El municipio de Mecapaca está situado a 28 kilómetros río abajo de la ciudad de La Paz
AGENCIA DE NOTICIAS AMBIENTALES
El avance de la expansión urbana en Mecapaca, municipio situado a 28 kilómetros río abajo de la ciudad de La Paz, junto con las riadas y otros eventos climáticos extremos han reducido la superficie de cultivos y su capacidad productiva.
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“Hay más vecinos porque de la ciudad (de La Paz) han bajado, los comunarios también lo han vendido (sus terrenos), hay otros que ya no quieren trabajar porque son de edad y lo venden (sus tierras)”, afirma María Paucara, productora agrícola de la comunidad Carreras, mientras espera que se abra la iglesia del pueblo para hacer limpieza junto a otras mujeres campesinas.
La mujer de 64 años, madre de dos hijos profesionales afirma que de a poco se van perdiendo las tierras de cultivos. “Somos pocos los que mantenemos nuestras chacras. (En mi caso) lo que era de mi mamá se quedó conmigo, ahí produzco flores, verduras”, señala.
Paucara sabe que los eventos climáticos son inevitables; cuando hay fuertes lluvias en La Paz y en la cabecera de la cuenca, La Paz, las comunidades de Palca y Mecapaca sufren las consecuencias de los desbordes de río en sus cultivos y viviendas, mientras que las heladas podrían llegar incluso a terminar con el 100% de la producción.
La situación se ve agravada por la contaminación de las aguas de la cuenca La Paz, donde se ha detectado la presencia de metales pesados, residuos orgánicos, farmacéuticos, entre otros.
Al igual que María, Virginia Amaru, una mujer más joven que se protege con un sombrero del sol de la tarde, asegura que es productora agrícola, que siembra choclo, lechuga, repollo para llevar a la ciudad de La Paz.
“Nos hemos encontrado muy afectados en toda la comunidad de Huayhuasi, como tanta lluvia (hubo) lo ha arrasado todo, lo ha arrasado también nuestros cultivos, nuestros terrenos (…). Lo que era cultivo ahora es solo piedra”, menciona con tristeza.
La productora se queja; dice que mientras el aceite, el azúcar y el arroz suben de precio, el choclo mantiene su precio. “En la ciudad no es consciente la gente, muy caro venden (nos) dicen”, afirma. “Siempre perdemos, ¿qué podemos hacer?, esperamos seis meses para sacar el choclo, ha llegado la helada y se ha perdido todo”, afirma mientras hace un recuento de lo que significa la siembra: 20 días de trabajo, compra de semilla, abono y esperanzas.
Zulma Sanabria, productora comunaria se dedica a las flores y verduras, recuerda con pesar las riadas de enero y febrero. «Nos hemos encontrado muy afectada toda la comunidad de Huayhuasi (…). Como hubo tanta lluvia se lo arrasó todos nuestros cultivos, nuestros terrenos. Ahora como ve, ha quedado pura piedra, lo que era cultivo es piedra, ha sido el trabajo de todo un año.
Por su parte el arquitecto Jorge Antonio Sainz, especialista en desarrollo urbano y catedrático de la Universidad Católica Boliviana,señala que la frontera agrícola se ha ido expandiendo desde los siglos XVII, XVIII, pero que en las últimas décadas se ha dado un fenómeno urbano que se llama gentrificación, que es cuando la economía de mercado va expulsando a las familias que habitaban esas viviendas.
“Entonces, la vivienda va ir huyendo cada vez más hacia el Sur, cada vez más hacia Mecapaca. Como el urbanismo va creciendo, la frontera agrícola va desapareciendo, se va yendo cada vez más lejos”, explica.
Sainz señala que como no hay planificación en la región metropolitana de La Paz y solo expansión y urbanismo reflejado la presencia de inmobiliarias que se van apropiando de los mejores terrenos productivos para construir condominios cerrados, pensando que es desarrollo urbano y no lo es, sino la especulación del terreno.
