Los audios que revelan la oscura trama que precedió a la muerte de Alejandro Muyshondt, el asesor de Nayib Bukele que sabía demasiado

 

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Fuente: infobae.com

Alejandro Muyshondt enciende la grabadora del teléfono celular antes de entrar a la oficina de Ernesto Castro, el secretario privado del presidente Nayib Bukele, en el edificio neoclásico que aloja a la casa presidencial de El Salvador en la zona suroeste de la capital. Lo graba todo, como suele hacerlo cada vez que se reúne con funcionarios poderosos del gobierno salvadoreño, sus colegas. Es agosto de 2020.

En la reunión Alejandro Muyshondt y Ernesto Castro hablan de amenazas a la ciberseguridad de la presidencia, pero también de los pecados internos del joven gobierno de Bukele, inaugurado en 2019, como la corrupción en el sistema carcelario y el malestar de la embajada de los Estados Unidos con Guillermo Gallegos, un diputado aliado del presidente al que agentes antidrogas estadounidenses siguen la pista por narcotráfico desde al menos 2014. También hablan de poner en marcha una oficina para espiar a periodistas y miembros de la oposición política, la cual sería financiada por Casa Presidencial.

“Al hacer esto (espiar a periodistas y opositores) podemos tener muchos elementos para tener contento al hombre (Nayib Bukele), son cosas que el hombre necesita”, le dice Castro a Muyshondt en la reunión al hablar del proyecto de espionaje político, como se escucha en la grabación de ese encuentro, de la que Infobae tiene copia.

Jorge Alejandro Muyshondt Álvarez, salvadoreño nacido el 12 de febrero de 1977, descendiente de un abuelo belga, especialista en informática, es nombrado asesor nacional de seguridad al inicio del nuevo gobierno. Lo une a Bukele una amistad nacida tras la fundación de Nuevas Ideas, el partido del nuevo presidente, y se ha fortalecido luego de que Muyshondt le colabora al político con asesoría informática para sacarlo de líos, como el provocado por el “hackeo” que uno de sus equipos cibernéticos hizo en 2016 a La Prensa Gráfica, un periódico crítico, y que termina en una demanda judicial, o como cuando en septiembre de 2019 ayuda a tumbar el portal de Revista Factum, un medio independiente que ha hecho pública la relación entre Bukele y 1.9 millones de dólares que le había entregado Alba Petróleos de El Salvador, una empresa señalada por lavar dinero del petróleo venezolano.

Alejandro Muyshondt sabe mucho. Y lo sabe pronto. Su rol como especialista en ciberseguridad le da un acceso privilegiado a la información interna del gobierno. Han pasado poco más de siete meses desde la toma de posesión del nuevo mandatario, en junio de 2019, cuando ya Muyshondt sabe que algunos funcionarios, sobre todo en el gabinete de seguridad, han montado redes de corrupción desde sus oficinas, que el diputado suplente al que Bukele acababa de nombrar jefe de prisiones desvía fondos de las tiendas carcelarias y crea plazas fantasmas y que otro diputado oficialista es investigado en Estados Unidos por sus sospechados vínculos con las rutas del narcotráfico en el corredor norte del país.

También sabe Muyshondt muy pronto que conocer aquello y denunciarlo le puede costar la vida. Porque Muyshondt denuncia primero al interior del gobierno y del partido Nuevas Ideas, y luego a investigadores estatales, salvadoreños y extranjeros.

Y así ocurre. Alejandro Muyshondt murió en febrero de 2024 en un hospital estatal en las afueras de San Salvador bajo custodia del Estado luego de que, en agosto de 2023, la fiscalía general que el presidente Bukele controla lo arrestara bajo cargos de revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial, entre otros. Tras su arresto, Muyshondt es llevado a una celda en la que recibe visitas de oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC) perfilados por la oficina de inteligencia policial como sospechosos de practicar torturas y malos tratos.

Después de esas visitas, el asesor es trasladado al Hospital Nacional Siquiátrico primero y al Hospital Nacional Saldaña después. Cuando llega al segundo hospital, a finales de septiembre de 2023, entra con un golpe en el cráneo y una infección en la membrana cerebral, es incapaz de controlar sus esfínteres, de bañarse o alimentarse por sí mismo o de hablar de forma normal. Murió el 7 de febrero de 2024 tras al menos ocho cirugías reportadas en el expediente médico, del que Infobae tiene copia. Ninguna de esas intervenciones es comunicada a la familia, como mandan tratados internacionales contra la tortura que el Estado de El Salvador reconoce. La familia, de hecho, nunca lo ve desde que es arrestado.

