«No puede haber delegación de tareas, si eso se está dando en Bolivia es que la autoridad ha perdido el sentido de mando, ya no tiene control sobre la población penitenciaria, entonces, tiene que recurrir al submundo delincuencial, para fortalecerse y para entre comillas evitar el ingreso o la salida de alguna persona de un recinto penitenciario», señaló el especialista en temas penitenciarios, Ramiro Llanos.
La Paz, 8 de agosto de 2024 (ANF).- Impedir el ingreso de un interno a un centro penitenciario por decisión de un “voto resolutivo” generado por representantes de los privados de libertad, evidencia que la administración penitenciaria ha delegado atribuciones a los reclusos y ha perdido autoridad.
“Cuando Régimen Penitenciario dice que ha habido un voto resolutivo, está aceptando que está delegando esa tarea, está aceptando que ya no controla el recinto penitenciario, eso es lo que sucede”, dijo el especialista en temas penitenciarios, Ramiro Llanos.
De los casos que fueron públicos, se conocen que en diciembre de 2022 los reos del penal de San Pedro se anticiparon a una “posible llegada” del gobernador Luis Fernando Camacho a esa cárcel y lo declararon persona no grata mediante un “voto resolutivo” e impidieron su ingreso al recinto.
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En noviembre de 2022, el dirigente cocalero César Apaza fue trasladado del penal de San Pedro a Chonchocoro por un “voto resolutivo” de su sección Palmar. Un último caso que se conoció fue el del general Juan José Zúñiga que fue llevado al penal de Chonchocoro y de ahí, el mismo día, a la cárcel de El Abra debido a un “voto resolutivo” de los privados de libertad que se opusieron a su estadía.
“Ahí no puede haber delegación de tareas, si eso se está dando en Bolivia es que la autoridad ha perdido el sentido de mando, ya no tiene control sobre la población penitenciaria, entonces, tiene que recurrir al submundo delincuencial, al submundo criminal para fortalecerse y para entre comillas evitar el ingreso o la salida de alguna persona de un recinto penitenciario”, señaló Llanos.
Dijo que esta situación está demostrando que hay un autogobierno y que tienen que consultarle al autogobierno ilícito, al autogobierno que ha cometido el delito, al autogobierno que representa el daño de la sociedad, es decir, “los que dañan a la sociedad han hecho su autogobierno y la autoridad constituida le consulta, le pregunta, qué es lo que tiene que hacer en relación con una persona privada de libertad”.
Llanos remarcó que la atribución de la clasificación de los privados de libertad está en la Constitución Política del Estado, donde señala que la Administración Penitenciaria es la que hace la clasificación de internos por delitos y “en ninguna parte dice que el preso es el que clasifica, en ninguna parte dice que el preso es el que define qué interno ingresa y qué interno no ingresa a un recinto penitenciario”.
“Si el justificativo iría en el sentido de delegación de tarea, delegación de responsabilidad, entonces ya no tendría ninguna función la administración penitenciaria ni el Ministerio de Gobierno que tiene la responsabilidad del control de los centros penitenciarios, estaríamos ante una imposición de la delincuencia en relación con las autoridades”, apuntó.
De ser así, agregó, “deberíamos solamente dedicarnos a sostener a los privados de libertad con alimentos y servicios y allí que hagan todo lo que ellos deseen con su propio autogobierno”.
Llanos recordó que en gestiones pasadas, cuando había huelgas, motines y reclamos, siempre la autoridad penitenciaria negociaba e imponía el orden, pero últimamente y con mucha frecuencia “los delegados sacan votos resolutivos para determinar lo que les interesa, por eso entra alcohol y drogas a la cárcel, porque el interno es el que domina, controla y tanto la administración penitenciaria como la Policía no están en capacidad de control de la disciplina en los ambientes penitenciarios”.