El 29 de agosto de 2024, Bolivia vivió una revelación inesperada con la publicación anticipada de los resultados del censo, que arrojó cifras mucho menores de las anticipadas. En lugar de los 12.332.252 habitantes proyectados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el censo final reportó apenas 11.316.620 personas, una diferencia de 1.015.632 menos. Este inesperado bajo crecimiento poblacional, con una tasa de apenas 0.98%, contrasta drásticamente con las tasas históricas de crecimiento que en censos anteriores alcanzaban hasta el 2.86%.
El impacto de estos resultados ha sido profundo y diverso. Gobernadores, alcaldes, y una parte significativa de la población están levantando la voz en protesta. En Santa Cruz, por ejemplo, se ha desatado una gran controversia. Un estudio local había estimado que el departamento superaba los 4 millones de habitantes, pero el censo reporta solo 3.115.386, dejando una brecha de casi 900.000 personas. Esta discrepancia no solo ha sacudido la confianza en la veracidad de los datos, sino que también ha encendido debates sobre la precisión y transparencia del proceso censal.
La situación en La Paz añade un giro peculiar a la narrativa. La sede de gobierno ha registrado una disminución poblacional en los censos de 2012 y 2024, con pérdidas de 26.285 y 10.736 habitantes respectivamente. A pesar de un leve crecimiento en ciudades como El Alto, la reducción en La Paz contrasta con el crecimiento en las ciudades intermedias y áreas rurales. En el censo de 2024, las ciudades capitales, incluida El Alto, representan el 45.42% de la población total, una disminución respecto al 47.49% en 2012, sugiriendo un cambio en el patrón de urbanización.
El escepticismo no se limita a Santa Cruz y La Paz. Las estadísticas también han suscitado inquietudes sobre otros departamentos como Potosí y Chuquisaca, que muestran un crecimiento mínimamente significativo. En los últimos 12 años, Potosí creció en solo 28.326 habitantes y Chuquisaca en 18.785. Este leve crecimiento se atribuye a la migración de residentes a otras regiones, lo que impactará negativamente en la asignación de recursos y en la coparticipación tributaria para estos municipios.
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Al comparar estos datos con los de países con contextos similares como Perú, Ecuador y Paraguay, la discrepancia se vuelve aún más preocupante. La correlación entre el crecimiento poblacional de Bolivia y estos países era alta hasta 2012, pero con el censo 2024, la brecha se ha ampliado considerablemente. Este desajuste en los datos sugiere que el crecimiento poblacional en Bolivia está desalineado con las tendencias observadas en naciones similares.
El INE, responsable de la elaboración y publicación del censo, enfrenta una crisis de credibilidad. La falta de transparencia y la calidad cuestionable de la información proporcionada han sido criticadas. A diferencia de otros institutos de estadística en Sudamérica, el INE no ha actualizado adecuadamente los datos económicos ni desagregado la información poblacional de manera accesible. La ausencia de información digitalizada de censos anteriores y datos sobre registros administrativos relacionados con servicios básicos como agua, electricidad y gas ha dejado a los ciudadanos sin herramientas para verificar y contrastar los resultados censales.
Este descontento generalizado no es simplemente una cuestión de cifras erróneas; es un reflejo de una profunda preocupación por la integridad y precisión del proceso censal. Los ciudadanos y autoridades locales están demandando una revisión exhaustiva y una mayor transparencia en los métodos utilizados para recolectar y analizar los datos. La falta de claridad en el manejo de la información censal mina la confianza en las instituciones y puede tener repercusiones a largo plazo en la capacidad del gobierno para planificar y asignar recursos de manera efectiva.
En un contexto de creciente desconfianza y preocupación, es crucial que se tomen medidas para restaurar la fe en el sistema estadístico del país. La revisión de los procedimientos del censo y la mejora en la transparencia de la información son pasos esenciales para abordar las inquietudes actuales. La colaboración entre las autoridades locales, regionales y nacionales será fundamental para ajustar las políticas y estrategias en función de los datos más confiables y actualizados.
En conclusión, el censo 2024 ha generado una serie de complicaciones y tensiones a raíz de un crecimiento poblacional mucho menor al previsto. La desconfianza en los resultados y la crisis de credibilidad que enfrenta el INE subrayan la necesidad de una reforma en los procesos censales y en la gestión de la información estadística. A medida que Bolivia enfrenta los retos derivados de estos resultados, es fundamental que se adopte un enfoque inclusivo y transparente para garantizar un desarrollo equitativo y sostenible.
Miguel Angel Amonzabel Gonzales
Investigador y analista socioeconómico