Los allegados al ex asesor de seguridad pública están convencidos de que la muerte es consecuencia de los malos tratos que sufre mientras está detenido: “Me atrevo a decir que Alejandro Muyshondt fue torturado”, dice una persona cercana que habló con Infobae desde el anonimato por seguridad.

La familia, de hecho, ha llevado sus sospechas ante varias oficinas de Naciones Unidas, como la Relatoría sobre ejecuciones extrajudiciales y los grupos especiales sobre detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. El 5 de julio de 2024, estas oficinas hacen llegar una comunicación oficial a El Salvador a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la que la ONU califica el caso como uno de “desaparición forzada” y pide al gobierno de Bukele que explique por qué Muyshondt estuvo incomunicado, sin ver a su familia, y si hay abiertas investigaciones para esclarecer su muerte. El Salvador contesta el 5 de septiembre de 2024, pero su respuesta aún no es pública.

Infobae ha tenido acceso a 8 horas de grabaciones hechas por Muyshondt durante conversaciones que tuvo con varios funcionarios de Bukele. A través de comparaciones digitales entre las grabaciones e intervenciones públicas de los funcionarios y de corroboraciones hechas con al menos diez personas que los conocen y han convivido con ellos, Infobae ha corroborado la autenticidad de los audios.

Además de los audios, Infobae tiene en su poder cientos de páginas del expediente médico de Muyshondt elaborado en el Hospital Nacional Saldaña, donde el ex asesor ingresó a finales de septiembre de 2023, fotografías del cadáver tomadas en el Instituto de Medicina Legal de San Salvador y decenas de textos intercambiados por mensajería electrónica con personas cercanas a él. La autenticidad de los textos se corroboró en entrevistas con ex colaboradores, parientes, funcionarios en El Salvador y Estados Unidos, y con especialistas. La mayoría habló desde el anonimato por temor a represalias del gobierno de Bukele. Se buscó a los funcionarios y personas mencionadas en esta investigación, pero en la mayoría de los casos no hubo respuesta; cuando sí la hubo así se señala.

Lo que todos estos documentos y entrevistas cuentan es la historia de un hombre que llegó al gobierno de Bukele a hacer inteligencia política y trabajar en ciberseguridad, que se decepcionó muy pronto por lo que vio dentro del nuevo gobierno y se frustró por la inacción del presidente, un hombre a quien él admiraba. Y cuentan también la historia de cómo el Estado salvadoreño, con Bukele a la cabeza, lo arrestó, le montó una investigación criminal y lo dejó morir después de, presumiblemente, haberlo torturado.

Desde el principio, cuando arranca la reunión con Ernesto Castro, entonces secretario privado de Bukele, en agosto de 2020, Muyshondt ha pedido permiso para hablar “con franqueza, sin temor a represalias y despidos”. Castro ha contestado con una risa. Con franqueza, el asesor de seguridad le informa al segundo en Casa Presidencial sobre un escándalo de corrupción que está por reventar, el de ASOCAMBIO, una asociación creada para administrar dinero proveniente de tiendas carcelarias que es controlada por Osiris Luna Meza, el director de prisiones. Esta es parte de la plática, que solo ha sido editada para mayor claridad:

–Alejandro Muyshondt: “En ASOCAMBIO hay un gran desvergue (desorden), tigre. Hueveyo de a galán (robo descontrolado) … Y en la Fiscalía están armando un expediente de esa mierda. La mamá de Osiris (Luna) empezó a ensamblar ciertos grupos de proveedores y siempre hay una comisión (de dinero) de por medio… (Los fiscales) tienen conversaciones, tienen un montón de cosas que la Fiscalía pudiera tomar en cuenta. Se empezaron a hacer de la nada un vergo de pisto (dinero)…”.

–Ernesto Castro: “…Ya los tienen bien taloneados (ubicados)”.

-Muyshondt: “Y eso es una bomba que puede ser bien contraproducente si la tiran antes de elecciones (legislativas, que se realizarán a principios de 2021). Es un vergazo (golpe) que está bien documentado y es bien difícil desmentirlo y crear una cortina de humo para quitarse un vergazo de ese tipo…”.

-Castro: “Sí.”.

