Sin sorpresas, la corte suprema de Venezuela convalidó el jueves la reelección del presidente Nicolás Maduro pese a las denuncias de fraude de la oposición, que considera «nula» la decisión del tribunal, cuya independencia cuestiona.
Fuente: RFI
Maduro pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) «certificar» el resultado de las elecciones del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo proclamó vencedor con 52% de los votos. La oposición asegura haber ganado los comicios y acusa tanto al TSJ como al CNE de servir al chavismo.
La presidenta del TSJ y de la Sala Electoral a cargo del caso, Caryslia Rodríguez, leyó la sentencia que «certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida» los «resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024, emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros» para «el período constitucional 2025-2031».
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«No usurparán la verdad»
La magistrada citó un informe que concluyó que «los boletines emitidos» por el CNE «están respaldados por las actas de escrutinio emitidas por cada una de las máquinas de votación» y «mantienen plena coincidencia con los registros de las bases de datos de los centros nacionales de totalización». El fallo, subrayó, es inapelable.
El TSJ no dio detalles técnicos del peritaje, como por ejemplo el tamaño de la muestra analizada.
Liderada por María Corina Machado, la oposición asegura que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó con 67% de los votos y publicó en una página web copias de las actas que, sostiene, lo prueban. El chavismo ha dicho que el material es «forjado».
A pocos minutos del fallo, González Urrutia reaccionó en la red social X: «Nula», dice una ilustración que muestra un documento judicial, acompañado por la etiqueta «No usurparán la verdad».
Juristas coinciden en que la acción del TSJ era improcedente, al sostener que la corte asume atribuciones que corresponden al CNE.
«Consolidar el fraude»
Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina desconocen la proclamación de Maduro para su tercer mandato de seis años. El canciller Yván Gil, presente en la sede del TSJ en Caracas junto al cuerpo diplomático, pidió «respeto y no injerencia en asuntos internos».
El presidente de Chile, Gabriel Boric, señaló que el fallo «termina de consolidar el fraude» en Venezuela. «No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones», agregó Boric, de los mandatarios de la izquierda latinoamericana más críticos con Maduro.
Una misión independiente de la ONU para evaluar la situación de derechos humanos en Venezuela afirmó que la máxima corte y el CNE «han desempeñado un papel dentro de la maquinaria represiva del Estado», según un mensaje divulgado en X por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
El TSJ dijo que el material electoral queda bajo su «resguardo» y exhortó al CNE a publicar en gaceta oficial los «resultados definitivos», sin pedir detalle mesa por mesa.
La autoridad electoral alega que no ha divulgado el escrutinio debido a un jaqueo que también convalidó la máxima corte. Su sitio web sigue caído, casi un mes después de la elección.
Sanciones
Maduro acusa a González Urrutia y Machado de promover la violencia e incitar un golpe de Estado, tras protestas que estallaron al conocerse el resultado con saldo de 27 muertos, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos. El mandatario pidió cárcel para ambos y la fiscalía abrió una investigación penal.
El TSJ declaró en desacato a González por su negativa a acudir a las audiencias del peritaje y anunció que remitirá su sentencia al fiscal general Tarek William Saab de cara a «sanciones».
González argumentó que se ausentó por estar en «absoluta vulnerabilidad por indefensión».
Maduro cuenta con la «lealtad absoluta» del alto mando de la Fuerza Armada, que ha descartado pedidos de apoyo de la oposición. «Venezuela tiene sus instituciones» y «están cumpliendo», reaccionó el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino.
El Parlamento, controlado por el chavismo, impulsa por su parte una serie de leyes que incluye una legislación contra el fascismo -término que Maduro suele usar para descalificar a sus adversarios- y una para regular las redes sociales. La plataforma X está bloqueda. Ya fue votada una ley de fiscalización de oenegés, criticada por activistas.
Cientos de seguidores del chavismo marcharon el jueves «contra el fascismo».
«Un fascista no puede ser candidato a ningún cargo de elección popular», zanjó el poderoso jefe del legislativo, Jorge Rodríguez, que propuso además una reforma a la ley de partidos políticos. «Si quieren entrar en el juego democrático lo primero que tienen que hacer es acatar esta sentencia».
© 2024 AFP