Lo manifestó en su informe final tras concluir su último periodo de sesiones
Fotografía de archivo en donde se ven reclusos mientras realizan ejercicios durante un recorrido de la prensa a la cárcel de Cotopaxi en Latacunga (Ecuador). EFE/ José Jácome
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Fuente: infobae.com
Tras concluir su octogésimo periodo de sesiones, el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas ha publicado sus preocupaciones sobre los informes de Ecuador, Costa de Marfil, Corea del Norte y Turquía respecto a la aplicación de las disposiciones de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
El periodo de sesiones se extendió desde el 8 al 26 de julio de 2024. Claude Heller, que encabeza el Comité, se pronunció sobre la situación de cada uno de los países y comentó las observaciones finales a cada informe. En el caso de Ecuador, Heller mostró preocupación por la militarización de la seguridad pública y las denuncias de posibles violaciones de la Convención debido a “la actuación excesiva de las Fuerzas Armadas”. Desde el 9 de enero de 2024, Ecuador se encuentra bajo conflicto armado interno y ya se han reportado ejecuciones extrajudiciales, como la de un joven que recibió disparos de militares mientras se movilizaba a vender un perro.
Sobre la militarización, en mayo, la ONG Human Rights Watch se refirió a los abusos y a las “serias violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad” cometidos en el país tras la declaratoria de conflicto armado interno. Las violaciones de derechos reportadas por HRW incluyen “una aparente ejecución extrajudicial, varias detenciones arbitrarias y casos de malos tratos en prisión, que en algunos casos pueden constituir tortura. Nuestras investigaciones indican que podrían haberse cometido muchas más violaciones de derechos humanos”.
Carlos Javier Vega Ipanaque recibió disparos por parte de militares que le ocasionaron la muerte. (X/CDH.GYE)
El Comité también observó la frecuente adopción de declaraciones de estado de excepción como respuesta a la crisis carcelaria. Esto desde el 2019 cuando empezaron los primeros levantamientos en las prisiones que escalaron y se convirtieron en masacres con cientos de presos asesinados. En cada uno de estos estados de excepción los mandatarios han dispuesto la movilización militar para mantener el control de las cárceles. Actualmente, los reclusorios del país están militarizados en medio de denuncias de los familiares de los presos de torturas dentro de los centros y de falta de alimentación.
A esa situación, el comité agregó su preocupación por las “graves deficiencias” del sistema carcelario del país. Esto en referencia a la gobernanza criminal y la extorsión en las prisiones. Una delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el 2022, ya diagnosticó la situación de las cárceles del Ecuador y reclamó al Estado que recupere los reclusorios. Para el Comité las preocupaciones también se centran en “la falta de personal penitenciario y de seguridad, la corrupción, el ingreso de armas de fuego y drogas, así como los frecuentes motines y otros incidentes violentos, incluidas las muertes denunciadas de más de 680 personas entre 2018 y 2023″.
Fotografía de archivo de una joven sostiene que un cartel de protesta durante una concentración de mujeres a favor del derecho al aborto frente a la Corte Constitucional de Ecuador, en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome
Ante la situación de las cárceles, el Comité dijo haber solicitado al Estado ecuatoriano “que redoblara sus esfuerzos para abordar la crisis carcelaria y sus causas sistémicas con un enfoque de derechos humanos, priorizando las políticas de rehabilitación, reeducación y reinserción social, la desmilitarización del control de las prisiones y la prevención de la violencia”.
En su pronunciamiento Heller también observó la “penalización del aborto por motivos distintos de la violación o la amenaza a la vida de la madre”. Aunque el Comité tomó en cuenta las reformas legales sucedidas en Ecuador para autorizar el aborto en casos de violación, recordó que “la aplicación limitada de la ley” causa que las mujeres y las niñas deban “recurrir a abortos clandestinos y las exponía, al igual que a los profesionales médicos, a sanciones penales”. En este asunto, el comité alentó al Ecuador “a despenalizar el aborto e incluir otras excepciones legales a la prohibición del aborto, en particular cuando el embarazo era resultado de incesto y en casos de malformación grave del feto”. Según una investigación de la Fundación Periodistas Sin Cadenas, en 2023, más de 30 ecuatorianas viajaron a Colombia para acceder a abortos seguros y legales.