La Comisión, junto con su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, repudiaron las “prácticas de violencia institucional en el marco del proceso electoral”
La CIDH condenó el uso de la violencia por parte del régimen de Nicolás Maduro y exigió su cese inmediato
Fuente: infobae.com
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) junto con su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenaron este miércoles las “prácticas de terrorismo de estado” que se ven en Venezuela, producto de los manejos del régimen de Nicolás Maduro, acorralado por las protestas que se desataron en el país tras el fraude electoral del 28 de julio.
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En un comunicado, los organismos manifestaron su repudio a las “prácticas de violencia institucional en el marco del proceso electoral en Venezuela, incluyendo represión violenta, detenciones arbitrarias y persecución política” y advirtieron que el régimen de Caracas, que se niega a dejar a aceptar su derrota, “está sembrando terror como herramienta para silenciar a la ciudadanía y perpetuar el régimen autoritario oficialista en el poder”.
Entre las tácticas empleadas por el oficialismo para intimidad a la población, la CIDH destacó cinco que constituyen ya patrones, dado que también fueron observadas en las protestas de 2014 y 2017. La primera de estas maniobras es el uso arbitrario de la fuerza, que han resultado en pérdidas de vidas humanas y personas heridas. Sobre ello, el organismo detalló que se confirmó la muerte de al menos 23 personas en estas manifestaciones, todas ellas consecuencia de disparos de arma de fuego, ya sea en la espalda o en la cabeza.
Según difundió el Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela, 10 de los asesinatos “serían atribuibles a los ‘colectivos’, que actúan con el consentimiento, tolerancia o aquiescencia del Estado e, inclusive, están incorporados legalmente en el Sistema Popular de Protección para la Paz”, mientras que dos “serían atribuibles a acciones mixtas entre fuerzas estatales y grupos no-estatales”.
“El derecho a la vida es reconocido como el derecho supremo de los seres humanos y como condición necesaria para el goce de todos los demás derechos. El uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales debe ser legítimo; excepcional, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades”, indica el comunicado, que advierte que estas muertes “podrían caracterizarse como ejecuciones extrajudiciales y generar responsabilidad internacional para el Estado”.
El segundo patrón es el de las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas, con más de 1.393 personas arrestadas entre el 28 de julio y el 13 de agosto, incluídas mujeres, adolescentes, periodistas e indígenas, que habrían sido sometidas a “actos de violencia sexual y otros que podrían constituir tortura”. Asimismo, en muchos casos, estos arrestos se producen “de manera selectiva, mediante una estrategia de detención y criminalización contra quienes cuestionan los resultados electorales anunciados por el CNE”, con maniobras como la famosa “Operación Tun Tun”.
El escrito destaca el caso del dirigente opositor Freddy Superlano, secuestrado el 30 de julio; Williams Dávila, quien cuenta con una medida cautelar emitida por la CIDH; María Oropeza, quien difundió en redes sociales el momento de su detención; y los asilados en la sede diplomática argentina en Caracas.
“El grave patrón de detenciones arbitrarias en el contexto actual no es nuevo, sino que forma parte de una estrategia que castiga la oposición, la disidencia y la defensa de los derechos humanos”, sentencia el escrito al respecto.
En tercer lugar, los expertos de la CIDH advirtieron sobre la recurrencia de la persecución judicial y hostigamiento en Venezuela, que se traducen en las acusaciones por cargos como delitos de incitación al odio, terrorismo, conspiración, traición a la patria, asociación para delinquir, resistencia a la autoridad, obstrucción de calles o vías y desobediencia de las leyes, que suelen ir acompañados de procesos penales ambiguos, la violación de garantías judiciales y la falta de representación privada, y derivan en “penas excesivamente altas”.
“En el contexto actual, la CIDH expresa preocupación por las severas limitaciones a las garantías judiciales denunciadas, con enfoque en los impactos diferenciados contra adolescentes, personas indígenas y personas con discapacidad”, reza el documento.
El cuarto aspecto que inquieta a los miembros de la Comisión es la censura y las restricciones a las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica, que ha ido en aumento desde la celebración de los comicios, con cerca de 108 casos de vulneraciones a la libertad de expresión, tanto contra ciudadanos, periodistas y medios de comunicación, y que contemplan también las anulaciones de pasaportes, el cierre de plataformas, la confiscación de equipos y la deportación de personal de prensa internacional.
Es por ello que exigieron el cese inmediato de “las prácticas violatorias de derechos humanos”, así como el trabajo urgente por “restablecer el orden democrático y el Estado de derecho”.