“Estamos hablando que desde Aranjuez hasta Mallasa (del municipio de La Paz) y a todas las regiones cercanas a Lipari se va expandiendo la ciudad pero sin desarrollo, porque esa carretera jamás estuvo pensada en esas 20 mil personas que se van a mover”, advierte.
A falta de desarrollo territorial en la región metropolitana de La Paz, el especialista señala que se pierde patrimonio natural como sembradíos, ríos, montañas que tiene La Paz y hasta sitios turísticos como el Valle de la Luna o el Sendero del Águila, para dar paso a las expansiones urbanas fuera de norma, únicamente por el mercado y la moda.
“Estamos entrando a un círculo vicioso que el mercado (inmobiliario) se encarga de organizar”, dice el especialista, mientras alerta que los nuevos arquitectos que egresan están dedicándose a “regularizar” construcciones fuera de norma, donde el 90% de El Alto con vivienda no tiene derecho propietario y el 90% de las zonas periféricas de la ciudad de La Paz tampoco.
A las alcaldías –dice- le interesa que los habitantes que no tienen derecho propietario se conviertan en ciudadanos con obligaciones para que paguen impuestos. “Ahí está el concepto de regularización perverso, porque tienen que regularizar por la presión social”, señala.
El director del Departamento Técnico del Gobierno Autónomo Municipal de Mecapaca, Diego Céspedes reconoce que el municipio ha ido cambiando bastante en la última década. Señala que de 16.000 habitantes que eran con el censo 2012 actualmente oscilan en 20.000. “Ha aumentado bastante (la población) en el distrito uno -cerca al río- quizás por el factor del buen clima de la zona que hubo bastante migración”, expresa.
Recuerda que Mecapaca era catalogada como municipio productivo rural con potencial en floricultura, ganadería y agricultura. “Éramos un boom pero poco a poco el urbanismo ha ido creciendo y también aparecieron urbanizaciones que se han ido asentando, acortando el espacio productivo”, señala.
Consultado de por qué no se hizo respetar la vocación productiva del municipio, responde: “Como municipio no podemos frenar esta situación, pero no perdemos ese enfoque al tema productivo, las capacitaciones, seminarios, el buen manejo productivo seguimos manteniendo”, dice.
Céspedes resalta que mientras el agricultor quiere mejorar su producción, los vecinos urbanos quieren mejores condiciones de vida y mejoramiento de calles. “No podemos frenar el crecimiento poblacional como municipio, pero tampoco podemos descuidar la producción. Trabajamos con la población y no dejamos que la producción deje de progresa”, afirma.
Según el técnico, los pobladores de las orillas del sector río y los otros distritos se logra abastecer con diferentes productos a la ciudad de La Paz, si cortamos esto obviamente estaríamos poniendo en riesgo la seguridad alimentaria, porque mientras la población está creciendo no podemos descuidar la producción.
Ante la insistencia de conocer la superficie cultivada y la destinada a la urbanización, responde: “Antes manejábamos las parcelas agrícolas más grandes, de 1.000 metros o 2.000 metros, pero evidentemente con el pasar del tiempo se ha ido reduciendo a un 20% a nivel productivo, de lo que era 100%, ahora un 20% es productivo y un 80% está siendo urbanizado”, precisa.
Reconoce también que las riadas han causado pérdidas de tierras de cultivos y que la contaminación de las aguas del río afecta a los productores. “Como municipios (Mecapaca, La Paz, Mallasa, Achocalla) se están tomando acciones como las plantas de tratamiento o que cada zona urbana cuente con su tanque de almacenamiento de alcantarillado y no como en La Paz que todo desemboca en el río Choqueyapu, en el río La Paz, eso queremos frenar”, señala.
Mecapaca alienta la construcción de la una planta de tratamiento de aguas residuales. “Estamos implementando para que cada proyecto esté contemplado con la planta de tratamiento y no desviar al río.
