6 de los 14 postulantes preseleccionados al Tribunal Agroambiental trabajaron como jueces y funcionarios de esa instancia judicial, además 4 de ellos ejercieron labores en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que depende del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.
La ANF revisó las hojas de vida de los 14 postulantes a esa instancia judicial que fueron publicadas por la Vicepresidencia del Estado. Sin embargo, no todos fueron difundidos ya que los documentos de la candidata, María Soledad Peñafiel Bravo, no se encuentra en el portal.
En la misma lista, se verificó que una de las aspirantes trabajó en la Cámara de Diputados, uno fue expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, además de una asesora legal del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), que coadyuvó con las organizaciones indígenas campesinas.
Jueces y personal agroambiental
Andrea Ajata Larico, es actual juez Agroambiental en La Paz, en Inquisivi y fue oficial de diligencias en el Tribunal de Sentencia de Sica Sica. En 2017 también presentó su postulación a esta misma instancia judicial. Mientras que Maribel Ruiz Molina, igualmente ejerce funciones en el Tribunal Agroambiental, se desempeñó como juez en Uncía y secretaria en el juzgado de San Pedro de Buena Vista.
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Yvon Ávila Vargas, se desempeñó como secretaria en el Juzgado Agroambiental de Punata por siete años, posteriormente fue designada como juez de esa localidad en 2012 hasta 2022. Entre tanto, Teodosio Huanca Aduviri, desde el 2013 hasta el 2022, fue juez Agroambiental en El Alto e Ixiamas y actualmente es abogado litigante.
El postulante, Domingo de Siles Laime, fungió como juez de instrucción en las regiones del Porvenir, Puerto Rico, en Pando, y juez de partido de sustancias controladas desde 1997 hasta 2000. Posteriormente y, por 15 años, fue juez agrario en Cochabamba.
Richard Méndez Rosales, actualmente es letrado en el Tribunal Agroambiental y trabajó en esa instancia desde 2016, docente en la Escuela de Jueces, asesor jurídico de la Nación Indígena Yampara y de la comunidad campesina Nueva Esperanza.
La postulante, Rocío Vásquez Noza, fue asesora legal en el CEJIS desde 2005 hasta 2018, coadyuvó con la redacción del Estatuto Orgánico del Beni, la Carta Orgánica de Santa Ana de Yacuma y asesoró a organizaciones indígenas. Entre 2018 hasta 2023, trabajó en el Tribunal Agroambiental.
Órgano Judicial
La candidata María Bravo Peñafiel, figura como funcionaria del Consejo de la Magistratura, pero su hoja de vida no se encuentra en el portal de la Vicepresidencia del Estado, ni en la Cámara de Senadores.
Remberto López Llanos, es vocal en el Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, desde 2021 hasta 2022, fue presidente de esa instancia judicial, pero se apartó de ese cargo, porque fue condenado a tres años de prisión por incumplimiento de deberes, misma que fue formulada en 2019.
En el Ejecutivo
Existen cuatro candidatos, que ejercieron funciones en el INRA. Fabiola Arcani Herbas, fue asesora jurídica en esa instancia desde el 2011 hasta el 2019 y secretaria General en Fonabosque. Al igual que Víctor Claure Hinojoza, que entre el 2007 al 2012 fue responsable jurídico del INRA, a partir de octubre de 2012 hasta julio de 2022 asumió como director departamental.
Ariel Paco Ancalle, fue asesor Jurídico desde 2008 hasta 2013, en 2020 y por dos años ejerció funciones en el Tribunal Agroambiental. Edwin Almendras Vásquez, se desempeñó como director departamental del INRA de Cochabamba entre 2018 al 2021.
En el Legislativo
Por otra parte, la candidata Roxana Chávez Rodas, fue funcionaria en la Cámara de Diputados en 2021, se encargaba de asesorar a las organizaciones campesinas. También trabajó con la Central Obrera Boliviana (COB), Mujeres Interculturales, INRA y en el Ministerio de Salud.
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