Con la extracción de litio las mujeres sufren mayores impactos negativos a niveles ambientales, económicos y sociales, pero con acciones en las áreas de medio ambiente, licencia social, trabajo y gobernanza se podría remediar esta situación, según el informe “Mujeres y Litio”.
● América Latina se ha posicionado como un actor clave en la industria global del litio, metal utilizado en la fabricación de baterías para almacenamiento de energía, productos electrónicos y vehículos eléctricos.
¿Una vez más se cometerá los mismos errores de la extracción de hidrocarburos?
La extracción del litio representa una oportunidad económica significativa, pero también plantea riesgos ambientales y sociales. Bolivia tiene gran potencial, lleva mucho tiempo luchando por hacer despegar su extracción. El gobierno afirma que podrá producir 50 mil toneladas anuales en 2025 cuando empiecen a funcionar las plantas de carbonato que tiene previstas, esto podría generar más de 4000 millones de dólares de ingresos fiscales en los próximos 10 años, dinero que decantaría en beneficios sostenibles y que promovería la equidad social de las futuras generaciones. Esto requiere contar con un régimen fiscal que permita una adecuada apropiación, uso y distribución de la renta económica minera.
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En 2008, Bolivia inició su proyecto nacional de aprovechamiento soberano del litio, y aunque los volúmenes de extracción aún son bajos, desde 2021 tiene nuevos convenios internacionales suscritos para extracción directa del litio que aún no entran en operación. En este punto, es fundamental reparar sobre los errores cometidos en los proyectos de litio en Argentina y Chile que afectan al medio ambiente y a la población aledaña. “En Bolivia, alrededor del Salar de Uyuni, viven más de 10 000 personas en 300 comunidades de origen quechua, que subsisten principalmente de la agricultura y el turismo. Ellos tienen la preocupación de que los proyectos de extracción de litio causen problemas en el agua que necesitan para consumir y regar sus cultivos o que afecten los paisajes de los cuales viven gracias al turismo que llega a sus territorios y les genera ingresos”, afirma Sandra Sánchez, consultora a cargo de la elaboración del informe “Mujeres y Litio”, de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social – Latindadd.
El reporte de Latindadd advierte que como ya se ha visto en la extracción regida por un modelo extractivista poco transparente e injusto con las comunidades, es necesario generar un cambio e implementar medidas que aseguren un modelo de desarrollo asociado al bienestar común y al respeto de los recursos naturales. Por ello, deben revisarse detalladamente los contratos, donde debe definirse que las empresas tienen que crear o mejorar los servicios básicos de las comunidades aledañas, no atentas contra su bienestar, e incluir el enfoque de género en las políticas de implementación de los proyectos mineros de litio, ya que las mujeres son las más afectadas por la actividad extractiva.
“Los países que cuentan con litio enfrentan el reto de desarrollar proyectos técnicamente viables y económicamente rentables que minimicen el impacto social y ambiental y que beneficien a las mujeres. Las regalías e impuestos que paguen las empresas deben garantizar el financiamiento de los derechos de las mujeres en las comunidades afectadas”, dice Verónica Serafini, especialista en macroeconomía y género de Latindadd.
Impacto de la extracción del litio en las mujeres
El informe «Mujeres y Litio« destaca que las mujeres sufren más impactos negativos ambientales, económicos y sociales que los hombres en las comunidades aledañas a los proyectos, y tienen un acceso restringido a los beneficios y compensaciones que dan las empresas extractivas de litio.
En cuanto al trabajo brindado por aquellas empresas, existe una naturalización de las desigualdades, las mujeres saben que están en desventaja respecto de los varones. Muchas veces, el trabajo sin prestaciones sociales es tomado con orgullo por parte de las mujeres, según estudios previos sobre los impactos de la minería. En el caso de las regalías que llegaban por la extracción de hidrocarburos, las mujeres no tenían conocimiento de cuánto era lo que se generaba, por lo tanto, no exigieron en su momento mayores incrementos para sus presupuestos comunitarios y regionales, y menos aún para demandar el acceso a servicios públicos que les beneficiaran.
