Desde que fue presentada ante la Cámara de Diputados el pasado mes de febrero, la reforma al Poder Judicial federal impulsada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha sido objeto de un intenso debate dentro de la sociedad mexicana.
Entre promesas de democratización de las autoridades judiciales y augurios de una debacle del Estado de derecho, México se divide por la última gran reforma de AMLO. En febrero del último año de su Gobierno, el mandatario mexicano impulsó un ambicioso mega paquete legislativo dentro de la Cámara Baja del Congreso nacional para su análisis y debate, que, tras la victoria electoral del 2 de junio para su partido Morena, podría obtener finalmente la aprobación parlamentaria.
18 propuestas de reforma constitucional integraban el abanico reformista propuesto por el jefe de Estado. Aunque el espectro de modificaciones va desde temas relacionados con el salario mínimo hasta la inclusión de la Guardia Nacional bajo la jurisdicción de la Secretaria de Defensa, la lista de reformas agitó a la sociedad mexicana por una iniciativa particular, presentada sin éxito en otras ocasiones por el presidente y devuelta a su ‘tercera’ vida: la reforma al Poder Judicial federal.
Hasta el momento de la propuesta, el partido oficialista no alcanzaba ni remotamente la mayoría calificada en el Poder Legislativo para aprobar sus iniciativas y hacer realidad el proyecto de nación obradorista, por lo que el rechazo a las reformas de peso, como la judicial, era un pesado antecedente que recaía en los hombros del Gobierno federal, que vio en el 2 de junio la última ventana para materializar los cambios que se les habían negado en todo el sexenio.
A meses de la elección, López Obrador fue claro en remarcar el plan a corto plazo de su movimiento: la prioridad era hacer realidad la reforma judicial.
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«El Poder Judicial está tomado, está secuestrado, está al servicio de una minoría rapaz, está al servicio de la delincuencia llamada organizada y de la delincuencia de cuello blanco, entonces solo con la participación de la gente, con la democracia (…) solo así vamos a poder avanzar y esto no es un asunto que se va a lograr fácilmente en el corto plazo, va a llevar tiempo, pero hay que empezar», mencionó el mandatario en una de sus conferencias matutinas, el pasado 12 de febrero.
El ‘Plan C’ se puso en marcha, con el obradorismo pidiendo la confianza de la ciudadanía para que, en las elecciones presidenciales y legislativas de junio, Morena no solo se quedara con el Palacio Nacional, sino también con mayorías calificadas en el Congreso para poder pasar las reformas necesarias para ese cambio que habían prometido con la llegada de López Obrador al poder en 2018. El 2 de julio, el electorado obradorista respondió.
Las elecciones de julio le otorgaron al oficialismo el 73% de las curules dentro de la Cámara de Diputados, suficientes para tener una mayoría calificada y poder pasar modificaciones constitucionales sin necesidad de dialogar con la oposición. En el Senado, Morena y sus aliados ostentan 83 representantes, a solo tres de lograr la mayoría calificada y aprobar totalmente cualquier reforma constitucional.
Ante este panorama, y con la reforma judicial como la prioridad máxima, un amplio sector de la ciudadanía mexicana ha mostrado su inconformidad con esta. Desde un paro de labores en instancias del Poder Judicial federal hasta manifestaciones ciudadanas protagonizadas por estudiantes, un bloque inconforme ha construido una férrea oposición a la aprobación de una de las reformas más polémicas del obradorismo, alegando un riesgo para la joven democracia mexicana y un atentado al sistema de justicia en el país.
Sin embargo, la reforma judicial ya fue aprobada por la Cámara Baja el pasado 4 de septiembre, en una sede alterna al Palacio Legislativo de San Lázaro debido al bloqueo del edificio por parte de trabajadores del Poder Judicial que se oponen a la norma, y se encuentra rumbo a ser debatida en la Cámara Alta, donde algunos representantes de Morena afirman que el oficialismo ya tiene los votos necesarios, negociando con partidos no aliados, para pasar la reforma y hacerla realidad.