La “mamá de Osiris” es Alma Yanira Meza. Poco después de esta conversación, dos medios salvadoreños hacen públicos documentos que acreditan el desvío irregular y uso de USD 8.5 millones en el sistema carcelario. La Fiscalía General de la República (FGR), en efecto, ha abierto un expediente que entonces no es público y ha puesto a Luna y a su madre como los principales sospechosos del desvío. Los fiscales, además, creen que madre e hijo son líderes de una red de corrupción que ha creado plazas fantasmas para apropiarse de salarios no entregados y de dar contratos por servicios en las cárceles a cambio de coimas. En pocos meses, gracias a esas plazas, la red de los Luna Meza se ha hecho con unos USD 300,000 según las investigaciones de la fiscalía.

Para 2020, la FGR también investiga a Luna por su rol en la negociación de un pacto de gobernabilidad con las pandillas MS13 y Barrio 18, que entonces está vigente. La Fuerza de Tarea Vulcano, creada por la administración de Donald Trump en Washington para apoyar la lucha anticorrupción en Centroamérica, colabora con las pesquisas en torno a Luna Meza. A finales de 2021, cuando ya Joe Biden es presidente en Estados Unidos, el Departamento de Estado y el del Tesoro sancionan a Meza y a su madre y los señalan de corrupción. En el San Salvador de Bukele no pasa nada.

El secretario Castro y Muyshondt también hablan, en la reunión de 2020, de Guillermo Gallegos, el diputado cercano a Nayib Bukele al que autoridades estadounidenses llevan investigando desde 2014.

Gallegos es, en 2020, un diputado que lleva 20 años en el Congreso, a donde llegó como representante del partido ARENA, de derecha. Con el tiempo, junto a otros operadores políticos desechados por el conservadurismo tradicional salvadoreño, fundó la Gran Alianza de la Unidad Nacional (GANA). En 2019, tras varios cambios de lealtades políticas, Gallegos y GANA le prestan el partido a Bukele para que corra por la presidencia luego de que este no alcanza a inscribir a tiempo a Nuevas Ideas. Desde entonces, Bukele y Gallegos son buenos amigos.

Sobre Gallegos pesan varios señalamientos públicos, incluso investigaciones de autoridades judiciales salvadoreñas. En 2018 un examen de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la oficina que investiga el crecimiento patrimonial de los funcionarios, determina que Gallegos ha usado de forma irregular unos USD 100,000 y que ha intercambiado dinero con un operador de la banda de narcotraficantes Los Perrones. Dos investigaciones del periódico El Faro revelan, además, que Gallegos cobra viáticos por viajes a España que nunca ha hecho y que ha desviado medio millón de dólares de la Asamblea Legislativa a una ONG de la que su esposa era directora. Cuando Nuevas Ideas, el partido de Bukele, logra mayoría en la Asamblea Legislativa, en febrero de 2021, sus diputados montan una comisión para investigar entrega de fondos legislativos a organizaciones civiles; a las financiadas por Gallegos no las tocan.

Pero el principal problema de Gallegos nunca ha estado en El Salvador, donde siempre salió bien parado de las investigaciones, sino en Estados Unidos. El Buró Federal de Investigaciones sigue la pista del exdiputado salvadoreño desde al menos 2014 por posibles nexos con el narcotráfico. Infobae habló con un agente especial del FBI y con un exdiplomático estadounidense que estuvo estacionado en El Salvador en aquellos años; ambos confirmaron las investigaciones.

En 2020, le dice Muyshondt a Castro, una agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estacionada en San Salvador ha vuelto a hacer preguntas sobre Gallegos y, esta vez, sobre su relación con el recién estrenado presidente Bukele:

“Hay un caso que se está llevando en el SDNY a donde (Guillermo) Gallegos está muy metido… A mí Gallegos me pela (no me importa) …, la cosa es que la que está encargada de la inteligencia aquí de los Estados Unidos está cuestionando el porqué de la amistad de N con Gallegos. Pregunta que por qué, si lo ha hecho socio o lo está encubriendo”, advierte Muyshondt al secretario privado. En un momento, Castro intenta minimizar la relación de Gallegos con Bukele, pero luego acepta que ambos hombres son amigos.

