Romero agregó que la población al responder, no determinará nada estructural al respecto, ni se solucionará el daño “colateral” de un subvención mal planteada y aplicada por décadas en Bolivia.
“El pueblo, no está preparado para responder una pregunta como la que hemos visto, totalmente capciosa, que dice si quiere que se levante la subvención. El pueblo le va decir que no, porque no está preparado, no entiende la macroeconomía, de reservas internacionales, la situación del BCB, de YPFB”, dijo el analista en hidrocarburos, Álvaro Ríos.
En su criterio, las personas que están en función de gobierno, tienen que decidir todos los aspectos económicos relacionados al país, como impuestos , exportaciones o quitar subvenciones. “Deben ser resueltos por el Poder Ejecutivo, porque para eso están, para gobernar”, agregó.
Las dos preguntas, planteadas por el Gobierno, relacionadas con la subvención son dos, la 2 y 3. La pregunta 2 dice: ¿Está usted de acuerdo con mantener la subvención a la gasolina especial, como actualmente se encuentra, pese al gran costo económico que significa para los bolivianas y bolivianos, y que al tener un precio mucho más bajo que el internacional se genera contrabando, daño económico al Estado, escasez de dólares y desabastecimiento de combustibles?
Y la pregunta 3 dice: ¿Está usted do acuerdo con mantener la subvención al diésel, como actualmente se encuentra, pese al gran costo económico quo significa para las bolivianas y bolivianos, y que al tener un precio mucho más bajo que el internacional se genera contrabando, daño económico al Estado, escasez de dólares y desabastecimiento de combustibles?
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Al respecto, el analista económico, Fernando Romero, dijo que la dos preguntas son ambiguas y que tienen “trampa”, porque las mismas no definirán la continuación o no de la subvención de carburantes en el país.
“Tanto la pregunta 2 y 3, tienen trampa. Porque las mismas no definirán la continuación o no de la subvención de los carburantes en el país. Nos están consultando si deseamos que la subvención a los carburantes continúe tal como actualmente se encuentra. No están preguntando si se debe quitar o no, si habría que reajustarla, eliminarla total o parcialmente, ni nada de fondo sobre este tema tan importante para nuestra economía”, señaló a la ANF.
Agregó que la población al responder las mismas, no determinará nada estructural al respecto, ni se solucionará el daño “colateral” de un subvención mal planteada y aplicada por décadas en Bolivia.
Explicó, que cuando las autoridades del sector, afirman que la subvención de carburantes tiene un “gran costo económico”, es parcialmente cierto, porque la misma representa sólo el 4% del PIB nominal del 2023 y el 5% del Presupuesto General del Estado (PGE) 2024.
Según Romero, el costo “económico elevado”, que indica la pregunta, no proviene precisamente por los recursos erogados dentro del PGE, sino por los daños colaterales, por tener los carburantes más bajos de la región
“Esto genera un contrabando masivo a países vecinos, el uso indiscriminado en actividades ilícitas, narcotráfico, minería ilegal, entre otros y el consumo para cerca 500 mil vehículos indocumentados. Esto produce una sobredemanda de al menos un 30%, por el tanto, mayor gasto en importación y por ende en subvención a los carburantes”, dijo.
Señaló que el daño económico, también se focaliza en problemas de logística y transporte de los carburantes hacia el país, existe “ineficiencia”. “Mientras se importe y distribuya por cisternas y no por ductos, el costo será mayor, dando la posibilidad de hechos de corrupción y sobreprecio, además de la vulnerabilidad en su distribución por factores como bloqueos o paros nacionales”, indicó.
/ERA