El debate en boga se concentra en las características del referendo que plantea el presidente Luis Arce. El “evismo” sigue cargando contra los vocales del TSE y amenaza con tomar calles.
Fuente: Opinión
El Gobierno quiere dejar bien establecida una idea: su propuesta de referendo para el 1 de diciembre es de carácter consultivo. Es decir, que de ningún modo el proceso electoral implicaría reformas en la Constitución Política del Estado (CPE). Sin embargo, saltaron observaciones desde el Órgano Electoral en torno a la redacción y criterios varios en torno a las cuatro preguntas planteadas, lo que obligó a correcciones.
El tiempo apremia para el Gobierno de Luis Arce, que es consciente de que el 1 de septiembre debe ya contar con la convocatoria oficial con miras al proceso electoral, tomando en cuenta que hay 90 días para consolidarlo, puesto que el propósito es celebrar el referendo el mismo día de las Judiciales.
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Mientras tanto, la polémica sigue su curso en cuanto a las características de la consulta. Por el lado del Gobierno, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, salió al frente este viernes para reafirmar el perfil del proceso buscado.
“Se trata de un referendo consultivo y no un referendo que implique la modificación de la Constitución. Este referendo está contemplado en la normativa vigente, en nuestra Constitución Política del Estado, que involucra la participación directa de la población en temas que le interesa”.
Una de las principales banderas del oficialismo para consolidar la consulta nacional está en la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones elementales en materia económica y política.
Y Alcón se encargó de resaltar la importancia de ellos. “En este tiempo hemos tenido dos referendos. Consideramos que el pueblo boliviano tiene que participar de los hechos que afectan a los intereses del país. No vamos a cometer los errores que se cometieron en el pasado, cuando de manera arbitraria, sin consultar a la población, se tomó la decisión de levantar la subvención (a los hidrocarburos). Por ejemplo, en 2010 se tuvo que retroceder en esa medida”.
Ya antes, en la semana, la ministra María Nela Prada había ido en esa misma línea, al recordar el “gasolinazo” que originó protestas durante el mandato de Evo Morales, cuando este, en calidad de presidente, quiso atinar a suprimir dicho subsidio. Sucedió en 2010, cuando, finalmente, debió dar marcha atrás en su intento.
Inicialmente eran cuatro las preguntas promovidas por el presidente Arce para el venidero referendo, pero la cuarta, la que refiere a la distribución de escaños, ha sido quitada.
La primera, relacionada con la reelección presidencial, consulta si el ciudadano está de acuerdo en que sea ampliada, lo que significa modificar la Constitución. La segunda pregunta si el boliviano apoya mantener la subvención a la gasolina especial, dando continuidad, así, al contrabando y la escasez de dólares, entre otras cosas. La tercera cuestiona si el ciudadano quiere mantener la subvención al diésel, considerando los perjuicios que ello representa. La cuarta y última pregunta plantea la modificación del artículo 146 Numeral I de la Constitución y apunta a la distribución de escaños. Tras revisar técnicamente las interrogantes, el TSE las devolvió al Ejecutivo y solicitó correcciones. La primera solo cumple con el criterio de imparcialidad, pero no con el de claridad ni el de precisión. La 2 y la 3 no se apegan a los criterios de claridad, precisión e imparcialidad, por lo que el TSE exigió una nueva redacción.
La 4, según el TSE, “no corresponde a la realización de un referendo por iniciativa presidencial, sino un referéndum constitucional aprobatorio convocado, por iniciativa popular o a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional”. De ahí la decisión del Ejecutivo de excluirla.
Ahora bien, vale continuar dejando en claro varios conceptos. El referendo es, conforme al Órgano Electoral, un mecanismo constitucional de la democracia directa y participativa mediante el que las ciudadanas y los ciudadanos decidimos, mediante sufragio universal, sobre normas, políticas o asuntos de interés público.
“Las decisiones adoptadas mediante referendo tienen vigencia inmediata y son de carácter vinculante. Las autoridades e instancias competentes son responsables de su oportuna y eficaz aplicación”, señala.
El proceso planteado por Arce es consultivo. El artículo 18 de la Ley 026 permite al jefe de Estado llamar a referendos consultivos, es decir, consultas populares que no tienen la capacidad de modificar la Constitución.
De ahí, las críticas. El “evismo” observa engaños. Wilfredo Chávez, exprocurador del Estado y abogado de la facción radical del partido azul, ofreció su apreciación. “El efecto del referendo es viculante, no es consultivo. Lo que quieren hacer es decir: ‘estamos haciendo con efecto consultivo, pero luego va a tener efecto vinculante’ (…). Arce Catacora se va a escapar del país, pero estos (vocales) se van a quedar. Uno de estos siete vocales va a tener que pagar todo ese dinero que se va a pagar en ese referendo, igual que hemos hecho en referendos de autonomías ilegales. Ha habido cinco juicios por eso. Por favor, hay un precedente punitivo en contra de vocales que hacen actos en contra del Estado boliviano”.
Para Chávez, el fondo de la propuesta de Arce es inhabilitar definitivamente a Evo. “¿Por qué no son claros? La (pregunta) 1 tiene un sujeto y dos predicados. Respondas lo que respondas, la respuesta del Gobierno es: ‘Evo está inhabilitado’”.
También el abogado constitucionalista William Bascopé compartió sus observaciones. El analista expresó que dos de las cuatro preguntas supone, necesariamente, una reforma constitucional.
“Cada una de las cuatro preguntas, especialmente la primera y la última, van a necesitar reforma constitucional. La segunda y tercera, del diésel y gasolina (implican) una política privativa del Estado, pero quieren llevarlas a consultar al pueblo”.
Bascopé distingue dos aspectos: “Hay tema de referendo nacional y hay la iniciativa estatal, que puede llamar el presidente por decreto. Este es el plan B. El plan A era la reforma parcial con el recurso de inconstitucionalidad que el diputado Jáuregui (Juan José) presentó”.
Por otra parte, siguiendo con el hilo de los tipos de referendos, existe también el de iniciativa popular.
“Según la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional, la iniciativa popular aplica para todas las autoridades electas por voto popular, titulares y suplentes, a nivel nacional, departamental, regional o municipal, salvo las del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional”. Esto, cuando se trata de revocatorias de mandato.
Fuente: Opinión