Piden a la Fiscalía investigar a los ministerios de Medio Ambiente y de Desarrollo Rural por los incendios forestales

El diputado Marcelo Pedrazas (Comunidad Ciudadana) recordó que en 2023 se presentó una iniciativa para abrogar la ley que autoriza desmontes; sin embargo, hasta la fecha no hubo una respuesta

Álvaro Rosales Melgar

Fuente: Unitel

En plena escalada de incendios y una afectación de 4 millones de hectáreas en diferentes regiones del país, el diputado opositor Marcelo Pedrazas (Comunidad Ciudadana) pidió a la Fiscalía abrir una investigación contra los ministerios de Medio Ambiente y de Desarrollo Rural, encabezados por Alan Lisperguer y Juan Yamil Flores, respectivamente.



¿El motivo? Según el parlamentario, en noviembre de 2023 se presentó -junto a la diputada María René Álvarez (Creemos)- un proyecto de ley para abrogar la Ley 741 de Autorización de desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias, una de las leyes observadas en plena emergencia de incendios; sin embargo, desde estas carteras de Estado “jamás hicieron llegar un informe” al respecto.

“Quiero exigirle al fiscal general que inicie una investigación inmediata en estos dos ministerios, porque son responsables de la mayor tragedia que está viviendo este país en el tema ambiental. Al no haber enviado los informes e, inclusive, al existir indicios de que estos informes estarían en contra de la aprobación de este proyecto de ley, no existe duda alguna de que en esos ministerios existen responsables”, manifestó Pedrazas.

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El pedido de Pedrazas se da en un contexto en el que la Cámara de Senadores abrogó dos leyes que son señaladas por activistas y otros sectores de la población como las causantes del fuego y la humareda que azota a diferentes regiones del país: la Ley 1171 de Uso y manejo racional de quemas y la Ley 3337 de Apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques.

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[Foto: APG Noticias] / Diferentes regiones se han visto afectadas por el fuego en los últimos meses

Ambas normas fueron remitidas a la Cámara de Diputados para su tratamiento y su posterior sanción tras una sesión desarrollada en el municipio de Uyuni a raíz de la vigilia de la COB en puertas del Congreso de la plaza Murillo.

Por otra parte, según fuentes consultadas por Unitel, hubo un “encontronazo” en una reunión de gabinete que fue protagonizado por Lima y los ministros Alan Lisperguer, de Medio Ambiente, y Yamil Flores, de Desarrollo Rural y Tierras.

De acuerdo con el reporte, en la reunión de gabinete Lima propuso la abrogación de las leyes que regulan el desmonte y quema en el país, además de un proyecto de ley para la ampliación de penas para los que realicen quemas en áreas protegidas.

“Así como el fiscal general ha anunciado investigaciones a quienes han iniciado los incendios, se debe investigar a quienes no han tomado las acciones de prevención oportunas para evitar la peor tragedia ambiental en Bolivia”, agregó el legislador opositor.

Flores y Lisperguer son las cabezas de los ministerios denunciados públicamente por el diputado
Flores y Lisperguer son las cabezas de los ministerios denunciados públicamente por el diputado

¿Por qué abrogar la Ley 741?

En un contacto con UNITEL, la diputada Álvarez señaló que la abrogación de la Ley 741 es crucial debido a sus resultados contraproducentes y su impacto ambiental, ya que la la expansión del desmonte legalizado ha contribuido al deterioro de ecosistemas frágiles, incrementando el riesgo de incendios.

“Aunque fue creada con la intención de aumentar la producción de alimentos, los desmontes autorizados bajo la ley no han logrado dicho objetivo. Solo una fracción mínima de las tierras deforestadas se ha utilizado para cultivos, mientras que el resto ha quedado subutilizado o ha sido afectado por incendios forestales”, advirtió la legisladora

Álvarez remarcó que es imperativo exigir la abrogación de la Ley 741 para tomar una postura responsable hacia la protección de los bosques y buscar alternativas sostenibles para garantizar los bosques cruceños, que no impliquen la destrucción de recursos naturales.