La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, informó que la semana pasada se dictó una sentencia condenatoria contra dos exfuncionarias públicas del Centro de Reintegración Social Trinidad Peralta, quienes fueron encontradas culpables de los delitos de corrupción de menores y proxenetismo.
Fuente: La Voz de Tarija
Este caso, que fue denunciado el año pasado, ha sido objeto de un largo proceso judicial y concluyó con la condena de las acusadas Janeth Cortez Gareca y Melida Mamani Choque.
Gutiérrez explicó que las investigaciones comenzaron tras una denuncia interpuesta contra las funcionarias por su presunta implicación en actos ilícitos dentro del centro de reintegración social. Durante meses, el caso cobró notoriedad en los medios de comunicación, especialmente después de que la hija de una de las acusadas apareciera en diversas plataformas mediáticas. «Este es el caso que ha iniciado con el Ministerio Público, y que ha concluido con una acusación después de haber presentado todos los alegatos», detalló la fiscal.
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El Tribunal de Sentencia Primera de Tarija llevó a cabo un exhaustivo análisis de las pruebas presentadas tanto por la Fiscalía como por la defensa. Finalmente, tras un juicio que se prolongó por meses, los jueces determinaron que existía evidencia suficiente para condenar a las acusadas. Janeth Cortez Gareca fue sentenciada a 14 años de prisión por los delitos de corrupción de menores y proxenetismo. Su pena deberá ser cumplida en el penal de Morros Blancos. «Se ha dictado una sentencia condenatoria… con una pena de 14 años a cumplirse en el penal de Morros Blancos», señaló Gutiérrez.
Por su parte, Melida Mamani Choque también fue condenada en el mismo proceso judicial. Si bien fue absuelta del cargo de proxenetismo, los jueces la encontraron culpable del delito de corrupción de menores, imponiéndole una pena de 12 años de prisión. Al igual que Cortez, Mamani cumplirá su condena en el penal de Morros Blancos. «Dentro de este caso se encontraba otra persona investigada que responde al nombre de Melida Mamani Choque quien fue acusada y condenada por el delito de corrupción de menores con una pena de 12 años», afirmó la fiscal.
Este caso ha generado conmoción en la opinión pública de Tarija, dado que las involucradas eran funcionarias públicas que tenían la responsabilidad de velar por el bienestar de menores en situación de vulnerabilidad. Los delitos por los que fueron sentenciadas, corrupción de menores y proxenetismo, han sido severamente condenados por las autoridades locales y nacionales, quienes reiteraron su compromiso de proteger a los menores y castigar con firmeza a quienes se aprovechan de ellos.
El centro de reintegración social Trinidad Peralta, donde ocurrieron los hechos, está diseñado para ofrecer apoyo y protección a menores en situaciones difíciles. Sin embargo, según la acusación, las exfuncionarias aprovecharon su posición para facilitar actos de corrupción de menores, lo que derivó en la condena de ambas.
La fiscal Gutiérrez destacó la importancia de esta sentencia como un claro mensaje de que no se tolerará la corrupción en el sistema de protección a menores. «Este fallo demuestra el compromiso del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción y la protección de los más vulnerables. No podemos permitir que quienes tienen la responsabilidad de cuidar y proteger a los menores se aprovechen de su posición para cometer estos delitos», enfatizó.
Además, la Fiscalía ha asegurado que continuará realizando investigaciones en otros centros de reintegración social y programas de protección de menores, para garantizar que no ocurran más casos similares. Según fuentes del Ministerio Público, se han implementado nuevas medidas de control y auditoría en estos centros, con el fin de prevenir y detectar cualquier actividad ilícita o de explotación.
El proceso judicial que llevó a las condenas de Cortez y Mamani ha sido un largo camino, con múltiples audiencias y la presentación de testimonios que impactaron en el veredicto final. A pesar de los intentos de la defensa de ambas acusadas por desacreditar las pruebas, el Tribunal encontró que las evidencias eran concluyentes. La fiscal Gutiérrez también indicó que, tras el fallo, la Fiscalía continuará vigilando la ejecución de las penas impuestas para asegurar que se cumplan en su totalidad.
Con esta sentencia, las autoridades judiciales esperan que se envíe un fuerte mensaje a aquellos que intenten abusar de su poder en detrimento de los derechos de los menores. La sociedad tarijeña ha mostrado su apoyo a las acciones emprendidas por la Fiscalía y las fuerzas del orden para erradicar la corrupción en instituciones tan sensibles como los centros de reintegración social.
Este caso concluye con un hito importante en la justicia tarijeña, y marca un precedente en la lucha contra la corrupción y el proxenetismo, delitos que afectan gravemente a la sociedad y, en especial, a los sectores más vulnerables, como lo son los menores de edad en riesgo social.