Después de que la exministra Roxana Lizárraga fue sentenciada por enriquecimiento ilícito a cuatro años de cárcel, su defensa legal salió a aclarar que existe justificativo para los movimientos bancarios que realizó la exautoridad, pero además anunció su intención de que se anule la condena y se repita el juicio.
La Fiscalía informó que en el periodo entre 2019 y 2020, Lizárraga registró 182 depósitos bancarios que hacen una suma de 247.072 bolivianos, cifra que no condice con su tren de vida.
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En su defensa, el abogado Franklin Amaru explicó que el dinero fue depositado a Lizárraga de parte de su entonces esposo.
Según la justificación, el exesposo de Lizárraga es abogado y, como tenía problemas con Impuestos, decidió recibir pagos por servicios legales en la cuenta de su entonces cónyuge.
El abogado Amaru aseguró que la expareja de Lizárraga se presentó al juicio para corroborar la versión. Agregó que se tienen las facturas respectivas.
Asimismo, el defensor denunció una afectación al derecho a la defensa de la exministra, puesto que procesada por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, pero terminó siendo condenada por enriquecimiento ilícito con afectación al Estado.
“Durante todo el proceso en el que se ha defendido Roxana Lizárraga no se ha demostrado ningún tipo de afectación del Estado”, aseguró.
Explicó que la solución sería una anulación de la sentencia y que se repita el juicio oral.
“Con seguridad vamos a realizar la apelación por esa primera deficiencia que hemos encontrado en el proceso que es el cambio del delito. Se ha defendido por legitimación de ganancias ilícitas y ha acabado condenada por otros delito”, agregó.
Lizárraga radica actualmente en Estados Unidos, según indicó su abogado. Ella hizo su defensa mediante vía virtual en el juicio.