El abogado, Robert Castedo, ha resaltado la ineficiencia de las sanciones legales para quienes provocan incendios forestales en Bolivia. Castedo advirtió que el sistema judicial no está logrando sancionar adecuadamente a los responsables, lo que contribuye a la persistencia de esta problemática y sus devastadoras consecuencias.
Fuente: https://asuntoscentrales.com
En su análisis, Castedo subrayó que los incendios forestales tienen repercusiones severas en la salud pública, principalmente a través de un incremento en los costos de atención para enfermedades respiratorias. Bolivia, con una extensión total de 108 millones de hectáreas, alberga 63 millones de hectáreas de bosques, sin embargo, en 2023 se perdieron 696 mil hectáreas de bosques debido a estos incendios.
En el departamento de Santa Cruz, que representa 34 millones de hectáreas y cuyo 67% es área boscosa, la situación es especialmente alarmante. Desde el año 2002 hasta 2023, Bolivia ha perdido aproximadamente 4,200,000 hectáreas de bosque húmedo, lo que equivale al 54% de su cobertura original. Solo en el período mencionado, los incendios han destruido 2 millones de hectáreas de bosques.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Castedo también destacó la importancia de áreas específicas como El Choré y Guarayos, que son fundamentales para la producción de madera y la regulación del clima. Asimismo, hizo hincapié en la vulnerabilidad del bosque Chiquitano, una región crítica que se extiende desde Santa Cruz hasta Puerto Suárez y que necesita una protección urgente por su valor ecológico.
Desde el punto de vista jurídico, Castedo mencionó la Ley N° 1700 de 1996, que define delitos específicos en el artículo 42 relacionados con incendios y la destrucción de bienes del estado. Aunque existen leyes para la protección de los recursos naturales, Castedo criticó la falta de eficacia en su aplicación. “La carga procesal y la dificultad para recolectar pruebas en el lugar del incendio complican la judicialización de estos casos, las penas establecidas, que oscilan entre 1 y 6 años, frecuentemente resultan en sanciones menores o procesos abreviados, lo que no previene adecuadamente futuros delitos,” explicó.
Castedo concluyó que, a pesar de contar con un marco legal adecuado, la deficiencia en la ejecución de las leyes y la insuficiencia de las sanciones actuales limitan significativamente la protección de los bosques y la prevención de incendios en Bolivia.