responsables.
Desde entonces, el Gobierno no cumplió con ninguna de las cinco recomendaciones que estipuló la Comisión y solicitó un plazo para que el Estado haga efectivo el cumplimiento de las mismas. Sin embargo, la CIDH rechazó la solicitud de prórroga que hizo el Gobierno y decidió remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) para iniciar la etapa contenciosa.
Las denuncias
En ese sentido, el jurista consideró que el Gobierno no tiene la capacidad de llevar a cabo una investigación seria e imparcial en contra de los responsables tomando en cuenta que en reiteradas oportunidades se presentaron denuncias en el Ministerio Público, pero fueron rechazadas.
“La principal recomendación, que es la obligación de investigar, yo considero que el Estado boliviano no está en la capacidad de realizar una investigación seria, diligente y efectiva de lo ocurrido en el Hotel Las Américas, tanto en el operativo como lo que pasó posteriormente”, puntualizó.
Tras conocer el informe de fondo de la CIDH, se conoció de la existencia de dos investigaciones sobre ese caso, Prado recordó que ambas denuncias fueron interpuestas por las víctimas y que no fueron impulsadas por el Gobierno, uno radica en La Paz y otra en Santa Cruz. Sin embargo, fueron rechazadas y hasta el momento no se conoce la situación de ambos procesos.
Los procesos fueron abiertos hace varios años, por ejemplo, el de Santa Cruz se abrió a raíz de una denuncia del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo, en 2019.
“Son dos procesos, uno que estaba en La Paz interpuesto por Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza que es con relación a la aprehensión violenta y su traslado a La Paz en pésimas condiciones y estaban con cinta masquín. El otro proceso se abrió en Santa Cruz y está relacionado con lo que ocurrió en el operativo del Hotel Las Américas con relación a Mario Tadic, Elöd Tóásó”, explicó.
A la vez, recordó que en 2015 presentó una denuncia en la fiscalía de La Paz por las torturas que sufrió Juan Carlos Guedes, pero fue rechazada. Ese mismo año se interpuso una nueva denuncia por las agresiones contra Mario Tadic y Elöd Tóásó, en Sucre, pero también fue descalificada.
Incluso señaló que hasta el momento no abrió una investigación por la muerte del ciudadano irlandés Michael Dwyer, que fue abatido durante el operativo en el Hotel Las Américas.
“El Estado tiene que abrir investigaciones de oficio y tiene que mover toda la maquinaria investigativa a efectos que se llegue a la verdad y no trasladar esa responsabilidad a las víctimas. Entonces, bajo todos esos elementos confirman que el Estado no está capacitado de abrir una investigación seria, diligente y efectiva sobre lo que ocurrió en abril de 2009”, manifestó.
Lo que no se hizo
Al respecto, el abogado Gary Prado dijo que el gobierno no cumplió con ninguna de las recomendaciones que hizo la CIDH. Primero, reparar integralmente las violaciones de derechos humanos; segundo, disponer las medidas de atención a la salud física y mental para la rehabilitación de las víctimas.
Tercero, iniciar una investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos e identificar todas las responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan. Finalmente, no cumplió con la reparación económica que solicitaron las víctimas.
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