Castro acepta que el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) les ha hecho llegar, a él y a Bukele, un informe en el que hay información comprometedora para Gallegos. El secretario da a entender que no hicieron algo al respecto. “En campaña… a nosotros la OIE nos daba un reporte, pero palomísima (impresionante) en donde estaban movimientos de las cuentas en el exterior… Y todavía me acuerdo (de) que le digo yo… Mirá… y qué hacemos con esta mierda… Nada, ahí dejémoslo, que sigan buscando, nos vale verga (no nos importa)”, dice el secretario.

Muyshondt es bastante vocal sobre su preocupación respecto a Guillermo Gallegos. La misma advertencia que lleva a la oficina de Ernesto Castro la repite, palabras más palabras menos, en otras reuniones con funcionarios cercanos a Bukele. Se lo dice a Ibrajim Bukele, hermano del presidente y su principal asesor económico y comercial, y a Xavier Zablah, primo de Nayib y presidente del oficialista partido Nuevas Ideas. Ambos escuchan y optan por guardar silencio.

Esta es parte de una de las conversaciones con Zablah que Muyshondt ha grabado en su teléfono celular:

–Alejandro Muyshondt: “Ojalá aquel (Bukele) vaya marcando su distancia (de Gallegos), porque eso nos va a traer un costo político bien grande…”.

–Xavier Zablah: “Lo sé.”.

-AM: “Mirá, los gringos le tienen a Gallegos un vergo de mierdas, tanto así que en el USDNY (fiscalía del distrito sur de Nueva York) tiene un expediente grande… Lo están haciendo ‘jayanamente’ (descaradamente), están desembarcando en San Juan La Herradura (en la costa salvadoreña) …Cuando incautaron USD 1.2 millones en droga, quién fue el que saltó, Gallegos saltó y le habló al chele (Mauricio) Arriaza (Chicas, director de la Policía), amenazando con destituirlo…”.

-XZ: “Mirá, yo de esos temas, cabrón…”.

Un alto jefe policial que ha colaborado en el pasado con Mauricio Arriaza Chicas, el director de la Policía fallecido el 8 de septiembre pasado en un accidente de helicóptero, confirma que, en al menos dos ocasiones, Gallegos llama a Arriaza y que, en una de ellas, se refiere a un decomiso de drogas.

Conversaciones y mensajes de texto compartidos con uno de sus colaboradores revelan que desde al menos mediados de 2020 el asesor de seguridad se entrevista con agentes del Departamento de Justicia asignados a la Fuerza de Tarea Vulcano, una unidad especial creada por el gobierno estadounidense para apoyar el combate a la corrupción y el narcotráfico en Centroamérica, a veces fuera del país. Dos oficiales que trabajan con el gobierno de Joe Biden en Washington confirman esta relación, así como un ex miembro del Ministerio Público salvadoreño que estuvo en contacto con Vulcano.

Cuando en agosto de 2020 se reúne con Ernesto Castro, el secretario privado de Nayib Bukele encomienda una misión particular a Alejandro Muyshondt. Le pide montar una oficina de espionaje político, un centro de inteligencia le llama Castro.

La idea toma forma en dos reuniones. En la primera, donde también se ha hablado del diputado Gallegos, Castro explora la posibilidad de que el asesor de seguridad nacional monte, desde su oficina, una operación clandestina para obtener información de personas de interés. Le pide que, en el corto plazo, le entregue un proyecto. Así empieza aquella plática:

–Ernesto Castro: “¿Vos estás haciendo trabajo de inteligencia?”.

–Alejandro Muyshondt: “Sí, aunque no se me asigne pero sí. De hecho es uno de los temas que quiero tocar con vos…”.

Cuando la conversación ocurre, ya entrado el segundo año de Nayib Bukele al frente del Órgano Ejecutivo, el presidente gobierna sin correlación política en el Legislativo. Bukele no ha salido mal parado del coronavirus: el presidente ha sido uno de los primeros en cerrar su país, en marzo de 2020, también ha construido un hospital exclusivo para atender a afectados por la enfermedad, y ha emprendido una política de vacunación eficiente. Luego, el Banco Mundial dirá que Bukele ocultó la cifra real de fallecidos y los medios locales publicarán investigaciones cuestionando la efectividad del hospital para el coronavirus. Pero eso será luego. Ahora, los hombres de Bukele están por enfrentar la primera elección legislativa y quieren ganar mayoría en la Asamblea. El secretario privado del presidente quiere más información. Eso le pide a Alejandro Muyshondt. Así sigue la conversación:

-Ernesto Castro: “¿Y cómo hacemos para poner una inteligencia política?

