Fuente: La Voz de Tarija
Gonzalo Calderón, presidente de la Urbanización Los Ángeles y líder de la organización de Personas con Discapacidad de Tarija, ha manifestado su rotunda oposición ante la posibilidad de un incremento en las tarifas de los micros, afirmando que la situación vulnera los derechos de las personas con discapacidad. Calderón denunció que, a pesar de contar con una ley que ampara a este sector de la población, el sector del transporte público no la respeta, obligando a las personas con discapacidad a pagar el pasaje completo, bajo amenaza de ser expulsados del vehículo si se niegan a hacerlo.
«Nosotros tenemos una ley que no se respeta por el sector del transporte. Nos cobran el pasaje como una persona entre comillas ‘normal’, y si nosotros no pagamos, nos bajan de la movilidad», afirmó Calderón. El dirigente expresó su frustración por la falta de cumplimiento de las normativas vigentes que garantizan tarifas reducidas o exenciones para las personas con discapacidad. Según él, muchos conductores se justifican alegando que el Estado no les paga ningún subsidio por transportar a personas con discapacidad, lo que los lleva a exigir el pago completo del pasaje.
Esta situación ha generado un malestar creciente entre las personas con discapacidad y los vecinos de la Urbanización Los Ángeles, quienes se sienten ignorados por las autoridades y el sector transporte. Calderón advirtió que, ante la falta de una solución, se están reuniendo con la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) de Cercado para coordinar acciones. «Estamos reunidos con la Fejuve Cercado y tendremos que ver si salimos en marcha de protesta o en alguna otra medida de presión», declaró.
El anuncio de un posible aumento en el costo del transporte público ha generado preocupación no solo en los sectores más vulnerables, sino también entre la población en general. Las personas con discapacidad, uno de los grupos más afectados por la medida, están decididos a luchar para que sus derechos sean respetados y se garantice el acceso equitativo al transporte público, una necesidad básica para su movilidad y desarrollo personal.
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La declaración de Calderón refleja un sentimiento de indignación y cansancio ante lo que considera una situación de discriminación continua, que vulnera su derecho a la igualdad de condiciones en el uso de servicios públicos. Con el respaldo de la Fedjuve Cercado, no se descartan próximas movilizaciones y acciones de protesta para exigir que se respeten las leyes que protegen a este sector de la población.
Este conflicto pone nuevamente en el foco de atención la necesidad de una mayor fiscalización y cumplimiento de las normativas que amparan a las personas con discapacidad, así como la urgencia de un diálogo entre las autoridades, el sector transporte y los ciudadanos afectados para evitar que las personas más vulnerables sigan siendo perjudicadas en su vida diaria.