Su abogada hizo una presentación ante el juez Ercolini. Sostiene que no hubo hostigamiento y que no había motivo para allanar su domicilio. Ayer, la defensa de Fabiola Yañez confirmó que el último llamado fue dos horas antes de la orden que le impedía contactarse
Fotografía de archivo del expresidente Alberto Fernández (2019-2023). EFE/ Sofia Torres
Fuente: infobae.com
El ex presidente Alberto Fernández pidió esta mañana ante el juez federal Julián Ercolini la devolución de los teléfonos y los demás aparatos electrónicos que le secuestraron de su domicilio el 9 de agosto pasado. La presentación, a la que tuvo acceso Infobae, remarca que no incumplió la orden que le impedía contactarse con Fabiola Yañez y que por lo tanto fue “abstracto el motivo del allanamiento”.
Todo comenzó con un escrito de la defensa de Fabiola Yañez, revelado por este medio, donde se confirmó que el último contacto telefónico entre ambos se registró el martes 6 de agosto a las 17:09 (hora de Argentina). Dos horas después, a las 19:47, el ex presidente se notificó en su departamento de la orden firmada por el juez Ercolini, que esa misma tarde le había prohibido tomar contacto con la denunciante.
“Conforme lo requerido en el punto V.10 de la resolución de fecha 14/08/2024 dictada por el Fiscal General Ramiro González vengo a dar cumplimiento con el compromiso asumido en la audiencia celebrada el fecha 12/08/2024, haciendo saber que no he recibido mensajes desde el celular del Sr. Alberto Fernández a partir del día 6/08/24 luego de las 17:09 horas (10:09 PM de España)”, dice la presentación firmada por la abogada Vilma Carluccio, que trabaja junto a Mariana Gallego.
La audiencia del 12 de agosto fue la declaración de Yañez desde Madrid que duró casi cuatro horas. “Le preguntamos por las llamadas y dijo que no recordaba la hora exacta, por eso ahora acompañó un escrito con el detalle de la hora”, explicó una fuente judicial.
En realidad, hubo una instancia previa, el 7 de agosto, en una charla telefónica que tuvo Yañez con el fiscal Carlos Rívolo donde habló de “mensajes intimidatorios” que provenían del celular de Fernández, pero no dio precisiones de fechas ni horarios. También dio cuenta de terceros involucrados que también la habrían contactado.
Dos días después, el viernes 9 de agosto, la Fiscalía expuso esos mensajes para pedir el allanamiento en Puerto Madero. “Esta Fiscalía viene por medio del presente a solicitar a VS el allanamiento del domicilio del nombrado con el objeto de proceder al secuestro de los dispositivos electrónicos que tenga en su poder, desde los cuales se estarían enviado esos mensajes”, sostuvo Rívolo ese día. Y agregó: “Tal como fuera informado recientemente por la señora Fabiola Yañez, los días 6 y 7 de agosto, ella recibió mensajes directos de su presunto agresor, Alberto Fernández, y comunicaciones de terceros a requerimiento de él”.
Ese día, la causa ya había cambiado de juzgado y de Fiscalía, pero Rívolo reemplazaba a Ramiro González hasta la medianoche del viernes. “Esto demuestra (los llamados) que, a pesar de las medidas que VS impuso y notificó personalmente al denunciado para que éste cesara en la perturbación o intimidación, tanto directa o indirecta, y por cualquier medio, hacia la víctima, el nombrado habría persistido en su actitud, incumpliendo la manda judicial, toda vez que habría continuado hostigando a la víctima a través de mensajes enviados desde su teléfono y/o mensajes enviados por terceras personas en común”, dice ese documento.
(Fuente)
El allanamiento fue ordenado por Ercolini esa misma noche. Del departamento ubicado en Juana Manso 740, piso 12, la Policía Federal se llevó 22 pendrives, dos teléfonos, un iPad, y 2 memorias.
Esos aparatos permanecen en la caja fuerte de la Fiscalía, pudo saber Infobae de fuentes judiciales. “Si se comprueba que no incumplió la orden judicial, habría que devolverle todo”, explicaron desde Tribunales.
Al margen del pedido para que le devuelvan los teléfonos, la abogada de Fernández, Silvina Carreira, presentó hoy una denuncia penal contra Yañez por los delitos de de violación de secreto y el acceso ilegítimo a la nuba de Google, previstos en los artículos 153 y 153 bis del Código Penal. “La querellada Fabiola Yañez es la única persona que tenía acceso a la información que se ha difundido. Dicha información está contenida en el teléfono que era de mi propiedad, que le regalé a mi hijo Francisco con aplicaciones que servían para su esparcimiento, y que contenía mi galería de fotos personal”, dice esa presentación.