-Alejandro Muyshondt: Se puede pero sin ponerla…

-EC: Mmmjm.

-AM: No lo podés hacer oficial, ¿verdad?

-EC: No.

-AM: Ahora, yo te digo, serían servicios clandestinos.

-EC: Paletas de chocolate y de vainilla… ¿Podrías hacer vos un proyectito chiquito? Cuando te digo chiquito es chiquito de un par de gentes, ¿verdad? Y si vemos que esta mierda nos está tirando información y vale la pena…

Lo siguiente es que Castro pide a Muyshondt una reunión pronto para revisar el proyecto y tomar decisión. Quedan para reunirse una semana después y así lo hacen. El asesor de seguridad nacional llega al segundo encuentro acompañado de Raúl Torres, ingeniero informático y su hombre de confianza. Los dos hombres entran al despacho de Ernesto Castro. Muyshondt, como lo hizo en la ocasión anterior, lleva la grabadora de su celular encendido.

Al entrar, Muyshondt presenta a Torres y ofrece una breve hoja de vida de su asistente. Torres fue, dice el asesor, quien le ayudó a tumbar en 2019 el sitio de Revista Factum, el medio que en septiembre de aquel año reveló que Nayib Bukele había recibido USD 1.9 millones de Alba Petróleos al inicio de su carrera política, cuando era alcalde de Nuevo Cuscatlán. Alba Petróleos es la filial salvadoreña de Petróleos de Venezuela (PDVSA), un conglomerado de empresas a través de las que, de acuerdo con fiscales estadounidenses y salvadoreños, se lavaron millones de dólares.

En la plática con Ernesto Castro, Muyshondt dice que hacer lo mismo con periódicos más grandes, como El Diario de Hoy o La Prensa Gráfica, es más difícil. El secretario privado aclara que eso no es lo que le interesa, sino escuchar a periodistas específicos. Aquí parte de la conversación:

–Ernesto Castro: “A nosotros nos vale verga (no nos importa) ‘hackear’ El Diario de Hoy”.

–Alejandro Muyshondt: “Pero se puede…”.

-EC: “Nosotros lo que queremos es intervenir a (Jorge) Beltrán Luna, que es completamente diferente… Ehhh… Nosotros ni bajar El Faro… Todo eso son como picardías, ¿verdad? Jodamos a estos y los tenemos una semana, yo qué sé… Pero lo interesante es intervenir a… a Carlos Dada… a esos…” (Jorge Beltrán Luna es reportero del periódico El Diario de Hoy, uno de los más influyentes del país, y Carlos Dada es el director de El Faro, el medio digital más antiguo de El Salvador, multipremiado en América Latina, Estados Unidos y Europa por su periodismo de profundidad).

-AM: “Pero eso está fácil”.

-EC: “Vaya, hagámoslo, pues…”.

Carlos Dada, el director de El Faro y uno de los objetivos señalados por Castro, dijo a Infobae que “es gravísimo que el secretario privado de la presidencia ordene intervenir las comunicaciones de periodistas, pero no es un caso aislado ni nuevo, las intervenciones con Pegasus son otro ejemplo. Lamentablemente estamos normalizando la persecución del régimen contra toda voz crítica y la total impunidad con que actúan estos funcionarios”.

Antes, en la conversación, ha sido Raúl Torres el que ha perfilado de qué se encargará la oficina de espionaje político, a la que Muyshondt deja bautizada como proyecto C815. Ha explicado a Castro que el primer paso será intentar ingresar a los dispositivos electrónicos y cuentas de correo de los sujetos de interés a través de un método conocido como “phishing”, que consiste en enviar enlaces engañosos para que quien los abra dé acceso, sin quererlo, a su información.

Torres también ha expuesto los objetivos. La información que recolecten, ha dicho en la reunión, servirá para “armar campañas”, para “cortar” el contacto de los periodistas con sus fuentes y para “saber cuándo se esté armando un reportaje”. El gran problema que tiene el gobierno, apunta Torres, es la “filtración” de documentos.

Antes de dar por terminada la plática, y de que Muyshondt y Castro hayan revisado algunos detalles sobre posibles contrataciones y necesidades administrativas del proyecto, el secretario privado vuelve al objetivo central de esta idea: darle a Nayib Bukele información de periodistas y opositores, recabada de forma ilegal, que pueda tener utilidad política para el presidente. De paso, Castro lanza su propia crítica a la oficina estatal de inteligencia, el OIE, del cual dice que ha perdido el foco al embarcarse en recabar información sobre personas que, se supone, son aliados del gobierno y de casa presidencial.