Después de dos décadas desde que iniciaron las actividades extractivas aún hoy no se ve un desarrollo socioeconómico importante, por el contrario, se aprecian fuertes niveles de precariedad y desabastecimiento de servicios públicos. Del mismo modo, se puede observar que los servicios básicos son deficientes y la infraestructura urbanística es frágil.
Además, se ha podido identificar múltiples casos de familias de trabajadoras que viven en condición de hacinamiento y en condiciones precarias, en cabañas que tienen de 12 a 16 metros cuadrados, hechas con material rústico y que también sirven de almacén para explosivos y herramientas de los trabajadores mineros, poniendo en riesgo la vida de las mujeres y niños, como en el caso de Cerro Rico de Potosí, en Bolivia.
El siguiente gráfico muestra cuatro importantes áreas en las que pueden clasificarse los impactos hacia las mujeres:
Por la parte ambiental, el acceso al agua es un gran problema, ya que la desviación de ríos y la contaminación del agua son comunes en los proyectos extractivos, lo que impacta gravemente en las mujeres que son las responsables de buscar agua y alimentos para sus familias. La seguridad alimentaria que se ve afectada por el uso del suelo para los proyectos extractivos también es una preocupación, ya que encarece la vida y los recursos se vuelven insuficientes.
Otro punto crucial es la consulta previa a las comunidades locales, ya que depende de los estándares de las empresas, del enfoque de género de los funcionarios gubernamentales y de la capacidad de las comunidades para participar en la toma de decisiones. La implementación de proyectos sin el consentimiento de las poblaciones involucradas puede causar diversos conflictos sociales y el desplazamiento de comunidades enteras, lo que implica muchas veces un aumento de violencia doméstica y deterioro en la salud y la nutrición de las mujeres.
En el caso de Argentina, se documentó por información pública que en las provincias litíferas de Catamarca, Jujuy y Salta la desocupación de mujeres (especialmente entre 18 a 35 años) triplica la media nacional. “El tema de la licencia social es fundamental, y para obtenerla, las empresas extractivas deben dar información de fácil comprensión y en los idiomas locales. Esta debe permitir medir los avances pactados con el Estado o con la empresa privada y también identificar las desviaciones cuando sucedan”, señala la investigadora Sánchez.
Por otro lado, la demanda de mano de obra en las comunidades puede reducir la importancia de los roles de subsistencia de las mujeres y aumentar la relevancia de los ingresos monetarios de los hombres, quienes ocupan puestos técnicos, dejando a las mujeres relegadas sólo a roles de limpieza, cuidadoras de buscaminas y alimentación, generalmente sin beneficios sociales ni seguro de salud, perpetuando la dependencia económica femenina.
Según Sánchez, una mayor disponibilidad de dinero en los hombres puede modificar el gasto, por ejemplo, aumentando el presupuesto familiar en alcohol y trabajadoras sexuales, ocasionando violencia basada en género, prostitución, embarazo adolescente e infecciones de transmisión sexual.
Sin una buena gobernanza no hay transparencia, por eso es fundamental que se establezcan estrategias para la participación significativa de las mujeres en el proceso de preparación de planes de acción y compromisos nacionales sobre los proyectos, precautelando que toda la información llegue mediante publicaciones no técnicas y de fácil asimilación.
Romper el círculo vicioso
El fortalecimiento de capacidades con especial énfasis en las mujeres de las comunidades aledañas a los proyectos prioritariamente debe darse con financiamiento de las empresas y con apoyo de los gobiernos locales y departamentales. Los talleres pueden implementarse en primera instancia a partir de la creación de grupos multipartícipes que cuenten con la asistencia de las lideresas comunitarias, la academia, ONGs que presten asistencia en el tema y expertos locales, que tengan como objetivo fomentar el acceso a los datos, fortalecer el uso de herramientas digitales y aclarar la información técnica en las comunidades afectadas.
Posteriormente, los procesos de consulta pública, libre e informada requieren que el Gobierno destine un presupuesto adecuado, de acuerdo con esta competencia, para informar a las comunidades sobre el proyecto extractivo y sobre sus posibles impactos. La empresa privada, como parte de la obtención de la licencia social para su operación sostenible, debe compartir conocimiento sobre los procesos que se llevarán a cabo y así lograr una mayor participación y control sobre dichas actividades extractivas por parte de las mujeres de las comunidades.