“Se está encarando un proyecto muy grande con la Embajada de Suecia como es la planta de tratamiento a la altura de Mallasa en la zona del Valle de las Flores donde estamos trabajando con EPSAS (Empresa Pública de Agua y Saneamiento) y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua”, señala. Destaca un acuerdo con EPSAS por el cual se ha determinado llegar hasta la última comunidad del municipio con sistema de alcantarillado y agua potable. “La mayoría tiene, pero no acorde a las normativas ambientales”, asegura.
Pedro Laura, supervisor de Obras del municipio de Mecapaca admite que los daños por las riadas este año fueron de gran magnitud, que provocaron el corte de plataforma, afectaciones en varios terrenos y una casa que casi se perdió en su totalidad. Un estimado desde el municipio es de 25 hectáreas en aproximadamente 10 años.
“Cada comunidad tiene aproximadamente 2.000 metros de longitud cerca al río, con 2 millones de bolivianos del Fondo Indígena se hizo 206 metros lineales. Imagínese abarcar una longitud de 2.000 metros, cuánto de presupuesto se requeriría, pero poco a poco la Alcaldía destina de su presupuesto en los defensivos, en su muro de contención y así se va avanzando”, explica.
Indica que el Presupuesto Operativo Anual (POA) asignado para el municipio oscila en medio millón de bolivianos, por lo que la Alcaldía pone el material de trabajo y la maquinaria, mientras que los comunarios la mano de obra.
“No funcionó la alerta temprana”
Freddy Miranda, ex director del Retén de Emergencias del municipio de La Paz de la gestión de Juan Del Granado y posterior concejal en el periodo de Luis Revilla es duro crítico de la gestión del alcalde Iván Arias, afirma que los desbordes de río registrados durante las fuertes lluvias de enero y febrero de este año, con afectaciones en infraestructura vial, pérdida de cultivos y hasta la muerte de un operador municipal podrían haberse prevenido.
“Lamentablemente no se han tomado los recaudos necesarios para controlar especialmente el escurrimiento de aguas solamente líquidas, no con material aluvial, piedras, basuras, escombros, una serie de elementos que trae y que no solamente afecta a la ciudad de La Paz, sino también a la producción y especialmente a las poblaciones productoras que están aguas abajo del río La Paz”, afirma.
El especialista en gestión de riesgos, asegura que el movimiento de tierra fuera de norma no solo es problema de La Paz, sino también de Palca y Mecapaca, municipios con los cuales se enfrentan problemas de límites.
“A consecuencia del tema de límites, todo el mundo está haciendo movimiento indiscriminado de tierra”, afirma.
Miranda dice que los municipios de La Paz, Palca y Mecapaca autorizaron movimientos de tierras en zonas limítrofes, generando muchos desastres. “No se hizo el mantenimiento, se tenía que hacer la limpieza antes de la época de lluvias, el municipio de La Paz debería haber limpiado las cabeceras para que estos escurrimientos de aguas sean líquidos y no con material de arrastre y esto ha provocado mazamorras a partir de la calle 21 hacia abajo”, indica.
A partir de la dura experiencia que vivió La Paz el año 2002 por la tormenta con granizo que cobró la vida de decenas de personas, recuerda que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) aprendió a trabajar desde las cabeceras de ríos, pero también a nivel de ciudad con la basura, escombros que descendieron de las laderas donde loteadores tomaron el control. “Y al no haber control y fiscalización del municipio de La Paz esto ha causado muchos problemas dentro de la ciudad de La Paz y también aguas abajo”, afirma.
“Una vez que ingresó el actual Alcalde –del que no quiero ni decir su nombre- no habría funcionado para nada la alerta temprana, porque retiraron indiscriminadamente personal que sabía de este sistema, de este trabajo y lamentablemente en esta Unidad de Gestión de Riesgos cambiaron personal, le cambiaron de nombre”, asegura.
