Fuente: ANF
La impunidad ha permitido que los tres sindicatos mineros y sus empresas que operan en la zona de manera ilegal realicen sucesivos ataques a los pobladores y continúen avasallando áreas de cultivo y pastoreo, con destrucción de las venas de agua y contaminación de la tierra.
“A pesar de que se ha hecho las denuncias correspondientes en la jurisdicción ordinaria contra los mineros, también denuncias en la AJAM (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera), en el Ministerio de Minería, en la Defensoría del Pueblo, hasta hoy no tenemos respuestas”, dijo a ANF la abogada Beatriz Bautista.
En mayo de 2022 los comunarios del Ayllu Acre Antequera iniciaron un bloqueo de caminos para cerrar el dique de colas de la empresa Illapa por haber incumplido todos los acuerdos con la comunidad e ir avasallando, contaminando y secando los afluentes de agua. Las tres semanas de bloqueo fueron cortadas abruptamente cuando los mineros, el 7 de junio por la noche, atacaron a la vigilia compuesta principalmente por mujeres e incendiaron sus carpas y pertenencias, robaron sus garrafas y enseres alimenticios como arroz, fideos, aceite. Seis mujeres quedaron gravemente afectadas hasta con cinco días de impedimento, de acuerdo al médico legista.
En esa región opera la empresa minera Illapa, representante de una firma transnacional, y dos sindicatos mineros: Totoral y Avicaya, todos ingresaron al lugar sin consulta previa. Con el tiempo, el sindicato minero Avicaya conformó la empresa La Salvada Sociedad Colectiva y pese a no tener ninguna autorización para operar en el lugar, contrato a la empresa minera internacional Meraki que viene ocupando y destruyendo áreas de pastoreo.
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“Son tres sindicatos poderosos en la zona que ejercen violencia bajo la mirada cómplice de los alcaldes de Pazña y Antequera que no exigen ni el cumplimiento de sus regalías”, agregó Bautista.