El acuerdo entre ganaderos y la Procuraduría General del Estado (PGE) para suspender procesos y reversión de tierras por quemas fue rechazado por los legisladores, quienes advirtieron que ese pacto muestra la pérdida de la institucionalidad. Además, solicitarán informes a la entidad estatal para conocer sus alcances.
La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Cecilia Requena, en contacto con la ANF, dijo que es necesario analizar esa situación desde dos aristas, la primera la falta de institucionalidad por parte de las entidades estatales que retroceden en sus decisiones después de haber iniciado una investigación.
“Lamentablemente la institucionalidad estatal en Bolivia está hecha trizas porque las normas no se aplican en demasiados casos, me parece dramático esta falta de institucionalidad. El primero es el hecho de que el propio Estado pueda retroceder y suspender la aplicación de la norma con relación a sanciones”, afirmó.
Este martes, se conoció que el procurador general del Estado, César Siles, a través de una carta enviada el 24 de junio a la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) y la Federación de Ganaderos de Beni (Fegabeni), asumió el compromiso a pedido del Órgano Ejecutivo de suspender la reversión de tierras por quemas y chaqueos ilegales con base en una investigación que se realizó el pasado año.
“Conforme a lo coordinado y comprometido con ustedes y a requerimiento del Órgano Ejecutivo se inició inmediatamente concluida la reunión, su revisión y análisis interinstitucional, quedando al presente suspendida su aplicación en el efecto relativo al inicio del procedimiento de reversión de tierras a coordinarse con la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA)”, dice el segundo párrafo de la carta enviada a ambas entidad ganaderas.
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En ese sentido, la legisladora dijo que esa acción también muestra un patrón de impunidad al momento de sancionar a quienes causaron incendios, pese a que se identificaron a los responsables, lo cual refleja una debilidad del Estado para aplicar la norma.
“Entonces aquí lo que queremos mostrar es ese patrón donde el Estado, cuando logra hacer un informe como el que ha hecho la Procuraduría identificando responsables, no pueden llegar a una sanción porque la presión social hace que el mismo Estado retroceda. Es un Estado débil y termina promoviendo la impunidad y, a través de la impunidad, termina generando caos”, puntualizó.
El segundo factor que la legisladora explicó es desde el punto de vista de los ganaderos o los supuestos infractores, quienes señalan que el Estado no cuenta con los mecanismos para identificar a los causantes de los incendios, solo determinan dónde se originó. Advirtió que esa situación puede incurrir en que se emitan sanciones contra aquellos que no son responsables de esos hechos.
“Los agricultores o ganaderos te dicen que el Estado no tiene los medios para establecer verdaderamente quién es el culpable de la quema ilegal, porque sus mecanismos de verificación de dónde inició el fuego son imperfectos. Solo están estableciendo dónde comenzó el fuego, pero no señalan de cómo se generó ese incendio. Entonces, es el Estado que por su propia debilidad encuentra esa dificultad de probar a ciencia cierta quién fue el causante del incendio”, puntualizó.
Al respecto, la diputada de CC Luciana Campero consideró que existe una complicidad del gobierno con sus aliados, en su criterio, son los ganaderos y los agroindustriales para no sancionarlos por deforestar los bosques.
“Lo que alarma es la complicidad que tienen ciertos empresarios privados con el Gobierno, han convertido nuestros bosques en cenizas mientras sus aliados se benefician de la deforestación sin control ¿A qué me refiero con sus aliados? es al empresario privado que se beneficia de esta deforestación”, expresó.
Informes
Por otra parte, ambas parlamentarias anticiparon que solicitarán informes al procurador general de Estado para que explique cuáles son los alcances del acuerdo y el avance de las investigaciones por la quema ilegal y chaqueos.
En ese aspecto, Requena estimó que ese acuerdo puede marcar un precedente de que futuras investigaciones por esos ilícitos sean suspendidas y los responsables queden en la impunidad.
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