Estima que persistirán los problemas vinculados con las lluvias fuertes y el manejo de residuos, en tanto no se cambie de autoridad municipal.
“Es muy difícil reponer al personal con experiencia de 25 a 30 años, en mi caso venía trabajando 35 años y he tenido que dejar el municipio porque ya me tocaba la jubilación después de haber sido concejal”, sostiene.
Secretaria de Planificación de La Paz: “no contamos con el apoyo de municipios vecinos”
Desde sus oficinas en el piso ocho del edificio Tobía, en pleno centro paceño, la secretaria Municipal de Planificación, María del Carmen Rocabado afirma que el municipio de La Paz trabaja con los gobiernos municipales vecinos porque hay una interdependencia entre seguridad alimentaria y manejo integral de cuencas, considerando que el cambio climático no puede ser encarado con el trabajo de un solo el gobierno municipal.
“Quisiéramos tener la certeza de que se siga produciendo alimentos en la cuenca alta de Hampaturi; que podamos traer alimentos de Zongo que es parte del municipio de La Paz, pero también que el municipio de Palca y Mecapaca sigan abasteciendo de alimentos a la ciudad de La Paz, que no ocurra como está ocurriendo ahora, que estamos avasallando, deforestando, quitando tierras de cultivo, cambiando el potencial agrosilvopastoril de estos territorios para volverlos en áreas urbanizables”, asegura.
De formación ingeniera industrial, Rocabado lamenta que los custodios del agua, como son las markas de Hampaturi y de La Cumbre supuestamente permitan el ingreso de empresas “desarrollistas” a lotear terrenos, destruir áreas protegidas como Huaripampa, Onko Marka, Cuchilla, Chuquiaguillo, para volverlas en suelos urbanizables sin contar con el permiso del Gobierno Municipal de La Paz.
En ese marco afirma que un evento climático extremo como el vivido entre enero y febrero, de lluvias de 200 milímetros por metro cuadrado (m²), cuando lo normal es de de lluvias de 70 milímetros (mm x m²). “Esa ha sido la realidad que hemos tenido que enfrentar, a raíz de eso hemos sacado el “Plan de la tormenta a la esperanza” en el que tenemos cinco ejes de acción integral”, destaca.
Entre las acciones que contempla el plan están el fortalecimiento institucional para el control territorial, el fortalecimiento del sistema de monitoreo y alerta temprana, la reparación y construcción de obras hidráulicas para la resiliencia, el manejo de cuencas, la actualización del plan maestro de drenaje, entre otros.
“Otra de las cosas importantes que estamos trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua es la denominada PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales) que la quieren hacer en Mallasa, pero su envergadura es tan grande que es muy difícil de realizar, habíamos recomendado que cada una de nuestras cuencas tengamos PTARS pequeñas, horizontales, verticales, en su mayoría cada 300 metros”, explica.
A la hora de dar respuestas a las emergencias, observa que los municipios vecinos dejan sola a La Paz. “Hay que decirlo, no contamos con el apoyo de los municipios vecinos, que si existe un desastre allá, arriba, pese a que Palca dice que es Palca, no se presenta nunca, no aparecen con maquinaria, ni para retirar los escombros”, menciona.
Ante las críticas del ex director del Retén de Emergencias, defiende que no se puede gestionar el riesgo, sino que se debe trabajar antes sobre las vulnerabilidades. “Hemos identificado 70 vulnerabilidades, ya tenemos el mapa, en dos semanas más tendremos el mapa de amenazas. Vulnerabilidad más amenaza igual riesgo, si disminuimos las vulnerabilidad empezamos a controlar el riesgo, por lo tanto, esa es la prevención”, explica.
En cuanto a las vulnerabilidades señala que son territoriales, físicas como antrópicas y la vulnerabilidad más grande es la antrópica, debido al desorden de las construcciones que ocupan cualquier lugar, que tienen sus pozos sépticos, que no tienen sus letrinas, ni saneamiento.
