El gobierno no solo tiene malos redactores de preguntas, sino supuestos especialistas que desconocen las normas constitucionales. Lo que podía ser solo una metida de pata, en realidad es un tremendo gafe que golpea la de por sí abollada reputación del propio presidente del Estado.
Y es que la versión original de las preguntas del referéndum era, por lo menos, un laberinto gramatical del que nadie iba a poder salir “vivo” antes de dar el “sí” o el “no”. Así, por ejemplo:
¿Está usted de acuerdo en que la reelección establecida constitucionalmente por una sola vez de manera continua del presidente y vicepresidente del Estado sea ampliada para incorporar la reelección de manera discontinua, lo cual implicaría modificar la Constitución Política del Estado?”
Bueno, aparte de que esta pregunta ya fue formulada hace más de 8 años, la redacción pudo ser mucho más simple y, por lo tanto, comprensible. ¿Esta usted de acuerdo con incluir la reelección discontinua en el texto constitucional? O, para simplificar aun más, ¿está usted de acuerdo con que el expresidente Evo Morales sea habilitado para participar en las elecciones de 2025? De las dos maneras, seguramente resultaría más fácil para el elector saber a qué atenerse.
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La segunda y tercera son igual de largas y abordan más o menos el mismo tema. “¿Está usted de acuerdo con mantener la subvención a la gasolina especial como actualmente se encuentra, pese al gran costo económico que significa para los bolivianos y bolivianas y que al tener un precio mucho más bajo que el internacional se genera contrabando, daño económico al Estado, escasez de dólares y desabastecimiento de combustibles?”.
La propuesta un poco más clara podría haber sido:
¿Está usted de acuerdo con mantener la subvención a la gasolina y el diesel pese a que es una de las principales causas de la crisis económica? En ese caso podría esperarse una respuesta más precisa de la gente, lo mismo que en la aplicada para el diesel, aunque el impacto de una subida de este combustible sea diferente.
Considerando la argumentación que incluyen las preguntas 2 y 3, en la 4, al margen de que no corresponda “la realización de un referéndum por iniciativa presidencial, sino un referéndum constitucional aprobatorio convocado por iniciativa popular o a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional”, podía señalarse también que el aumento en el número de diputados y senadores significaría un mayor gasto para el Estado, más allá de los supuestos equilibrios en la distribución regional luego de conocerse los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda de este año.
Era obvio que el órgano electoral iba a cuestionar las preguntas, no solo por la falta “claridad, precisión e imparcialidad” observadas en las preguntas 1,2 y 3, sino por la inconstitucionalidad de la cuarta.
Ahora las preguntas están en manos de los editores, que esperemos no sean los mismos de la redacción original y que, por lo menos, haya un filtro previo antes que el presidente las envíe nuevamente al Tribunal Supremo Electoral. Eso en lo que hace a las tres primeras preguntas, porque habrá que buscar un camino necesariamente diferente para la referida a los escaños. Y todo por los malos redactores.