Algunos expertos vaticinan graves consecuencias económicas, políticas y sociales con la posible aprobación de la reforma judicial, mientras que Gobiernos como el estadounidense y el canadiense también han expresado sus dudas en torno a la modificación constitucional. ¿En qué consiste la reforma y por qué ha encendido la división entre los mexicanos?
Elección popular de autoridades judiciales, menores requisitos y ‘jueces sin rostro’: las claves de la reforma
La reforma judicial propone un cambio radical al funcionamiento actual del Poder Judicial a nivel federal. En el centro de la reforma está democratizar la elección de autoridades judiciales, con más de 1.600 puestos gubernamentales, entre jueces, magistrados y ministros, estando ahora sometidos a elecciones populares escalonadas: en 2025, se elegirían ministros de la Suprema Corte y la mitad de los jueces y magistrados de distrito, y la otra mitad sería elegida en 2027.
Además, la modificación constitucional propone la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, un organismo gubernamental que vigile el comportamiento del personal judicial y sancione a aquellos que crea correspondiente, cuyos magistrados también serían electos en las urnas, de ser aprobada la reforma, en 2025. Todas las elecciones serían reguladas y supervisadas por el Instituto Nacional Electoral, presuntamente sin intromisión de los partidos políticos.
La reforma también acortaría la plantilla de jueces en la Suprema Corte, de 11 a 9, con una presidencia rotatoria cada dos años, dependiendo de qué juez haya sacado un mayor porcentaje en el voto, usando un sistema por representación proporcional. La duración de los cargos también se regiría a través de este sistema: 14 años los que hayan sido más votados, 11 y 8 los que menos.
La iniciativa presidencial también propone que ningún miembro del Poder Judicial pueda percibir un salario mayor al del jefe de Estado.
Otra característica controversial de la propuesta está en los criterios mínimos para los aspirantes a un cargo en la autoridad judicial. Aquellos interesados en convertirse en los nuevos magistrados y jueces federales necesitarán tener un título en Derecho, con un promedio de mínimo 8, además de cinco años de experiencia en cargos relacionados, una serie de ensayos sobre tópicos relevantes y cinco cartas de referencia que desglosen sus cualidades para el cargo.
El Gobierno obradorista también tiene la intención de impulsar un nuevo mecanismo de justicia en el Poder Judicial, antes utilizado en países como Italia y Colombia, pero duramente cuestionado por entidades internacionales que velan por los Derechos Humanos: el de los ‘jueces sin rostro’. Se trata de una figura legal utilizada para proteger la identidad de los juzgadores a través del anonimato en casos que pudieran poner su integridad en riesgo, como aquellos relacionados con el crimen organizado.
Las medidas incluidas en la legislación han creado un ambiente de polémica alrededor de la reforma judicial, que ha sido cuestionada por un gran sector de la sociedad civil, preocupado por la estabilidad democrática en el país y la correcta, y objetiva, impartición de justicia en el país azteca.
La dudas alrededor de la reforma
Académicos, políticos de oposición, estudiantes y ciudadanos de a pie han levantado la voz en contra de los posibles efectos que tenga la reforma judicial en la vida política y judicial de México, con algunos alertando sobre la disolución de la división de poderes en el país, parcialidad de los jueces y el respeto a los Derechos Humanos. Rubén Díaz, doctor en Derecho con especialidad en Derecho Constitucional, expresó sus dudas sobre la reforma judicial en entrevista con France 24.
«No hay un país en el mundo, más que Bolivia, que elija a sus jueces (…) Los países democráticos, digamos con modelos de justicia ideales, no eligen a sus jueces, se les selecciona, y causa controversia también porque se quiere implementar por un ‘plumazo'», señaló el académico mexicano, subrayando que, al realizar un cambio tan grande en la legislación, existe un «riesgo para el Estado de derecho» de no contar con un tiempo de transición largo.
Sobre los ‘jueces sin rostro’, organizaciones no gubernamentales como el Centro Prodh han advertido que su inclusión en la ley mexicana «contraviene las obligaciones internacionales de México sobre Derechos Humanos», al violentar el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mismo que subraya que “toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial».
Países que han implementado dicha figura jurídica, como Perú, han dado marcha atrás en su uso después de que organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas recomendara abolir esta práctica.