Los denunciantes desconfían del fiscal de La Paz, Willian Alave, debido a que él fue uno de los fiscales al mando de la investigación policial en 2001 y “socapó las torturas y vejaciones cometidas” por el grupo de uniformados de élite de la Policía Boliviana
La Paz, 27 de agosto de 2024 (ANF).- Las víctimas de tortura del caso Prosegur denunciaron que el fiscal departamental de La Paz William Alave manipula la investigación debido a que hasta la fecha ellos no fueron citados a declarar y el proceso está para ir a juicio.
Los denunciantes desconfían de Alave debido a que él fue uno de los fiscales al mando de la investigación policial en 2001 y “socapó las torturas y vejaciones cometidas” por el grupo de uniformados de élite de la entonces Policía Técnica Judicial.
“Yo puedo observar que este juicio está siendo manipulado por los policías y por la Fiscalía con William Alave, quien ha sido denunciado varias veces por nosotros mismos, porque él no puede ser juez y parte, un hombre que ha sido denunciado y ahora tiene el poder justamente en el gobierno y está manipulando todo, al extremo de que no me han llamado ni a declarar para que no se sepa la verdad, la verdad se tiene que saber, quiero conocer a las personas que me intentaron fusilar, que me deformaron el rostro, que me golpearon al punto de que sufra epilepsia, a que sufra prácticamente estos trastornos de invalidez”, denunció Víctor B. B., quien envió una carta a su abogada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) denunciando las irregularidades en la investigación y en el cumplimiento del fallo del organismo internacional.
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En la sentencia del 18 de octubre de 2022, Valencia Campos Vs Bolivia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) instó al Estado boliviano, entre otras determinaciones, investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en contra de los detenidos y procesados en el caso Prosegur, que en diciembre de 2001 asaltaron un vehículo de transporte de remesas de la empresa.
Los implicados denunciaron en reiteradas ocasiones a los fiscales del caso las torturas y vulneraciones sufridas, sin que nunca se lleven a cabo las investigaciones de manera debida. Luego el caso fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que documentó la vulneración de derechos y lo derivó a la CorteIDH para un juicio en el que perdió Bolivia.
“No me han tomado la declaración y aquí el que está dirigiendo todo es el fiscal departamental William Alave, quien está denunciado, y ahora él está manipulando todo y seguro que en el juicio ni él aparece”, señaló otra de las víctimas de tortura que pidió la reserva de su nombre.
“Como víctima sé que en este momento se está manipulando el proceso jurídico legal que es ordenado por la CorteIDH, con parámetros de que se juzgue a todos los que me han torturado, sin embargo, nunca me han llamado a declarar”, refirió otro de los afectados.
Se pidió a la Fiscalía la contraparte sobre la denuncia de que las víctimas nunca fueron convocadas para esa investigación, sin embargo, hasta la publicación de esta nota no hubo respuesta.
Incumplimiento de la sentencia de la CorteIDH
Víctor B. B. denunció que el Estado boliviano viene incumpliendo la sentencia de la CorteIDH. Sigue detenido en la cárcel pese a que ya cumplió con todos los requisitos exigidos. Le impusieron en la indemnización civil el pago en bolivianos cuando la sentencia dice en dólares, con una pérdida del monto por el tipo de cambio. Además, el tema de la salud sigue postergado. Pese a sus múltiples dolencias por la tortura, el estado impuso que se lo trate en el Hospital de Clínicas donde no hay espacio ni para la población libre.
“Me sacaron al hospital a la fuerza, igual una atención pésima, me hicieron esperar de 8:30 hasta la 13:30, espera y espera para atenderme, y al final ni siquiera me atendieron, todo un problema, eso sigue lo mismo, es pura charla, y todavía me piden para el taxi, de dónde voy a sacar plata, estoy mal, tengo epilepsia, los hombros los tengo enfermos ni siquiera los puedo doblar por las torturas recibidas”, dijo.
Víctor vive en las peores condiciones en el penal de San Pedro, un lugar donde se trata como basura al privado de libertad, según señala el ITEI (Instituto contra la Tortura), donde el hacinamiento es extremo, donde todos se rozan por la falta de espacio, pululan los chinches, piojos y pulgas, los malos olores y escasea la comida, hay mucha enfermedad.
“Sigo aquí durmiendo prácticamente al lado de los orines, aquí todo es insalubre, hay bichos, hay gente que se está muriendo de tuberculosis, de drogas, no hay cena, no hay comida, a veces no tengo ni para comer, estoy todo flaco, prácticamente esto sigue siendo lo mismo pese al fallo de la CorteIDH”, denunció.
Por esta situación, presentó una denuncia a la Defensoría del Pueblo, pero cuatro meses después se enteró que está institución lo archivó.
“Mi abogado de acá, en Bolivia, me dice que no se puede hacer nada, voy al Defensor del Pueblo y me dicen que lo han archivado el caso de mi denuncia, el Defensor del Pueblo también está con ellos”, lamentó.
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