“Vale verga… Nuestros malos que sean nuestros malos, ahí vemos después estos hijos de puta cómo salimos de ellos, pero los que nos quieren hacer mierda son los de afuera. Lo que tenemos que ver es lo que hace Neto Muyshondt (entonces alcalde de San Salvador por el partido ARENA, de oposición, primo de Alejandro y quien lleva más de tres años preso) … Lo que tenemos que ver es lo que haga un Norman Quijano (exalcalde de San Salvador por ARENA, acusado por supuestos pactos con las pandillas y prófugo), un Rodolfo Parker (entonces diputado opositor) … Al hacer esto podemos tener muchos elementos para tener contento al hombre, son cosas que el hombre necesita”, cierra Ernesto Castro.

El camino que lleva a Alejandro Muyshondt hasta la tumba inicia mucho antes de su arresto. Él ya sospechaba, en 2020, que la información que él tenía podía condenarlo.

“Me quieren quebrar el culo y lo peor es que es gente de mi bando”, dice Muyshondt a uno de sus colaboradores en mensajes de WhatsApp. “Uno nunca sabe. Miedo a morir no tengo. Pero si me joden… quien se va a estar cagando de la risa en su tumba soy yo”, escribe el 14 de febrero de 2020. Los mensajes son una premonición de su arresto y muerte tres años después.

Tras todas las denuncias de corrupción que ha hecho, algunas de las cuales llegan a ser públicas durante la primera mitad de 2023, Alejandro Muyshondt es arrestado el 9 de agosto; pesa 205 libras y parece un hombre sano cuando lo detienen.

Es llevado a una delegación policial donde recibe la visita de un oficial de la PNC señalado por maltratos y torturas y de ahí va a parar, con un traumatismo craneano y sin capacidad de valerse por sí mismo, a un hospital público. En febrero de 2024, Alejandro Muyshondt, el hombre robusto que ha sido detenido en medio de una trama política que involucra al presidente Nayib Bukele y a varios de sus colaboradores más cercanos, es un cadáver maltrecho en una bolsa que apenas pesa.

“Vi el cadáver. Me impresionó todo. La delgadez de su cuerpo, múltiples punciones, moretones, suturas por doquier. La cirugía en su cráneo. Parte de su cerebro hueco. Su nariz, que no era así. Verle moretones en su boca, sus pies. Sus costillas. Todo. Parecía sacado de una película de terror”, cuenta una allegada.

Es muy temprano cuando, el 8 de febrero de 2024, la familia tiene las primeras sospechas fuertes de que Alejandro ha fallecido. Se cercioran de que algo terrible ha pasado cuando llegan a la morgue del Instituto de Medicina Legal en San Salvador, donde ven una costura tosca que cruza el cráneo de Alejandro. También ven decenas de punciones en los brazos. Costurones de autopsia cruzando el pecho, el cuello. Hay también moretones. Y, a la vista, huesos fracturados. A la familia no le entregan resultados de autopsia a pesar de que al cadáver le han sacado algunos órganos. Como única explicación de ese cuerpo maltrecho, el Estado salvadoreño entrega dos actas de defunción; dos documentos que se contradicen.

En una de las actas, la firmada por Medicina Legal, dice que Muyshondt ha muerto por edema pulmonar, la misma causa de muerte que las autoridades salvadoreñas atribuyen en la mayoría de las personas que han fallecido bajo sospechas de torturas, malos tratos o negligencia en las cárceles de Nayib Bukele, según un estudio de estas muertes hecho por la organización Cristosal. En la otra esquela, firmada por el doctor Iván Leonardo Salcedo Padilla en el Hospital Saldaña el 7 de febrero de 2023 y asentada en la Alcaldía Municipal de San Salvador el 12 de ese mes, las causas de la muerte son varias: un accidente cerebro vascular, fallo multiorgánico, shock distributivo, entre otras. Esta es una de las contradicciones que las oficinas de Naciones Unidas han pedido al gobierno de El Salvador que explique.

Las contradicciones abundan en el expediente médico y los exámenes de laboratorios practicados a Alejandro Muyshondt mientras ha estado hospitalizado, de los que Infobae tiene copias.

