El primer semestre de 2024, las vulneraciones a los derechos socioambientales se incrementaron en 67% en relación al año 2023, según el reporte del Observatorio del Acuerdo de Escazú Bolivia (OAE), una iniciativa de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema).
Fuente: Sumando Voces
Entre enero y junio de 2024 se presentaron 391 vulneraciones a los derechos socioambientales, mientras que todo el año 2023 se registraron 583 casos.
Estos datos evidencian “el incumplimiento a la legislación nacional y al Acuerdo Regional de Escazú, que promueve la aplicación de los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales, y garantiza un entorno seguro para quienes defienden los derechos humanos en asuntos ambientales”, según una nota de prensa de Lidema.
La presidenta del directorio de Lidema, Magdalena Medrano, señaló que el incremento muestra que los órganos del Estado y los diferentes niveles de gobierno no están haciendo los esfuerzos necesarios para cumplir con la legislación ambiental nacional, peor aún, con el Acuerdo Regional de Escazú, en lo referido a los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales.
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Explica que esto implica que se está vulnerando el derecho de toda persona, de las generaciones presentes y futuras, a gozar de un ambiente sano y al desarrollo sostenible.
Medrano explicó que las circunstancias que provocan las vulneraciones identificadas están íntimamente relacionadas con el deterioro de los ecosistemas y las áreas protegidas, la perdida de la biodiversidad y los medios de vida que sostienen, principalmente, a las poblaciones locales, sobre todo, indígenas.
Al respecto, mencionó que, aproximadamente el 30% de las 391 vulneraciones registradas hasta junio del 2024, afectan a las áreas protegidas o a la diversidad biológica, especialmente por los incendios, que este año ya ocasionaron la pérdida de 2 millones de hectáreas, según datos oficiales, y la contaminación minera, que está afectando la salud de varios pueblos indígenas y originarios, así como de varias ciudades del país y devastando el patrimonio natural de Bolivia.
Asimismo, indicó que, según los testimonios recogidos por el OAE, quienes sufren con mayor fuerza los efectos de las vulneraciones son las mujeres, que ante la destrucción de su entorno se ven forzadas a desarrollar sus actividades cotidianas de cuidado de la familia en condiciones totalmente adversas y a asumir roles que aumentan desmedidamente sus ya recargadas responsabilidades, como la búsqueda de agua segura para el consumo y la producción de alimentos. A ello se suma, la discriminación que sufren cuando asumen liderazgos para la defensa de su ambiente, porque deben enfrentarse a agresiones de todo tipo, producto del contexto machista que aún persiste en nuestro país, explicó Medrano.
El Observatorio del Acuerdo de Escazú es una iniciativa de Lidema y seis de sus Instituciones integrantes (SOPE, VIVE, SEMTA, PAAC, FHV y ASE), y cuenta con el apoyo de la Fundación AVINA y UNITAS.