El director departamental de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), Emilio Tejerina, informó sobre las modificaciones en el régimen sancionatorio para aquellos que provocan incendios en el país, en el marco del reciente decreto supremo 5203. Estas medidas, presentadas el 24 de agosto, buscan responder de manera más estricta a los daños causados por los incendios forestales, un problema que ha afectado de manera significativa a Bolivia en los últimos años.
«Informar a la población que se ha modificado el tema sancionatorio. Anteriormente era 0.20 centavos por hectárea quemada, pero actualmente se ha modificado esta suma de dinero a través del decreto supremo 5203», explicó Tejerina. Esta actualización contempla un incremento significativo en las sanciones económicas para los responsables de incendios, pasando a 950 Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV) por cada hectárea quemada.
El nuevo decreto no solo establece una multa considerable por hectárea incendiada, sino que introduce una medida más severa: la sanción no se aplicará únicamente sobre la superficie quemada, sino sobre la totalidad del predio afectado. “Es importante informar que no solamente cobramos la sanción por el área quemada, sino por la totalidad del predio. Entonces, por ejemplo, si tenemos un predio de 100 hectáreas y se quemaron 10 hectáreas, como ABT cobramos la sanción por las 100 hectáreas, es decir, de la totalidad”, subrayó el director de la ABT.
La adopción de este tipo de sanciones refleja la urgencia de frenar el avance de los incendios en Bolivia, un problema que no solo afecta al medio ambiente, sino también a la biodiversidad, la salud pública y las actividades económicas vinculadas al uso de la tierra. Los incendios forestales, muchos de los cuales son provocados de manera intencional o por prácticas agrícolas irresponsables, han sido una de las principales causas de la pérdida de cobertura vegetal y la degradación de ecosistemas críticos en varias regiones del país, incluyendo áreas protegidas.
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El decreto supremo 5203 otorga a la ABT un papel clave en la aplicación y fiscalización de estas nuevas medidas, lo que ha llevado a la institución a trabajar de manera urgente en la reglamentación correspondiente. Tejerina aseguró que la ABT ya se ha puesto a trabajar «en tiempo y materia» para establecer los mecanismos que permitan la aplicación efectiva de las sanciones.
Bolivia ha enfrentado en los últimos años una serie de incendios devastadores, particularmente en regiones como la Chiquitanía y el Pantanal, que han dejado irreparables pérdidas de flora y fauna, además de afectar gravemente las comunidades que dependen de estos recursos naturales. Los esfuerzos del gobierno, en colaboración con instituciones como la ABT, están enfocados en prevenir estos eventos y castigar con mayor severidad a quienes actúan irresponsablemente.
La modificación del régimen sancionatorio se suma a otras iniciativas del gobierno y las autoridades locales para concienciar a la población sobre los riesgos y consecuencias de los incendios. Las campañas de sensibilización buscan informar sobre las medidas preventivas que deben tomarse en la agricultura y el manejo de tierras, así como las consecuencias legales para quienes no cumplen con las normativas vigentes.
Con esta nueva normativa, la ABT busca disuadir cualquier acto que implique la quema de hectáreas, ya sea de forma intencional o negligente. Las sanciones económicas son una de las herramientas más contundentes que tiene el Estado para frenar estas prácticas, las cuales ponen en peligro no solo el entorno natural, sino también la vida y el bienestar de las comunidades afectadas.
La implementación de estas sanciones será acompañada de una mayor fiscalización por parte de las autoridades competentes, lo que incluye inspecciones regulares en zonas de alto riesgo de incendios y la aplicación de multas inmediatas en caso de infracción. Además, se está evaluando la posibilidad de incluir penas adicionales para quienes reincidan en estas prácticas.
Bolivia enfrenta un desafío mayúsculo en la conservación de sus recursos naturales, y la adopción de medidas más estrictas para la prevención y sanción de incendios es un paso esencial hacia la protección del patrimonio ambiental del país. Las acciones de la ABT, respaldadas por el decreto supremo 5203, buscan asegurar que quienes dañen el medio ambiente paguen un precio alto por sus actos, contribuyendo así a un futuro más sostenible para todos.