El estado del paciente nunca deja de empeorar en el Hospital Saldaña. En apenas un mes, desde que es ingresado el 27 de septiembre de 2023, la mitad izquierda de su rostro queda paralizada y apenas puede mover sus extremidades izquierdas. Casi todos los días tienen que alimentarlo porque él es incapaz de hacerlo. No se puede bañar solo y está sometido a fisioterapia. Para la segunda semana de octubre los médicos añaden el diagnóstico de afasia, que según literatura médica consultada es “la incapacidad de leer, escribir o articular lenguaje hablado, producida por lesiones varias en el cerebro”.

El diagnóstico inicial con el que Muyshondt es ingresado en el Saldaña refleja eso, una lesión cerebral. Es el primer apunte en el expediente: es referido del Siquiátrico con meningitis, lo que significa que su membrana cerebral está inflamada.

En diciembre de 2023 y enero de 2024, dos médicos escriben notas sobre la responsabilidad última en el tratamiento que recibe el asesor presidencial. El caso, dice en un informe de medicina interna fechado el 19 de enero de 2024, “está siendo manejado por autoridades de este centro y del ministerio de salud”. La nota en poder de este medio está borrosa, pero hay frases claras: “…ya que no se nos informa… y no podemos tomar todas las decisiones”. “Por indicaciones de dirección y subdirección… ya que es privado de libertad, se me informa que no se puede obtener más información de parte de familiares”.

Cuando amanece el martes 7 de noviembre, los médicos anotan cuatro diagnósticos: hipertensión arterial, tumor valvular mitral (corazón), sospecha de cardio infección y accidente cerebrovascular tromboembólico.

Durante dos días, desde el domingo 5, el personal médico ha intentado hacer una Tomografía Axial Computarizada, el examen conocido como TAC, para determinar qué ocurre en el cráneo y cerebro de Muyshondt. Durante 48 horas no pueden hacerlo porque no hay “permiso para movilizarlo”. Cuando finalmente el TAC se realiza y los resultados llegan, el 8 de noviembre, las noticias son alarmantes. El coágulo en el cerebro con el que Alejandro Muyshondt llegó al Hospital Saldaña ha crecido, se ha desplazado y empieza a obstaculizar el flujo del torrente sanguíneo. Los médicos ordenan abrirle el cráneo; la primera operación se realiza ese día.

Es aquí donde, de acuerdo con protocolos médicos y a lo que manda la legislación internacional en casos de detenidos, los médicos del Hospital Saldaña de San Salvador tendrían que haber solicitado permiso al paciente o a su familia para hacer la cirugía. Nada de eso ocurre. En una ocasión, en diciembre de 2023, una enfermera anota que Muyshondt es sometido a una operación “sin consentimiento informado de riesgo y beneficio”.

La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes exige, en sus artículos 10 y 11 que “las decisiones médicas importantes, como cirugías, deben ser comunicadas a los reclusos y, en su caso, a sus familiares”. En total, Muyshondt es sometido a ocho cirugías. De nada de eso es informada la familia.

A las 3:11 p.m. del 7 de febrero de 2024, Jorge Alejandro Muyshondt Álvarez, de 47 años, exasesor de seguridad nacional del presidente Nayib Bukele y alguna vez su amigo, está muerto. El camino que lo ha llevado hasta la cama de hospital en la que murió apenas puede vislumbrarse en las hojas del expediente médico, en los testimonios de personas cercanas a él y de otras que han vivido de cerca lo que ocurrió en sus últimos meses de vida, y en las horas de grabación de sus conversaciones con funcionarios del gobierno. Ese camino puede resumirse así: Muyshondt conoció de cerca la entraña más oscura del gobierno de Bukele, supo de sus corrupciones, fue parte de los equipos que espiaron a opositores y periodistas, y, al final, marginado por el poder del presidente y los suyos y a veces utilizado por ellos, denunció esas corrupciones dentro del mismo grupo y hacia afuera.

El trecho final de su camino hacia la muerte en el Hospital Saldaña había iniciado el día en que un retén de 12 policías, montado para interceptarlo, detuvo su vehículo y lo arrestó. Los agentes se llevaron a Muyshondt a una delegación policial cerca del Estadio Flor Blanca, en el sur de la ciudad capital. Lo trasladaron, de ahí, a la División de Fronteras. Hasta ahí llegó a visitarlo el subinspector de la PNC Roberto Hernández Herrera, alias Chirriplín, un hombre perfilado en la misma policía como espía y torturador.

