En Bolivia la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, es una responsabilidad de los gobiernos municipales; según la CPE y de la Ley Marco de Autonomías, tienen competencia exclusiva en este ámbito. A través de la cual asumen facultades de legislar, reglamentar y ejecutar.
En la actualidad las EPSA prestan servicios a contramano de las disposiciones de ambas normativas nacionales. Asimismo, los gobiernos municipales después de 14 años de vivir en un Estado con Autonomías, no ejercen su competencia tal cual dicta el artículo 64 de la LMAD (…) “Las competencias de las entidades territoriales autónomas se ejercen bajo responsabilidad directa de sus autoridades, debiendo sujetarse a los sistemas de gestión pública, control gubernamental establecidos en la ley así como al control jurisdiccional”.
Los operadores del occidente, que en su mayoría son “municipales” tienen directorios conformados mediante Decretos Supremos u otro instrumento legal preconstitucional, emitidos por el nivel central del Estado, mucho antes de la actual CPE, que determinan la participación de un conjunto de representantes de entidades públicas (de los tres niveles de Estado), privadas, cívicas, sindicales y hasta de la Iglesia Católica. En el caso de las cooperativas, sus directorios son elegidos entre los socios por períodos determinados.
Esta heterogeneidad de tomadores de decisiones en los directorios de las EPSA, tienden a politizar sus actuaciones, generando enfrentamientos entre los diferentes niveles de Estado, condicionamientos de financiamiento y hasta imposiciones de puestos gerenciales, prebendalismo y corrupción; asimismo, dificultan la creación de una institucionalidad basada en sus condiciones locales, en búsqueda de una adecuada gobernabilidad y gobernanza enfocada en mejorar la calidad del servicio.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
En el caso de las cooperativas, la mayoría ubicadas en el oriente, son un modelo de gestión en el que se supone un derecho de los pueblos a decidir de una manera horizontal y autonómica sobre sus servicios básicos; lamentablemente no siempre es así. Entre las debilidades que se observan, por ejemplo, los procesos eleccionarios de sus directivas, en muchos casos carecen de transparencia, asimismo, es normal la escasa participación de sus socios y usuarios en procesos de toma de decisiones. En el peor de los casos se observa la ausencia de miembros en los Directorios. Tampoco están exentos de injerencia política que condicionan sus actividades de gestión. Sin embargo, tienen un gran apoyo de la cooperación internacional y oenegés para fortalecer sus capacidades, siendo las operadoras preferidas por estas agencias, asociadas con el Estado; en detrimento de otros modelos de gestión en el occidente, que requieren de igual o mejor tratamiento de asistencia técnica.
Al parecer, los gobiernos municipales se acogen a la gradualidad (también descrita en la LMAD) en cuanto al ejercicio de esta competencia exclusiva; sin embargo, esta gradualidad lleva ya 15 años y no hay municipios que hayan asumido la obligatoriedad de este mandato constitucional. Sin embargo, esta lenidad podría acarrear responsabilidades para sus ejecutivos, sobre todo por el deterioro de la calidad de los servicios, la amenaza anual de sequía, que podría poner en riesgo no solo la continuidad de la provisión de agua, sino, la permanencia en el cargo que ostentan.
El Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, ha iniciado, por iniciativa de su más grande operador, el análisis de una propuesta de Ley Municipal para la Provisión de los Servicios Básicos de agua potable y alcantarillado sanitario, sin embargo, los gobiernos municipales de La Paz y Cochabamba no han demostrado el mínimo interés de plantear una ley que les permita iniciar con la asunción de esta importante competencia.
La mayoría de los gobiernos municipales no han tomado iniciativa al respecto, debido a la presión política del nivel central del Estado, que en muchos casos coopta a los operadores desde el directorio, con fines partidarios y peor aún, condicionando financiamientos ante señales de institucionalización. Es una realidad también, que existen organizaciones (comités suburbanos y otros) que rompen todo intento del municipio para implementar un control sobre ellas, dejado en duda la aplicación de la autonomía en la prestación de este servicio.