Revelación de Boris Villegas sobre Caso Rózsa. La audiencia se reinstalará hoy. Fernando Ribera no declaró por temor a represalias contra su familia.
Ministerio de Gobierno pagó viáticos de jueces y fiscales
Polémica. Hoy continuará la audiencia donde el Tribunal Segundo acepta o no la recusación presentada contra todo el tribunal que atendía el proceso.
EL DÍA, Santa Cruz, Bolivia
Ref. Fotografia: Audiencia. Boris Villegas en la audiencia al momento de ser interpelado por los abogados de Ignacio Villa Vargas.
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El exdirector de Régimen Interior, Boris Villegas, reveló que el Ministerio de Gobierno canceló los pasajes y viáticos de los jueces y fiscales del Caso Rózsa.
Dijo desconocer el mecanismo de pago de pasajes, pero reconfirmó que los jueces, fiscales y policías asignados al polémico caso, fueron los beneficiados con esta acción.
Boris Villegas indicó que el exfiscal Marcelo Soza y Sergio Céspedes, actual investigador del caso, formaban parte de la comisión, cuando las audiencias se realizaban en el departamento de Cochabamba.
Explicó que él, desde el año 2009 al 2010 participó como representante del Ministerio de Gobierno en el cargo de jefe de gestión jurídica, pero que después al ser ascendido a director de Régimen Interior, minimizó su participación y presencia en las audiencias del caso Rózsa.
Villegas participó como testigo en la audiencia de recusación a todo el tribunal del denominado Caso Rózsa, interpuesto por Ignacio Villa Vargas «El Viejo», quien presentó esta acción argumentando cierta relación y vinculación de sus integrantes, con autoridades del Gobierno central.
Acciones. Además, Boris Villegas también solicitó la presencia como testigos de Fernando Rivera, exasesor del Ministerio de Gobierno, y los juristas Gary Prado Araúz y Otto Ritter.
Rivera, actualmente detenido por extorsión en Palmasola, fue más escueto y justificó su proceder señalando la falta de garantías para su declaración. Al ser consultado por los pagos de pasajes, se acogió a su derecho al silencio, argumentando que era apoderado del Ministerio de Gobierno y que no le competían aspectos administrativos.
Antecedentes. Los juristas Prado y Ritter, defensa de algunos de los imputados por el caso Rózsa, enumeraron acciones del Tribunal Primero de Sentencia, en las que presuntamente se evidencia su parcialidad con las autoridades gubernamentales. Prado recordó cuando el tribunal se rehusó a aprobar el traslado de la audiencia a Santa Cruz, pese al delicado estado de salud y las incapacidades que posee su papá, el general Gary Prado Salmón.
Finalmente la audiencia fue suspendida, debido a problemas de salud que presentó «El Viejo». Hoy a las 9 de la mañana continuará el proceso con la presentación de pruebas.
El Tribunal Segundo de Sentencia de La Paz conformado por los jueces técnicos Bernardo Soria y Jaime Arteaga definirá si compete o no la recusación contra el Tribunal Primero.
Villegas denuncia que ministerio paga pasajes de jueces
La audiencia se reinstalará hoy. Fernando Ribera no declaró por temor a represalias contra su familia.
Página Siete / La Paz
El exdirector de Régimen Interior Boris Villegas denunció ante el Tribunal Segundo de Sentencia de La Paz (que se trasladó a Santa Cruz) que el Ministerio de Gobierno paga los pasajes de jueces y fiscales del caso terrorismo I de la partida de gastos judiciales.
«Pese a las agresiones y amenazas que recibió la madre de mi cliente (Villegas), confirmó al Tribunal que el Ministerio de Gobierno financió los pasajes de los jueces y fiscales del caso terrorismo. Este hecho es ilegal”, informó ayer Neida Ledezma, abogada de Villegas.
La denuncia fue formulada durante la audiencia que se instaló ayer a las 15:30 en la ciudad de Santa Cruz para resolver la recusación que planteó Ignacio Villa Vargas, El Viejo, contra los jueces del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, que atendían el juicio oral por el caso terrorismo I.
La denuncia de Villegas, -quien fue ofrecido como testigo-, fundamenta la recusación contra los jueces del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz. El artículo 316 del Código de Procedimiento Penal, en su parágrafo 10, establece que es causal de recusación de los jueces «haber recibido él o su cónyuge, padres o hijos u otras personas que viven a su cargo, beneficios”.
Mientras el exasesor Fernando Ribera, otro de los ofrecidos como testigo, se abstuvo de declarar con el argumento de que no podía revelar información clasificada como «secreto de Estado”. También denunció que hace varias semanas fue llevado ilegalmente hasta Warnes (Santa Cruz), violando sus garantías constitucionales y que teme por represalias contra su familia.
También declaró Gary Prado Arauz, quien informó que su padre, uno de los acusados en el caso terrorismo I, fue ilegalmente declarado rebelde en una audiencia de Tarija.
«Mi padre, quien está postrado en una silla de ruedas, tiene un nivel alto de discapacidad, pero el Tribunal que preside Sixto Fernández no respetó esa condición”, denunció Prado Arauz.
Tras la presentación de pruebas documentales, el Tribunal declaró un cuarto intermedio hasta las 9:30 de hoy, para continuar con la presentación de alegatos.