Lo primero es la ropa ensangrentada y lo que un funcionario del Ejecutivo dice a una pariente de Muyshondt un día después del arresto: “No te preocupés, él ya habló”. La sospecha de tres allegados al asesor de seguridad, quienes accedieron a dar su testimonio desde el anonimato por seguridad, es que a Alejandro Muyshondt le propinan al menos una golpiza entre el 9 de agosto de 2023, día de su captura, y el 11 de agosto, cuando una pariente que llega a intentar verlo en la División de Fronteras de la PNC recibe ropa con salpicaduras de sangre.

Un día antes de que a esta mujer le den esa prenda ensangrentada, el pantalón color verde musgo tipo militar que Muyshondt vestía cuando fue arrestado, un grupo de funcionarios del gobierno, encabezados por el ministro de seguridad pública, Gustavo Villatoro, y el fiscal general Rodolfo Delgado, han allanado la casa en que viven la expareja de Muyshondt y su hija y la de otros familiares en San Salvador, incluida la de su madre.

A la casa de uno de los familiares llegan tres veces, una el 9 de agosto y dos el 10 de agosto. La primera vez aseguran que han arrestado a Alejandro para protegerlo y que todo se resolverá pronto. Dicen que ya personas cercanas al asesor han dado al gobierno la información que buscan. “Lo hemos agarrado porque lo queremos proteger. Va a estar mejor guardado”, se supone que dijo uno de los funcionarios.

La segunda vez, de acuerdo con los testimonios recogidos, no son tan amables. El funcionario a cargo amenaza a los familiares con meterlos presos. En la segunda visita del 10 de agosto es cuando dicen que ya Alejandro Muyshondt ha hablado. La idea de la familia, después de eso, es que Muyshondt será liberado pronto. El mismo Alejandro le ha dicho a una enfermera, quien luego lo comunica a uno de los familiares, que “pronto” estaría libre. Eso no ocurre.

La familia nunca ve a Muyshondt mientras está detenido. Los testimonios de algunos funcionarios que estuvieron en contacto con Muyshondt y de sus allegados, recogidos durante seis meses por este medio, han permitido reconstruir, al menos, algunos de los sucesos más relevantes entre el día del arresto y el ingreso al Hospital Nacional Saldaña.

Días después del arresto y los primeros interrogatorios, mientras está en la División de Fronteras de la PNC en San Salvador, Alejandro Muyshondt recibe suero, según cuenta un oficial de la Policía. Un empleado público le dice a la madre del detenido que durante un tiempo, al menos hasta el 29 de agosto, una ambulancia y un médico lo visitan “a diario”.

El 13 de agosto, de acuerdo con uno de los parientes consultados, de la División de Fronteras mandan un mensaje a la familia para que lleven a Muyshondt los depósitos necesarios para recolectar orina y heces que luego deben de llevar a un laboratorio. También piden a los parientes que compren Nebaderm, un antibiótico.

A través de empleados policiales, los allegados hacen llegar paquetes de comida resguardados en cajas desechables. Ahí, en esos depósitos, le escriben con bolígrafo mensajes de ánimo a la par de la lista de la comida que le entregan. Alejandro Muyshondt escribe en una de esas cajitas una pista de lo que está pasando en el recinto policial en el que guarda prisión desde el 9 de agosto de 2023: “Todo mal, Chirriplín”.

“Chirriplín” es el alias del subinspector Carlos Roberto Hernández Ramírez, un oficial de la Policía Nacional Civil que el gobierno ha asignado como enlace entre la dirección policial y la Asamblea Legislativa, donde trabaja bajo las órdenes de Ernesto Castro, presidente del congreso y exsecretario privado del presidente Nayib Bukele. Hernández Ramírez ha sido asociado con torturas en un informe confidencial del Centro de Inteligencia Policial del que Infobae tiene copia.

Es después de una de las visitas del subinspector conocido como Chirriplín, en septiembre de 2023 y luego de que su familia recibe una prenda de ropa ensangrentada que Alejandro Muyshondt es admitido por primera vez en el Hospital Nacional Siquiátrico en Soyapango. Unos días después, Muyshondt entra al Hospital Saldaña, el lugar del que su cadáver sin una parte del cerebro, con huesos y la nariz rotos y con un costurón tosco que le atraviesa el cráneo, sale en una bolsa de plástico.