“Entre el 2012 y 2013, la Contraloría emitió un estudio e identificó problemas de contaminación en las aguas del río y se analizaron siete alimentos: lechuga, rabanito, remolacha, apio y dos más en los cuales se identificaron residuos tóxicos, residuos orgánicos, pesticidas y acelerantes de la producción”, señala.
Al respecto, la contaminación y degradación de los sistemas alimentarios representa una amenaza significativa para la salud pública ya que los alimentos pueden convertirse en portadores de agentes patógenos, productos químicos tóxicos y contaminantes. A través de los cuerpos de agua se transportan distintos tipos de descargas de elementos potencialmente tóxicos, llegando también a zonas de actividad agrícola.
En el río La Paz se ha identificado la presencia de arsénico, cobre y zinc, tanto en suelos agrícolas como en diversas hortalizas. Por ejemplo, el arsénico hallado hace más de diez años en el suelo de cultivos de la lechuga llegó a 27 milígramos por kilógramo (mg/Km), de maíz 22mg/Kg, la papa 32 mg/Kg y de tomate 20 mg/Kg cuando el límite máximo permisible es de 20mg/Kg.
En el caso productos agrícolas se halló 21 mg/Kg de zing en la papa, 58 mg/Kg en la lechuga, 32 mg/Kg en la remolacha, 38mg/Kg en el maíz y 23 mg/Kg en el tomate.
“Nos dijeron cómo vamos hacer, qué vamos hacer y dieron medidas claras y fuertes que cada institución debía cumplir. Del Gobierno Municipal su obligación era tener una pequeña PTAR en el matadero municipal y lo hemos cumplido”, apunta.
“Se pone en riesgo la seguridad alimentaria”
Stephanie Weiss Müller, autora del estudio “Estado Ambiental de La Paz y su impacto sobre los sistemas alimentarios” señala que los fenómenos de urbanización, esta forma de hacer ciudad, que está provocando pérdida de áreas productivas a pesar de los planes de ordenamiento territorial, es uno de los principales factores que pone en riesgo la seguridad alimentaria.
“No estamos generando ningún tipo de incentivo para que la gente pueda seguir produciendo alimentos porque no les estamos dando el agua de calidad, ni el agua en cantidad”, afirma en entrevista.
La investigadora reflexiona sobre las pérdidas de áreas productivas a pesar de tener planes territoriales, planes de cuencas y herramientas de planificación que priorizan la protección de los sistemas productivos, la producción agrícola a pequeña y mediana escala.
“Cuando ves en la práctica los fenómenos de urbanización, esta forma de hacer ciudad, estamos perdiendo áreas productivas”, señala la autora del estudio patrocinado por la Fundación Alternativas con el apoyo de la Cooperación Alemana y Welt Hunger Hilfe.
Weiss afirma que no hay condiciones seguras para poder producir alimentos seguros para la región metropolitana. “Si alguien produce alimentos es realmente heroico en estas condiciones y cómo garantizar mercado donde hay que competir con otras condiciones, no hay incentivos ni el entorno saludable para asegurar que esa actividad va a funcionar a pesar de que las ciudades van a seguir creciendo”, señala.
De este modo, afirma que se está ahondando desigualdades que existen en el país y en la ciudad, donde la experiencia no es la misma para todos. “Imagínense lo que es para alguien que debe generar alimentos en condiciones precarias, sin ningún tipo de incentivos donde además debe traer a ciudades y en todo ese proceso no podemos garantizar ni la seguridad alimentaria y un entorno ambiental saludable. ¿Cómo puede ese entorno garantizar una seguridad alimentaria integral cuando hay que competir con quienes traen alimentos de contrabando?”, cuestiona.
