Los centros carcelarios de Chonchocoro y Qalauma son otros dos focos de contaminación para las fuentes de agua, de las cuales se proveen comunidades originarias en el municipio de Viacha. Así lo hizo conocer a Visión 360 la presidenta del Concejo Municipal de esa urbe, Lizeth Villagómez.
La contaminación generada por la población carcelaria se suma a la que ya sufre esa comuna por la basura industrial que llega a ese municipio desde la ciudad de El Alto, que enturbia las aguas del río Pallina; y por los desechos generados por la actividad minera ilegal, que ocasionó un derrame de cianuro que se filtró hasta los bolsones de agua subterránea en la comunidad Seke Jahuira.
“La contaminación que genera este centro penitenciario conocido a nivel nacional (la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro) ha generado la movilización de las comunidades originarias, porque las aguas servidas del penal son arrojadas a un riachuelo que desemboca en un bofedal, de donde se proveen agua los habitantes y también pasa por una unidad educativa, los niños incluso llegaron a presentar enfermedades en la piel”, informó Villagómez a este medio.
La concejal mencionó que un similar grado de contaminación se genera por las aguas residuales del Centro Juvenil de Rehabilitación Qalauma, una institución destinada a la reclusión de menores de 18 años.
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Viacha es un municipio paceño, caracterizado por: la activada industrial, especialmente centrada en la fabricación de cemento, y la actividad campesina, apuntalada por la producción de alimentos y leche.
Pero el daño ambiental generado por los dos centros carcelarios no se detiene en las comunidades vecinas. Los estudios realizados por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), además de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS), confirman que los desechos también desembocan en la cuenca del río Katari, que en Viacha cambia a la denominación de Microcuenca del río Pallina. Las aguas de ese río llegan la Bahía de Cohana, del lago Titicaca.
En ese contexto, Villagómez explicó que este es otro factor de contaminación que afecta a Viacha, que ya sufre por la basura industrial que les llega desde la ciudad de El Alto, por los ríos Seke y Seco, de la cuenca Katari, además de la actividad ilegal de empresas dedicadas al reciclaje de minerales, por medio de procesos químicos como el uso de cianuro, para rescatar residuos de oro.
Precisamente, en julio, la Dirección de Gestión Ambiental y Riesgos de la Alcaldía de Viacha identificó que en los predios de la Empresa Procesadora Jacha Kollo SRL, se produjo un significativo derrame de cianuro, que contaminó los bolsones de agua subterránea en la comunidad Seke Jahuira. El hecho fue demostrado por los análisis del agua subterránea, realizados por la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Viacha, (Emapav).
Los registros de la alcaldía mencionan que un pozo de agua usado por la empresa Jacha Kollo fue sellado, pero hasta la fecha no se estableció a cuantas otras fuentes de agua afectó.
Inspecciones
Según los documentos de la Alcaldía de Viacha, a los que Visión 360 tuvo acceso, el 1 de abril el Concejo Municipal aprobó una ley de “declaratoria de situación de desastre ambiental por contaminación hídrica, producida por los centros penitenciarios de Qalauma y Chonchocoro en las comunidades de Surusaya, Suripanta y Chonchocoro, de la Marka Batalla de provincia Ingavi, en el Distrito 3 del municipio de Viacha”.
Villagómez aseveró que dicha ley tardó al menos dos meses en ser promulgada por el Ejecutivo, el alcalde Napoleón Yahuasi.
Es norma municipal fue elaborada luego de una inspección realizada por representantes de diferentes instancias como el Concejo Municipal, el diputado José Rengel, el director de Régimen Penitenciario de La Paz, Daniel Callizaya, técnicos de la Gobernación y técnicos de Emapav.
En dicha inspección, según la concejal Villagómez, se verificó que el penal de Chonchocoro, construido para solo 110 privados de libertad, ahora alberga a más de 900 privados de libertad, a los que hay que sumar el personal policial y administrativo, que supera las 1.000 personas que generan basura y aguas residuales.
También se corroboró que los tubos de drenaje son de dos pulgadas y tienen más de 30 años, es decir que ya cumplieron su vida útil.
Posteriormente, el 10 de julio, se realizó una reunión con el director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, con quien se llegó a un acuerdo para que sea el Ministerio de Gobierno el que corra con los gastos para la instalación de una planta de tratamiento de las aguas residuales en el penal de Chonchocoro. El proyecto ya estaría aprobado y se debe avanzar hacia su implementación final.
