La Cancillería de Bolivia se pronunciará sobre la certificación o no de la carta de Marcelo Soza, que escribió con el rótulo “Al pueblo de Bolivia”, a su llegada a Brasilia donde solicitó refugio político.
Imputan a Soza y a su entorno por extorsión a procesados
CASO TERRORISMO. Fiscalía pidió la detención de Soza, de su jefe de seguridad, de dos de sus abogados y de la tía de Jessica Jordan. La imputación es calificada de extemporánea que busca llenar apariencias.
Una jueza debe fijar fecha para la audiencia contra cinco imputados del entorno de Soza . Foto: APG.
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EL DEBER, Santa Cruz
Después de dos meses de su fuga a Brasil y en medio de duros cuestionamientos, la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz imputó formalmente al exfiscal Marcelo Soza y a sus cómplices por extorsión a procesados en el caso terrorismo.
La imputación firmada por la comisión de fiscales integrada por Rose María Barrientos, Mabel Andrade y Cándido Blanco fue presentada este fin de semana ante la jueza Patricia Gonzales, que debe fijar hora y fecha para la audiencia cautelar de los investigados.
Después de una serie de denuncias los fiscales decidieron imputar por delitos de concusión, extorsión, cohecho, uso indebido de influencias y consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados, que tienen penas desde 3 a 8 años y de 5 a 10 años de cárcel a Marcelo Soza, refugiado político en Brasilia desde el 11 de marzo; a su jefe de seguridad durante casi toda su trayectoria como uno de los fiscales más influyentes, el capitán de policía Juan José Laguna Saavedra; sus abogados de confianza, Miguel Ángel Limpias y Leonardo Pereira Menacho; Ana Claudia Arruda, presa en Palmasola y tía de la excandidata a gobernadora Jessica Jordan.
Los fiscales piden a la jueza la detención de todos los imputados en la cárcel de Palmasola por considerar que existen suficientes indicios de culpabilidad en los delitos penales.
La imputación tiene su base en las denuncias del exprefecto Zvonko Matkovic Fleig tras la detención de su hijo Zvonko Matkovic Ribera. El empresario, a través de sus abogados, recibió ofertas de Moisés Ponce de León, exasesor de Soza, que le prometió liberar a su hijo previo pago de $us 60.000, promesa que jamás se cumplió. Según Matkovic, las reuniones se realizaban en la casa de Ana Claudia Arruda. Los pagos se efectuaron en cuotas de $us 20.000 y después le pidieron un total de $us 200.000 y estuvo a punto de vender su casa.
La otra denuncia fue presentada por el excívico de Beni Alberto Melgar, quien acusó al oficial Juan José Laguna de actuar de intermediario para prometerle libertad por considerarse hombre de confianza de Soza. Los abogados Limpias y Pereira y Ponce de León incluso viajaron a Beni pagados por Melgar, recibieron dinero pero tampoco cumplieron.
La imputación es una apariencia
Para el abogado Otto Ritter, que defiende a procesados por el caso terrorismo, la imputación presentada es extemporánea y solo busca llenar apariencias. Dijo que los os fiscales tuvieron más de un año para detener a Soza y no hicieron nada. “Públicamente se anunciaba que Soza se iba a escapar, era vox populi y los fiscales jamás actuaron”, dijo
Cancillería definirá por carta certificada
La Cancillería del Estado se pronunciará sobre la certificación o no de la carta de Marcelo Soza, que escribió con el rótulo “Al pueblo de Bolivia”, a su llegada a Brasilia donde solicitó refugio político.
El abogado Gary Prado, que defiende a varios procesados por el caso terrorismo, viajará hoy a La Paz para recibir la respuesta oficial que genera expectativa.
Marcelo Soza a su llegada a Brasilia y tras ser registrado por la Policía Federal, el Ministerio de Justicia y la Interpol, escribió una carta en la que asegura que se vio obligado a dejar su país y su familia al ser víctima de una persecución injusta y de ser abandonado por el Gobierno que con su silencio le retiró su apoyo. Además de haber sido presionado para involucrar a personajes cruceños en el caso terrorismo y de fabricar pruebas para incriminarlos.
La Cancillería de Brasil ya legalizó la carta de Soza. Sin embargo, la embajada de Bolivia en Brasilia elevó la carta en consulta a la Cancillería boliviana para que analice el contenido legal. La embajada de Bolivia también pidió una opinión a Itamaratí si es o no prudente legalizar la carta.