El desafío que tiene La Paz es enorme –advierte la investigadora- con una historia muy larga en su casco antiguo con un crecimiento urbano ilegal muy reciente y veloz, que gana en intenciones, capacidades y presupuesto a instituciones como las alcaldías.
“Hay mucha planificación para intentar hacer frente a eso, el plan territorial del municipio y de la gobernación todos tienen actividades vinculadas a la gestión de riesgos. No es que nadie está pretendiendo decir que no existe, que no va pasar, es bueno mencionar porque evidente, está. Cuando un municipio tiene una serie de competencias en gestión de riesgos, frente a un desastre y de prevención también, la Gobernación también, así como el Gobierno central”, explica.
Sin embargo dice que cuando se empieza a ver todo en su conjunto, claramente parecen planes separados, independientes, por lo que es necesario aterrizar más en la realidad de una ciudad metropolitana. “A Bolivia le falta aprender cómo hacemos gestión metropolitana de riesgo y en eso nos fallan las capacidades y nunca va ser suficiente ni el presupuesto, ni el personal, ni la capacidad si además la gente que hace ciudad decide hacer su casa en el cauce del río, ¿eso cómo se trabaja?”, cuestiona.
No solo es el hecho de urbanizar el problema, sino la forma de hacer ciudad, advierte Weiss, pues cada vez se aportan más residuos y no solo en volumen, sino también en variedad. “Lo que nos importa es cómo los tratamos, la mayor parte de los residuos que generamos son orgánicos, pero si no los disponemos separados por algún tipo de manejo no lo sabemos aprovechar, y no los sabemos aprovechar van a un botadero que es el mayor lugar de disposición final que se tiene en la región metropolitana o en el relleno sanitario”, señala.
A pesar de los esfuerzos por mejorar el tratamiento de estos residuos, todavía son experiencias piloto, indica. “Tenemos otro tipo de residuos muy complejos, estamos en ciudades donde todos tienen celulares, computadoras que se generar residuos electrónicos porque si no sabemos qué hacer con cáscaras de plátano muy difícilmente vamos a tratar residuos que generan metales pesados, apunta.
En esa línea afirma que la gestión de residuos sólidos en la región metropolitana de La Paz es insuficiente y no está acorde a la magnitud de los residuos generados diariamente. A este escenario se debe sumar una deficiente capacidad para tratar los residuos de manera adecuada.
También menciona algunas mejoras importantes en los últimos años, la recaudación e inversión de fondos destinados a estas actividades continúa siendo insuficiente. Aunque se han realizado esfuerzos en términos de transformación, generación de valor y otras iniciativas enmarcadas en un modelo circular, estos aún se realizan a pequeña escala.
En cuanto al municipio de La Paz, hasta el año 2020, se registraba una generación diaria de 618 toneladas de residuos sólidos; sin embargo y según datos más recientes, actualmente, esta cifra ha aumentado a 680 toneladas diarias. Paralelamente, en la ciudad de El Alto, se estima que el promedio anual de residuos recolectados en los últimos cinco años alcanza las 250.000 toneladas (aproximadamente 21.000 t/mes). Si bien entre 2013 y 2018 la recolección anual creció entre un 4 a 5%, en los últimos cinco años este crecimiento se ha desacelerado.
Los especialistas consideran que mientras no se norme criterios técnicos y no políticos ni comerciales, la planificación urbana, los municipios que hoy enfrentan serias dificultades a la hora de responder frente a los desastres naturales agravados por las actividades humanas. Esto además, afectará la capacidad de resiliencia, de la mano de menos producción agrícola, tan necesaria para hacerle frente al contrabando de alimentos.
*La investigación fue realizada en el marco del Fondo Concursable Spotlight XX, de Apoyo a la Investigación Periodística en los medios de comunicación, impulsada por la Fundación Para el Periodismo, Fundación Alternativas, Welthungerhilfe y el Ministerio Federal de Cooperación Económico y Desarrollo – BMZ.