El oriente afectado por incendios, proyectos de ley de preservación y sanciones están estancados en el Legislativo

La diputada de Creemos María René Álvarez dijo que en noviembre de 2023 remitió dos proyectos de ley a la Cámara Baja. Uno de ellos plantea la modificación de la Ley 1171 de Uso y Manejo Racional de Quemas para incrementar las penas.

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Incendios en Roboré, en Santa Cruz. Foto: RRSS

Fuente: ANF

Santa Cruz es la región más afectada por los incendios y los focos de calor, entre tanto, en la Asamblea Legislativa existen cinco proyectos de ley que están estancados y que tienen la finalidad de preservar los bosques e incrementar las sanciones contra los infractores.



Al respecto, la diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luisa Nayar, recordó que en noviembre de 2023 presentó el proyecto “Pachamama: no más fuego” y que fue remitido a la comisión de Región Amazónica, Tierra y Territorio de la Cámara Baja, pero hasta el momento no fue considerado.

“Es una situación que nos preocupa, no tiene un ápice de poder llevar a cabo el tratamiento de estos proyectos de ley, para prevenir estos hechos y sancionar a quienes realizan chaqueos. Conminamos al presidente de la comisión para que pueda aprobar este proyecto de ley y se le pueda brindar las garantías a la población de que se va a precautelar el medio ambiente”, afirmó en declaraciones a la ANF.

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De acuerdo con los datos del Sistema de Información y Monitoreo de Boques (SIMB) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, hasta las 21:00 de este lunes se registró un total de 11.376 focos de calor. La mayor parte se encuentra en el departamento de Santa Cruz con 9.322, es decir, concentra el 82% de los puntos de calor.

En ese sentido, su colega de Creemos, María René Álvarez, dijo que en noviembre de 2023 remitió dos proyectos de ley a la Cámara Baja. El primero plantea la modificación de la Ley 1171 de Uso y Manejo Racional de Quemas para incrementar las penas a quienes provoquen los incendios.

A la vez, señaló que también presentó el proyecto de ley de abrogación a la Ley 741, referida a la autorización de desmontes hasta 20 hectáreas consideró que esa norma es una de las responsables de la quema de bosques en el país.

“Ninguno de estos proyectos han sido tratados en la comisión no han sido tratados, todos están estancados a raíz de esta cortina de humo que existe en la Asamblea Legislativa, sobre todo a la obstaculización de nuestro trabajo parlamentario”, señaló.

Otros proyectos 

De acuerdo con una revisión que hizo este medio, se identificó dos proyectos de ley de prevención de quemas y de respuesta inmediata contra los incendios forestales, ambas normativas se encuentran en tratamiento en la comisión de Tierra y Territorio de la Cámara de Senadores.

En noviembre de 2023, los senadores Walter Justiniano, Cecilia Requena, Andrea Barrientos, Neila Velarde, Rodrigo Paz, Fernando Vaca, Nely Gallo y Santiago Ticona presentaron el proyecto de “Ley de Respuesta Inmediata contra Quemas e Incendios”, que demanda la abrogación del paquete de leyes incendiarias y el aumento de los montos de las multas por desmonte e incendios. Fue sometido a varias mesas técnicas para su corrección.

En ese mismo mes, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, remitió el proyecto de “Ley de Prevención y control de la Deforestación y Degradación de los Bosques, Sustitución de Quemas y Acciones de Respuesta contra Incendios Forestales”, uno de sus objetivos es asumir medidas inmediatas para prevenir y reducir progresivamente la deforestación y degradación forestal.

Falta de políticas

Por otra parte, Nayar cuestionó que el Gobierno no cuenta con una política nacional para enfrentar los incendios forestales, ni establece sanciones drásticas contra los infractores, consideró que impulsó la aprobación de normas incendiarias.

“Se puede evidenciar el poco interés que tiene el gobierno de Luis Arce por atender este problema. No existe una política nacional para enfrentar los incendios, más bien ha impulsado leyes incendiarias que flagelan el medio ambiente. El azuzar a sus movimientos sociales para que realicen chaqueos y avasallamientos acarrean estas consecuencias”, puntualizó.

Álvarez coincidió con su colega de oposición, lamentó que el Gobierno no haya elaborado un plan a largo plazo para evitar que el oriente boliviano sea afectado por incendios. Además, como representante de la Chiquitania afirmó que esa región está siendo afectada por los avasallamientos y la tala indiscriminada de árboles.

“La Chiquitania está sometida a la tala indiscriminada, avasallamiento y el ingreso a las áreas protegidas provocan que se incrementen los incendios y lamentablemente no hay respuesta por parte del Gobierno. Hemos enviado notas, minutas de comunicación a los tres niveles del gobierno, pero no hemos tenido respuesta”, manifestó.